La penalización de los delitos que atenten contra la imagen, en especial la de un funcionario público, ha creado un panorama hostil en contra de los y las periodistas y comunicadores sociales, así como de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes forman el blanco perfecto del silencio que imponen los administradores del gobierno hondureño.

El estamento jurídico en el país tiene la finalidad de garantizar los derechos de la ciudadanía, sin embargo el mismo presenta una serie de contradicciones que dejan en indefensión a los unos por favorecer a los otros.

Para el caso, en materia de libertad de expresión la Constitución de la República en su artículo 72 garantiza el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y contempla penalizar a quienes atenten contra este derecho. Igualmente se incluye el derecho al honor en su artículo 76.

Sin embargo, cuando la misma ley primaria enuncia el goce de una gama de derechos a nivel individual y colectivo, no siempre se tiene el cumplimiento de los mismos, ya que a la hora de sopesar en la balanza de la Diosa Temis, los funcionarios públicos y personas acobijadas a los grupos de poder político y económico en nuestro país, tienen primacía al momento de sentirse supuestamente vulneradas en sus derechos.

El Código Penal vigente establece desde el artículo 155 al 167 todo el abordaje hacia los delitos contentivos de injuria, calumnia y difamación. Sin embargo no se establece el procedimiento cuando se abuse por parte de los funcionarios públicos de estos enunciados.

Ejemplo actuales son las sentencias en contra de la reconocida defensora de derechos humanos Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” ,  quien en el mes de marzo de este año,  fue condenada a un año y seis meses de prisión , producto de una querella interpuesta en el año 2010 por el director del Fundación para el Desarrollo de la Vivienda, (FUNDEVI),  Juan Carlos Reyes.

Reyes querelló a Lanza al ser mencionado como responsable de acoso sexual y laboral en contra de Lesbia Pacheco, una ex empleada de FUNDEVI y quien interpuso la denuncia ante la organización de defensa de las mujeres.Ejemplo actuales son las sentencias en contra de la reconocida defensora de derechos humanos Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” ,  quien en el mes de marzo de este año,  fue condenada a un año y seis meses de prisión , producto de una querella interpuesta en el año 2010 por el director del Fundación para el Desarrollo de la Vivienda, (FUNDEVI),  Juan Carlos Reyes.

De igual forma, el periodista Julio Ernesto Alvarado, fue condenado en el año 2013 a 16 meses de prisión, e igual tiempo de inhabilitación en el ejercicio de la profesión, por una querella presentada por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Belinda Flores de Mendoza.

Alvarado prestó su espacio para que un grupo de docentes denunciara a Flores de Mendoza por

tráfico de notas que ocurrió cuando ella fungía como secretaria del decanato en mención., según los denunciantes.

Contrario a la lógica de “igualdad en los derechos para todos y todas”, en una conferencia de prensa, el entonces director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), Mario Zelaya, increpó al periodista de Globo TV Cesar Silva y lo acusó de quererlo chantajear dado que el comunicador le preguntaba sobre el supuesto excesivo costo de unas ambulancias adquiridas durante la gestión del funcionario. Silva procedió a querellar a Zelaya por sentirse difamado al colocarlo como un corrupto, pero hasta el sol de hoy no se le ha dado trámite a su acción.

El ex director del IHSS fue capturado en septiembre de 2014 y encontrado culpable por una serie de delitos, entre los cuales destacan  malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con la función pública.Cesar Silva fue curiosamente el primer periodista en denunciar este caso y con ello comenzó una persecución en su contra.

Voces hondureñas opinan sobre control del poder con procesos de la injuria y calumnia

Es en este escenario en donde ya se habla casi a gritos en el continente, sobre la despenalización de los delitos contra el honor, dado el abuso que persiste desde el poder gubernamental en contra de quienes ejercen control sobre su accionar.

Dos voces desde sus respectivas profesiones comentaron a pasosdeanimalgrande.com su opinión acerca de que actualmente en Honduras se hable de la injuria y calumnia como delitos penales, incluso de un derecho como a la protesta social como “delito” y no como ejercicio de sus derechos por el pueblo.

