Ante diversos medios de comunicación en la capital de Honduras, Stork destacó el derecho que tienen los comunicadores y las comunicadoras a informar con responsabilidad y con un alto compromiso ético: “…tienen derecho a comunicar lo que quieran y deban contar y que puede orientar a la ciudadanía”, expresó.

A juicio del diplomático, le parece bien que exista libertad de expresión y su ejercicio en la ciudadanía, pero en el caso de los periodistas mencionó que “uno no puede interponer reglas al trabajo de los periodistas, lo importante es que cuando se hagan denuncias se tengan las pruebas para demostrar que lo que se denuncia sea verdad”.

En la misma línea de la opinión de Edo Stork, el espacio editorial de Radio Progreso “Nuestra Palabra” hace énfasis en la garantía de expresarse libremente, sin embargo hace una seria crítica al pretender ejercer acciones penales por parte de quienes se sienten afectados “por sus excesos”.

Acciones como la querella, la injuria, calumnia y la difamación son utilizadas con el objetivo de frenar un uso excesivo de parte de la ciudadanía y de los y las periodistas y comunicadores sociales, afirmó el comentario editorial “Lecciones básicas sobre libertad de expresión”.

Estas acciones, contempladas en la normativa penal vigente, son contradictorias, por ende son incompatibles con la Convención Americana sobre derechos Humanos porque lesiona precisamente lo contentivo a la garantía de la libre expresión, se argumentó.

“En primer lugar, tanto la tipificación como la penalización de la injuria, la calumnia y la difamación no son necesarias en una sociedad democrática; en segundo lugar, son desproporcionadas; y en tercer lugar, constituyen un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión” señaló Radio Progreso.

La investigación, a un paso de la prisión

El investigar forma parte del cuerpo informativo que presenta un periodista a su público. Un tema de interés, acompañado de datos, cifras, declaraciones de personalidades con conocimientos en el área, es el platillo fuerte para presentar un trabajo orientador y esclarecedor a la opinión públicavde lo que hasta ese momento era desconocido.

Sin embargo, este rol fundamental en el desarrollo del buen periodismo está cercado por las redes de los grupos de poder que tienen intereses sobre todo cuando se investiga sobre lo público.

Periodistas y comunicadores sociales que han utilizado esta herramienta para dar a conocer el acontecer del accionar de la función de un gobierno o para revelar supuestos actos de corrupción e incluso el atender la denuncia ciudadana, han sido objeto de atentados contra su vida, lo cual les ha obligado a la autocensura hacia su trabajo y en el peor de los casos , pasan a formar parte de las estadísticas de asesinatos en el país.

Julio Ernesto Alvarado es un ejemplo claro de esta situación. En el año 2006, en su Noticiero “Mi Nación”, el cual se transmitía por un canal de televisión diferente al actual (Globo TV), prestó su espacio para que un grupo de docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hiciera una denuncia pública referente a un tráfico de notas que se realizaba en esta unidad académica y que vinculaba directamente a una de las candidatas a la Secretaria del Decanato de la misma, Belinda Flores de Mendoza.

Ante esta situación, la hoy decana estableció una querella contra el periodista, por lo que en diciembre de 2014, ocho años después del hecho, fue sentenciado a una pena  de reclusión de 16 meses y la inhabilitación como profesional de la comunicación.

Actualmente, Alvarado goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obtenidas gracias a la labor de acompañamiento por parte de la Iniciativa “Periodismo y Democracia” , Pen Honduras y Pen Internacional.

Según cifras del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un total de 52 periodistas desde 2003 a la fecha han muerto en el ejercicio de su profesión. De estos crímenes  51, es decir el 91 por ciento de los casos, está en la impunidad.

Desde este año, uno de los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas a su trabajo es Radio Globo y Globo TV, cuyos periodistas sufren amenazas y hostigamientos, y otros han sido asesinados.

Se suma a ello que la pauta publicitaria gubernamental  ha sido suspendida tanto a la radio como a la estación televisora en estos últimos meses. Esto, por la revelación de actos de corrupción contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) bajo la administración del director de esa dependencia  Mario Zelaya y una vinculación del actual mandatario, quien se señala desvió fondos millonarios para su campaña política del 2013.

De acuerdo con una investigación realizada por Reporteros sin Fronteras, titulada “Entre crímenes, amenazas, acosos y más, los periodistas de Radio Globo y Globo TV transmiten la información”, presentado en mayo de este año, evidencia que la labor de información que brindan estos medios de comunicación es obstaculizada por parte de quien ejerce el control del gobierno de la república.

El actual gobierno de Juan Orlando Hernández es catalogado por la organización defensora de la libertad de expresión con sede en París, como un jefe de Estado “que amenaza públicamente a los periodistas”.  En la clasificación de la libertad de expresión que realiza Reporteros sin Fronteras, Honduras se encuentra en la posición 132 de 180 países, evidenciando la situación de alto riesgo en la que se encuentra el ejercicio periodístico en esta nación centroamericana.