Global Witness lleva a cabo campañas para acabar con los asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente que arriesgan su vida para proteger bosques y ríos, así como a las comunidades locales. Muchos de los países más afectados por estos asesinatos se encuentran en Latinoamérica, donde murieron casi tres cuartas partes de los activistas asesinados en todo el mundo en 2014.

Nutrida presencia internacional en presentación de informe

Al evento llegaron diferentes medios de comunicación y la presencia de representantes de organismos internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, PBI, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras; la Unión Europea; la MACCIH, la Embajada de Estados Unidos; Amnistía Internacional; Frontline Defenders y  del Espacio ACI-Derechos Humanos, entre otros.

El informe se desprende de una investigación de dos años que Global Witness realizó en Honduras y donde tomó cinco casos emblemáticos para verificar por qué y quiénes asesinan y amenazan a defensores y defensoras del ambiente y de la tierra.

Los  cinco casos emblemáticos que Global Witness tomó como ejemplo para probar que en Honduras los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente están siendo atacados por un enjambre de poder son: Berta Cáceres, COPINH y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca; La operación minera del empresario Lenir Pérez; La masacre de las comunidades Tolupanas; El pueblo Garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras.

Los hallazgos

Global Witness descubrió nuevas evidencias, tales como acuerdos de puerta trasera, sobornos y violación a la ley en donde están comprometidos políticos en altos cargos y magnates de  negocios cómplices en la represión de familias, según comunicado de prensa.

Desde el 2010 a la fecha son 123 personas asesinadas por protestar contra el expolio o destrucción de sus tierras, entre ellas la activista indígena Berta Cáceres.

“Nuestras investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales, para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a imponerse en su camino”, señaló Billy Kyte,  Jefe de Campañas de Global Witness.

Añadió que “hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a mujeres embarazadas y niños, a los que la policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a sueldo que siguen comprando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”.

Las principales causas de muertes son los conflictos por minería, las represas hidroeléctricas y la agroindustria, siendo la mayoría de las víctimas de grupos indígenas y comunidades rurales.

EUA doble cara

Global Witness aseguró que Honduras es el país más peligroso del mundo para defensores y defensoras de la tierra o medio ambiente, señalando a los Estados Unidos como corresponsable por el financiamiento y respaldo a las fuerzas estatales hondureñas, que de alguna manera son responsables de los asesinatos y ataques que sufren los activistas.

Ese país del norte es el principal donante de ayuda y sigue inyectando dinero en la industria hondureña, a pesar de la agresiva estrategia de crecimiento económico que el gobierno ha establecido poniendo por encima la violación de los derechos humanos de la población rural y pobre del país.

La embajada de EEUU ha fomentado una intensificación de las inversiones de las industrias extractivas, por ejemplo, el gigante minero estadounidense “Electrum”,  planea una inversión de mil millones de dólares, refirió.

Al respecto, “al ser el principal donante de ayuda en Honduras, EUA debería de contribuir a poner fin a la sangrienta represión de la población rural, en lugar de ello, está financiando a las fuerzas estatales de este país, perpetradores de algunos de los peores ataques”, declaró Kyte.

Entre las maneras de financiamiento están la Corporación Financiera Internacional CFI y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con ese dinero se construyen presas hidroeléctricas y sus infraestructuras.

El año 2016 EUA proporcionó 98,3 millones de dólares en ayuda bilateral, asimismo,  750 millones de fondos regionales a América Central para poyar el “Plan Alianza para la Prosperidad” del mismo modo, dinero adicional del Departamento de Defensa.

El 50% de la financiación directa es supuestamente condicionada para que el país cumpla su obligación con los derechos humanos, aunque obedece a una política hipócrita, porque el año en que fueron asesinados 14 activistas ambientales, los Estados Unidos aprobó un desembolso de fondos en el 2016, argumentó Global Witness en su informe.

En tanto que el ejército y la policía hondureña recibieron 18 millones de dólares, contrariamente de sus abusos en contra de defensores y defensoras; un antiguo miembro de esa unidad castrense afirmó que “los militares tienen una lista negra de activistas de derechos humanos,  mientras que dos soldados están siendo procesados por el asesinato de Berta Cáceres”.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denunció la infiltración de un espía militar y la policía que protege la presa de “Agua Zarca”,  acusada de amenazar a miembros de la comunidad local.