Una de ellas es la del periodista independiente Ronnie Huete, quien desde su exilio forzado producto de la poca oportunidad para quienes ejercen el periodismo sin línea oficialista, se pronunció al respecto y evaluó la situación de libertad de expresión en nuestro país.

Este periodista sufrió amenazas de muerte en el marco del golpe de Estado de junio de 2009 debido a su labor de difundir en redes de prensa a nivel internacional y sus fotografías de cada acción represora en el clima de violación a los derechos que se vivía y vive en contra la población que se pronunció contra la toma violenta del poder por parte del dictador Roberto Micheletti y  las Fuerzas Armadas con el apoyo de  la empresa privada y los Estados Unidos.

Huete afirmó que los tres poderes del Estado son los menos interesados en mantener un clima de fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. “Son ellos quienes están ligados a la corrupción que impera en el país, son ellos quienes están ligados a la violación constante de los derechos humanos”.

Destacó que quienes manejan los asuntos referentes al gobierno y el sistema jurídico es una “clase oligopólica”, representada por al menos cinco familias y quienes ejercen control sobre medios de comunicación, empresas y el sistema político en Honduras.

Asimismo señaló que el mantener bajo la tutela penal estas figuras y sumada la criminalización hoy de la protesta social es una muestra de ataque directamente a periodistas, defensores y defensoras del ambiente, de la tierra, de los pueblos originarios y afrodescendientes. Son estos grupos a criterio del comunicador, quienes protestan  por medio de canales de expresión como las radios comunitarias, cadenas de prensa internacionales y el uso del internet, la difusión de sus ideas.

“Ahora fácilmente con la consolidación de la protesta como delito y sumado lo anterior, podrán meter preso a alguien que proteste sin distinción. Puede ser un abogado, un campesino, una mujer o un periodista y esto viene a generar vulnerabilidad de quienes estén dentro de estos grupos”.

Por su parte, el abogado y escritor Juan Carlos Zelaya es del criterio que el monitoreo ciudadano hacia la labor de un funcionario público no debe ser conculcado ni mucho menos ser sometido a intereses y con ello escudarse en la injuria y la calumnia.

“No debe de existir limitaciones por parte del Estado para expresar el comportamiento de un funcionario público, es el Estado el obligado a comprobar si este funcionario tiene un mal actuar, nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tenemos los mecanismos para probarlo ante un sistema de justicia coludido con el poder mismo”.

En referencia al hecho de que en varios países se contemple la derivaración de estos delitos a la vía civil y no penal, el profesional del derecho se refirió a que  el Estado cada día presenta obstáculos producto de una estrategia para silenciar la oposición y la de utilización  de  mecanismos del Estado para garantizar la impunidad y “para tenernos en un cerco mediático de propaganda oficial de decirnos que todo está bien”.

Zelaya es en la actualidad un perseguido por quienes controlan el sistema judicial del país, ya que hace unos días fue suspendido de su cargo como juez en el departamento de Comayagua por ser parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), misma que ha denunciado en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil la intromisión del Partido Nacional en la elección de magistrados al Poder Judicial.

Estado le da la espalda a las recomendaciones del EPU 2015

Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se incrementó el clima de represión al trabajo de los comunicadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, específicamente en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

Honduras ha sido sometida a dos revisiones, una en 2010 y la última en mayo de 2015, sobre la situación de derechos humanos, a través del Examen Periódico Universal, (EPU), realizado por el Consejo de Derechos Humanos, adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la última revisión del EPU 2015, se contemplan recomendaciones que llevan a la defensa de la libre expresión. Por ejemplo Australia recomendó “asegurar la libertad de expresión y tomar pasos para eliminar las amenazas y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

Sin embargo, el gobierno continúa examinando la implementación una serie de recomendaciones, curiosamente una de ellas es la formulada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la cual dice: “Modificar la legislación nacional para despenalizar la difamación y la calumnia y convertirlos en materias reguladas por las normas de derecho civil establecidos por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana (CIDH)”.

