Contexto (991)
Las rotaciones del personal en algunas postas policiales que retrasa la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica, las conciliaciones por violencia en los juzgados, la falta de registro y errores en la tramitación de los procedimientos que deben garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, son solo la puerta de entrada para la repetición de los hechos y la impunidad en que se mueven los agresores, en el Sur de Honduras.
Los partidos políticos al igual que las entidades gubernamentales, no cuentan con credibilidad, ni prestigio, en especial el Partido Nacional que fue descalificado en un 86 por ciento. Mientras que un 65 por ciento le sigue apostando a la MACCIH, según la primera encuesta de percepción ciudadana sobre la corrupción y el papel de la MACCIH en Honduras, realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Abogados de las organizaciones campesinas Vía Campesina Honduras, Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC y Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad este 13 de noviembre de 2019, contra el Decreto Ejecutivo 052-2019 que otorga a las Fuerzas Armadas de Honduras, el manejo completo del agro hondureño, lo que constituye una usurpación de las funciones de las instituciones agrícolas del país, según lo expusieron en los argumentos.
Estados Unidos y sus alianzas con oligarquías de América Latina para derrocar gobiernos que le estorban, han utilizado a lo largo de la historia estrategias sangrientas de dominación contra países que no siguen sus líneas de sometimiento, eso le pasó a Bolivia, donde su presidente Evo Morales fue obligado a salir del poder la semana pasada.
Pero el acceso a la justicia para las mujeres está lejos de conseguirse debido a la falta de importancia que el Estado de Honduras le da a este grave problema, que diezma al sector que ocupa más del 52 por ciento de la población de este país centroamericano.
Abogados de los defensores de Guapinol presentaron un tercer Hábeas Córpus este 28 de octubre de 2019, para que sean trasladados de la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” a una prisión en Olanchito, en el departamento der Yoro, pero el Instituto Nacional Penitenciario a través del subdirector German Mcneil, se resiste a cumplir las disposiciones de un juez.
El Comité de la Diversidad Sexual en Honduras demandó en una conferencia de prensa este 24 de octubre de 2019, respeto a sus derechos y exigió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, que realice las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGTB en relación a al derecho al matrimonio igualitario.
En las últimas horas varias instituciones del Estado han cerrado filas para acuerpar al presidente Juan Orlando Hernández, después de que fuera mencionado en reiteradas ocasiones en el juicio contra Tony Hernández, de tener nexos con narcotraficantes y haber aceptado sobornos de éstos para sus campañas políticas de 2013 y 2017.
Mientras el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, amenazó con revisar las funciones del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, decenas de personas acompañaron a esta institución el 16 de octubre de 2019.para presentar una iniciativa de Ley para que no entre en vigencia en nuevo Código Penal, portando una camiseta blanca con la leyenda "NO al Código Penal de la Impunidad".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Opario Lemoth Morris y otros (buzos miskitos) , en relación con Honduras. según lo informó en mayo anterior.
El caso implica múltiples impactos sobre los derechos humanos en perjuicio de un grupo de individuos que pertenecen al pueblo indígena miskito que viven en departamento de Gracias a Dios, Honduras, señala la comunicación.
Múltiples violaciones según la CIDH
En sus méritos informes, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la integridad personal de 34 buzos miskitos que se reunieron con los accidentes debido a las inmersiones profundas que hacían que los llevaron a sufrir la enfermedad por descompresión.
Asimismo, la CIDH considera que el Estado violó el derecho a la vida de 12 buzos miskitos que murieron inmediatamente después de estos accidentes. La ignorancia de la situación y la indiferencia hacia el problema de la explotación laboral de las empresas de pesca y la prevalencia de buceo en condiciones peligrosas, lo que llevó a estos accidentes, se manifiestan en la falta de seguimiento y supervisión adecuada.
Por otra parte, la CIDH considera que, aunque el Estado de Honduras estaba al tanto de la situación de los buzos y la perversidad de sus relaciones laborales, no hacía falta, medidas concretas deliberadas para garantizar que puedan ejercer su derecho a trabajar en condiciones apropiadas justo, equitativo ni podían acceder a la asistencia sanitaria y la cobertura de la seguridad social.
Por otra parte, dados los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas, incluyendo el hecho de que pertenecen a un pueblo indígena que ha sido históricamente marginado y vive en la pobreza extrema y que muchos de ellos son personas con discapacidad, la CIDH consideró que el Estado también es responsable de violar el principio de igualdad y no discriminación.
CIDH formuló recomendaciones al Estado de Honduras
Entre las recomendaciones que la CIDH formuló ante el Estado de Honduras por esta situación, se encuentran:
Tomar medidas para proporcionar una compensación económica y reparación para las víctimas y sus familias;
Hacer que los servicios de cuidado de la salud física y mental a disposición de las víctimas supervivientes;
Investigar el caso a fondo para esclarecer plenamente los eventos e imponer las sanciones correspondientes;
Adoptar cualquier tipo legislativo, administrativo, u otro de medida necesaria para evitar incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro;
Implementar campañas de difusión adecuadas sobre los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.
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La Fiscalía General de la República al mando de su titular, Oscar Fernando Chinchilla, debe instruir de inmediato una investigación , diligenciar las acciones necesarias de acuerdo con los convenios de asistencia recíproca con los Estados Unidos, para obtener información en poder de la DEA , en relación al juicio contra Tony Hernández, donde se involucra al presidente Juan Orlando Hernández, en acciones vinculadas al narcotráfico, señaló el abogado Omar Menjivar, la noche de este martes 08 de octubre de 2019.
Los comunicados del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para defenderse de las acusaciones de los narcotraficantes que están siendo enjuiciado en Estados Unidos, han convertido la Casa Presidencial en una oficina de relaciones públicas que obstaculiza las labores presidenciales, las cuales deberían orientarse a realizar acciones para cumplir con las responsabilidades que le asigna la Constitución de la República, manifestaron representantes de diversos sectores a pasosdeanimalgrandde.com, este 07 de octubre de 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), presentó este 03 de octubre de 2019, en Washington, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, como resultado de la observación in loco que realizó del 30 de julio al 03 de agosto del 2018, y señaló que el país enfrenta niveles críticos de impunidad, ataques contra periodistas, concentración de poder y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
Al menos 20 denuncias de ataques contra la comunidad indígena lenca de Río Blanco están en poder del Ministerio Público, pero la impunidad se ha incrementado desde el crimen de Berta Cáceres como un foco infeccioso que amenaza la vida de indígenas lencas que defienden su territorio de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, señalada por la familia y por el COPINH de ser la responsable del crimen contra la Coordinadora General del COPINH. El Mecanismo de Protección es señalado como
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.