Como respuesta a los abusos militares y policiales en el Congreso estadounidense se presentó la “Ley Berta Cáceres” sobre los derechos humanos que exige la suspensión de ayuda hasta que cesen los abusos de las fuerzas de seguridad.

La dama de azul

Una de las personas denunciada en múltiples ocasiones en medios de comunicación relacionada con la violencia que sufren las comunidades es Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional,  quien parece tener un claro conflicto de intereses, dado que su marido es el único administrador de  “Aurora” y “los Encinos” , dos proyectos hidroeléctricos a los que se les otorgaron licencias en el tiempo en que la funcionaria desempeñaba el cargo de Secretaria  en el Congreso Nacional, lo que infringe la Constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado, señaló Global Witness.

A causa de la exigencia de las comunidades de una consulta, “López montó un teatro convocando a una reunión, los activistas denunciaron que observaron que trajeron buses llenos de salvadoreños para que votaran a favor de la instalación de la hidroeléctrica en los Encinos, lugar controlado por Arnold Castro,  cónyuge de la diputada, ellos pretenden vender energía al Estado, el resultado de la oposición fue el asesinato de tres activistas indígenas, sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados”, continuó el comunicado.

Otros opresores

A dos años de investigaciones sacaron a la luz muchas actividades ilegales,  supuesta corrupción y algunos nombres que provocaron violencia contra defensores y defensoras del ambiente.

Uno de ellos es “el conocido empresario y activista del Partido Nacional Lenir Pérez, yerno de Miguel Facusse, quien  supuestamente sobornó a un alcalde e intentó hacerlo también con un millón de dólares a opositores al proyecto minero; se sospecha que Pérez está implicado en amenazas a muerte y en el secuestro de dos activistas internacionales de derechos humanos”.

La comunidad agrícola de Nueva Esperanza también ha recibido un gran número de ataques y amenazas por su resistencia a la mina de óxido de hierro “Buena Vista” propiedad de Pérez, agrega el documento que fue entregado a representantes de la comunidad internacional, a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales que llegaron a escuchar los resultados de la investigación a un hotel de la capital hondureña.

Pérez es presidente de la recién adquirida administración de Palmerola International Airport, responsable de la construcción del aeropuerto internacional en el lugar donde se encuentra la base militar de Estados Unidos conocidad como Palmerola.

Otro punto a destacar es que en sus publicaciones personales se califica como activista del Partido Nacional de Honduras. Aparece como el presidente del grupo dedicado a la construcción y metalurgia, es dueño de la empresa EMCO,  con sede en San Pedro Sula y su fortaleza empresarial es el diseño y construcción de bodegas para almacenaje. Además es presidente de ALUTECH que fabrica y distribuye láminas de zinc, canaletas, perfilería de tabla yeso y todo tipo de estructuras para techos, según salió publicado en www.tvshonduras.blogspot.com

A la lista anterior se suma según Global Witness el ex general del ejército de Honduras, Finlánder Armijo Uclés, que supuestamente amenazó a los miembros de la comunidad indígena de San Francisco de Locomapa con el fin de expulsarlos de sus tierras. Cinco indígenas de esta comunidad han sido asesinados por protestar en contra de la tala y minería, es otro de los hallazgos de la investigación de la organización internacional antes mencionada.

Armijo Uclés está señalado como uno de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando en Honduras se implementó por los Estados Unidos la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin duda la impunidad de la que goza le ha animado a volver a las andadas y lo hace contra la tribu tolupán que no tiene acceso a la justicia por la discriminación que sufre desde el Estado de Honduras, a través de los diferentes operadores de justicia que se confabulan contra este tipo de acciones, han asegurado sectores de derechos humanos.

Otro oscuro caso es el de la empresa “Desarrollo Turístico del Valle de Tela”,  respaldada por una serie de élites hondureñas,  que intentaron repetidamente expulsar ilegalmente a la comunidad garífuna de Barra Vieja, dicha asociación “ha blanqueado fondos procedentes de la corrupción en el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”, denunció Global Witness.           