A manera de aporte, PEN Internacional, PEN Canadá y el Programa Internacional de derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Facultad de Derecho (IHRP), presentaron un informe en el marco de 22ª sesión del Grupo de Trabajo de la presentación del EPU a  Honduras, en las cuales destacan una serie de apartados que destacan el clima de libertad de expresión, entre los cuales se aborda Las leyes y prácticas que afectan el derecho a la libertad de expresión, incluido el Acceso a la Información, Vigilancia, Difamación Penal y los Derechos Culturales.

El punto número 67 del citado informe, menciona que la normativa penal hondureña contempla penas de hasta cinco años de prisión. En el año 2012, de 37 casos constitutivos de querella por ambos delitos, 20 fueron desestimados. Sin embargo el informe denuncia que desde aquel momento “las amenazas de encarcelamiento siguen existiendo, incluidas aquellas dirigidas a los periodistas, contra los que tales demandas por difamación criminal a veces se llevan a cabo con el objetivo de silenciarlos”.

Congreso Nacional cabildea penalizar el derecho a la protesta

Por si todo lo anterior fuera poco, a finales del recién pasado mes de agosto, en la sede del Poder Legislativo se comenzó a discutir una serie de reformas al Código Penal, vigente desde 1906. Lo grave de estas discusiones es que la bancada del oficialista Partido Nacional, introdujo la penalización de la protesta ciudadana.

Según declaraciones de Mario Pérez, diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Dictamen de este anteproyecto de ley, serán penalizadas “la obstaculización de vías públicas, la toma de edificios estatales y de carreteras”.

Este anteproyecto discutido desde este poder del Estado contrasta con las acciones de la ciudadanía agrupadas en el movimiento de los indignados e indignadas contra la corrupción, a través de las cuales demandan  la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, (CICIH),  efectividad de los operadores de justicia en el caso del saqueo del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por más de siete mil millones de dólares, que según denuncias el dinero fue a parar a las cuentas del Partido Nacional durante la campaña electoral del año 2013. Esas demandas son reiteradas  desde una serie de movilizaciones que se han desarrollado en los últimos 14 viernes de este año.

El parlamentario aduciendo que este tipo de acciones en realidad son delitos, aseguró que “ya no quedarán en la impunidad y se contempla un capítulo de delitos contra la paz y tranquilidad pública; entonces podría ser que ahí se encaje alguna figura”.

Conociendo el panorama sobre el ejercicio de libertad de expresión, como función colectiva, es decir el ejercicio ciudadano por medio de la protesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “La protesta social ¿un derecho en las Américas?” establece que un Estado se vuelve renuente a la proliferación de opiniones y acciones de los ciudadanos y ciudadanas y recurre a limitaciones a este derecho.

“Para censurar a sus opositores, los gobiernos, cuya legitimidad o decisiones políticas son públicamente discutidas en manifestaciones populares, recurren a veces supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público, a las derogaciones justificadas por un peligro público excepcional”, cita el informe.

En ese sentido, el abogado Juan Carlos Zelaya expresó que este tipo de medidas son parte de una transformación hacia un “Estado policial y perseguidor de quienes protestan”. “El derecho es una ciencia que se utiliza desde la clase dominante en contra de los oprimidos, y se puede ver cuando la maquinaria del Partido Nacional se presta para crear y aprobar leyes de este tipo” mencionó.

El profesional del derecho acotó que lo que logra un Estado represor con estas acciones de criminalización es sentar un ambiente de estigma hacia la persona que protesta “es un vago, un delincuente” procede a procesarla  y con ello se muestra a la sociedad como ejemplo de miedo para reducir el ejercicio ciudadano a estar en contra de las políticas de su gobernante.“Es una aberración que hoy se hable de una movilización ilícita” dijo Zelaya.

Con dos sentencias en contra de quienes en sus diferentes profesiones hacen uso para denunciar los abusos cometidos del poder, sumada esta iniciativa de reformar al Código Penal sin una amplia participación ciudadana, el gobierno hondureño se muestra renuente a despenalizar los delitos de injuria y calumnia y con ello deja en agonía la garantía de la libre expresión en el país.