Contexto (991)
Según el informe “Una Generación Fuera de la Escuela”, del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el 56% de niños y niñas en edad escolar no puedan acceder a la educación, por la violencia, la pobreza y el desplazamiento forzado.
Con asambleas informativas y movilizaciones en todas las regiones del país, los médicos y maestros de Honduras continuaron este miércoles 15 de mayo de 2019, sus medidas de presión para lograr la derogatoria de varias leyes aprobadas por el gobierno, encaminadas a la privatización de los ya quebrantados sistemas de salud y de educación.
Según entrevistados por pasosdeanimalgrande.com lo que en realidad se esconde tras la anunciada presencia de militares israelitas que llegarán a Honduras es la preparación de un escenario para la agresión contra Venezuela por parte de Estados Unidos, además de aparentar ante China y Rusia un supuesto fortalecimiento en la región. Sumado a ello se incluyen elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se implementó en la década de los 80.
Miles de manifestamntes que han protestado dos veces a la semana desde noviembre de 2017, demandaron este 09 de mayo justicia para las víctimas y cese a la persecusión contra periodistas, en el marco de lo que se denomina un diálogo.
Este 09 de mayo de 2019, se llevara a cabo el diálogo entre manifestantes y autoridades gubernamentales, convocado por el alcalde Quintín Soriano, en Choluteca, zona Sur de Honduras, donde la población mantiene protestas desde noviembre de 2017.
El objetivo según lo ha dicho públicamente el edil es para resolver el tema de las marchas en este municipio sureño.“Estamos convocando a un sincero diálogo de ambas partes, Gobierno Central junto a policías y manifestantes para que haya paz y tranquilidad”, expreso Soriano.
Represión contra marchistas y persecución contra periodistas
Alrededor de 147 protestas se han realizado desde el 27 de noviembre de 2017 a la fecha, en las mismas la policía y el ejército les ha atacada cada vez que salen a las calles.
Asimismo hay allanamientos ilegales, torturas, criminalización en tribunales de la zona sur y persecución contra periodistas de Choluteca, tres de ellos han sufrido desplazamiento forzado, y otros se han autocensurado para protegerse. También hay cierre de espacios noticiosos de comunicadores sociales que son críticos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y al presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Los comunicadores sociales Jairo López ha sufrido detenciones, juicios, persecución, campañas de desprestigio y una querella. Se le cerraron todos los espacios para difundir el programa El Informador, según denunció por órdenes del presidente del Parlamento, Mauricio Oliva y el mandatario Hernández.
Mientras Edgar Andino tiene una situación grave de amenazas que lo ha puesto al filo de la muerte cuando en febrero de este año su casa ha sido vigilada por hombres armados, y en dos ocasiones desconocidos han querido ingresar por una ventana de su casa para matarle, lo que le valió que el Mecanismo de Protección procediera a protegerle.
Su hija fue buscada en el 2018 para ser apuñalada por desconocidos, hasta la fecha ninguna de estas denuncias ha sido investigada, y la última de este año fue cerrado su expediente por la Fiscalía de Protección, y una acción legal de C-Libre y ASOPODEHU lograron reabrir el caso hace unas semanas, pero aún no hay una investigación que lleve a la cárcel a los responsables.
Las exigencias de los manifestantes
Una de las exigencias de los manifestantes es que se capture a los responsables de la muerte de un menor en una marcha en Choluteca, entre otras exigencias.
Soriano indicó que el Gobierno debe medir las consecuencias de sus acciones arguyendo que en Choluteca protestan exigiendo rebaja en la energía.
“Choluteca es la ciudad donde hay el porcentaje más grande de energía para el país porque existen nueve plantas de energía fotovoltaica y tres plantas térmicas”, reveló.
El Gobierno les prometió rebajas en la energía, pero incumplió, por lo que las marchas continúan en la Región sur a su vez los pobladores exigen la no privatización de la salud y educación así como la salida del actual mandatario quien ha sido mencionado en varios actos de corrupción.
Con respecto a la convocatoria al diálogo hay algunas dudas si se trata de una jugada política para el beneficio del alcalde y otros funcionarios que tienen intereses de esa índole, o en realidad es para resolver una problemática que ha dejado muertos, heridos, perseguidos y toda una fuerza de inteligencia desplazada para vigilar.
El éxito del mismo tendría que partir en la participación de los diversos sectores que puedan construir juntos un protocolo que señale las reglas del diálogo, la inclusión y la puesta en marcha de soluciones, aún no se ha hecho, de lo contario al igual que el llevado a cabo el año pasado como producto del fradude electoral, éste no tendrá resultados para resolver los problemas planteados por la población y las víctimas.
Un nuevo crimen contra una defensora de los derechos humanos de Río Blanco e integrande del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, podría estar a la vuelta de la esquina si el Estado de Honduras no actúa de inmediato a proteger su vida y la de miembros de su familia ante amenazas recibidas por personas afines a la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A., DESA, que llegaron armados de machetes para amenazar de muerte de Rosalina Dominguez, a quien además le destruyeron los cultivos el pasado 30 de abril de 2018.
El tres de mayo, se conmemoró en todo el mundo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un derecho restringido en Honduras, no solo por la censura impuesta por los dueños de medios, sino por la represión y agresiones de parte del Estado, criminalización, amenazas de muerte y asesinatos, que en su mayoría se mantienen en la impunidad.
La noche de este domingo 05 de mayo, cuando regresaban de un viaje con su familia, la Policía Nacional, detuvo ilegalmente al capitán, Santos Rodríguez Orellana, un ex militar hondureño que en repetidas ocasiones ha denunciado la supuesta participación de funcionarios del gobierno, en las labores del narcotráfico.
La represión del Estado contra los manifestantes que exigen mejores condiciones de vida y la salida del Presidente Juan Orlando Hernández, al que consideran dictador, habría provocado la detención arbitraria de decenas de personas, periodistas y defensores de los derechos humanos agredidos y los asesinatos de dos estudiantes, que horas antes de morir, participaron en las protestas para evitar la privatización de la salud y la educación pública.
Como injerencia o perturbación al sistema de justicia, y grave lesión al principio de separación de poderes, consideró la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, los señalamientos del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sobre la decisión de un tribunal con jurisdicción nacional que dejó en libertad a unos 20 supuestos líderes de pandillas, este 22 de abril pasado.
More...
El 22 de abril, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el Día Internacional de la Tierra, pero Honduras, siendo Estado parte de ese organismo multilateral, asesina, criminaliza y encarcela a los defensores de este planeta y de sus recursos naturales.
“Parece que el pacto de corruptos se ha extendido hasta Honduras”, escribió en su cuenta de Twitter, la ex Fiscal General del Estado de Guatemala, Telma Aldana, quien el pasado jueves 11 de abril, fue retenida ilegalmente por agentes de migración que mediante intimidación le pidieron firmar una declaratoria “voluntaria” de no entrar a Honduras.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, una organización que lucha por los derechos humanos y la democracia en Honduras, lamentó en un comunicado de prensa la muerte de Ana Paula Hernández y Sally O´neill, este 07 de abril recién pasado.
En los últimos doce meses se registraron unos 118 incidentes violentos contra defensores de los derechos humanos, situación que confirma el riesgo inminente que corren las personas dedicadas a esta labor, Según datos, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.