Para los habitantes de Barra Vieja los problemas se agudizaron con la construcción del megaproyecto turístico Los Micos Beach and Golf Resort, conocido como Bahía de Tela y rebautizado como Indura Beach and Golf Resort. Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), empresa responsable del proyecto, está conformada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que detiene el 49% de las acciones y representa el sector público, y por el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), un conglomerado de empresarios y grupos económicos nacionales entre los más poderosos del país. FHIT detiene el 51% de las acciones y su presidente es el magnate hondureño de origen árabe palestino Camilo Atala, que también es presidente ejecutivo del coloso Grupo Financiero Ficohsa, señaló una publicación de publicación del sitio web kaosenlared.net/.

Roberto Gómez , uno de los afectados por el desalojo en Barra Vieja, describió que “nos desalojó un escuadrón de unos 15 policías que iban acompañados por un grupo de civiles, destruyeron nuestros cultivos, quemaron los alimentos, nos dejaron en la calle y la comunidad saqueada”.

Cómo se mueven los hilos del poder 

La documentación del informe de Global Witness  mostró que la  empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA,  su junta está integrada por  algunas de las élites empresariales y políticas del país.

La defensora Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH fue amenazada y al final asesinada el 03 de marzo del 2016, por la defensa del Río Gualcarque donde está asentada esta empresa hidroeléctrica. 

El secretario de la empresa Roberto Pacheco Reyes,  es ex ministro de Gobernación y Justicia, el vicepresidente Jacobo Nicolás Atala Zablah,  es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias más adineradas del país, su primo es el multimillonario Camilo Atala,  ex ministro de gobierno y propietario del banco Ficohsa que actualmente está bajo investigación por blanqueo de dinero en Panamá, es uno de los principales inversionistas de “Indura Beach Golf Resort”, denunció Global Witness en su informe.

El hermano de Camilo,  José Eduardo Atala Zablah,  está en la junta de DESA y es el presidente de la Cámara de Comercio hondureño-americana y ex director por Honduras  en el Banco Centroamericano de Integración Económica,  BCIE. Asimismo Daniel Atala Midence,  es el director financiero de DESA.

En cuanto a las inversiones internacionales está el Banco Holandés de Desarrollo FMO junto con el organismo Finnfund del gobierno finlandés y el BCIE.

Fracaso del gobierno

El informe calificó al gobierno de Juan Orlando Hernández como fracasado en materia de derechos humanos por la corrupción generalizada; impunidad de los atacantes, estigmatización y criminalización de los activistas de derechos humanos.

En los últimos tres años, el representante del país no ha protegido a los defensores de la tierra y en algunas ocasiones ha participado en su trato de discriminación. En el 2015 el secretario de la presidencia acusó a los defensores que habían participado en una revisión interamericana de derechos humanos calificándolos como  que impulsaban “una campaña de desprestigio en contra de la administración y de afectar a la imagen del país”.

Hernández ha afirmado que las y los defensores “reciben dinero de bandas delictivas organizadas”, sin proporcionar pruebas. La investigación arrojó que el gobierno fracasó completamente  en  la protección, a pesar de las solicitudes presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Campaña sucia

Un representante del Movimiento Independiente Lenca de La Paz Honduras,  MILPAH,  aprovechó el espacio en el que se estaba presentando la investigación de Global Witness para denunciar la campaña previa a la publicación de estos hallazgos y donde les “nos vinculan a nosotros como indígenas de  partidos, nosotros no tenemos ningún partido político”.

Se dirigió directamente al gobierno de Juan Orlando Hernández y le dijo “nosotros como indígenas estamos en contra de todas sus políticas neoliberales, fascistas, capitalistas, racistas y patriarcales, que están asesinando un montón de defensores de derechos humanos”.

Demostró la urgencia de la derogación de leyes que son nocivas para sus comunidades, que pare la desarticulación de los títulos comunitarios y la privatización de la educación que es una violación a los derechos de los niños y niñas a educarse.

En torno a la campaña de desprestigio Global Witness no ha realizado un análisis de donde es dirigida, “las acusaciones son falsas y pueden traer un impacto muy negativo sobre la seguridad de las personas que son víctimas de difamación, está comprobado que cuando hay un contexto de desprestigio el riesgo aumenta en la labor de personas defensoras de derecho humanos”,  aseguró Billy Kyte.

Por último dirigió la responsabilidad al gobierno, que es el que debe tomar decisiones para contrarrestar esa difamación así como  respaldar la labor de las y los defensores, finalizó.

Lea el informe completo en este link