Una vieja estrategia del uso del derecho penal a través de las querellas de difamación y calumnias se inició contra las defensoras garífunas Miriam Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Madeline Martina David, Neny Heidy Ávila y Lety Hernández , estas últimas tres de la comunidad de Guadalupe en Trujillo, Colón Honduras, quienes fueron querelladas por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, en una acción judicial que se venía promoviendo en el Tribunal de Sentencia de esa localidad desde mayo pasado.

La contraproducente legalización de las radios comunitarias ha sido como un bumerán que está utilizando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para cerrar radios comunitarias que no están en sintonía con su agenda oficial. En esta ocasión la Radio garífuna Waruguma a quien esa institución del Estado declaró como rebelde, siendo la segunda ocasión que tiene amenazas de cierre.

Una conspiración habría sido fraguada con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado, estructuras paralelas y sicarios, supuestamente bajo el mando y la supervisión de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, como facilitador de entrenamiento y logística del ex militar Mariano Díaz Chávez, según el abogado Víctor Fernández, quien representa a la familia de Berta Cáceres.

Todo parecía previamente preparado,  patrullas de la Policía Militar repletas de agentes y presencia inusual de la Policía Preventiva en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia horas antes del fallo, en el Juicio Oral y Público contra los estudiantes Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, quienes fueron declarados culpables por el delito de Usurpación en la UNAH, dejó sin acceso a la justicia no solamente a los tres encausados sino a todos los estudiantes de ese centro de estudios, este 07 de junio de 2017.

Los tres jóvenes venían enfrentando un proceso penal que criminalizó la protesta social desde julio de 2015, aunque las autoridades de la UNAH firmaron un acuerdo con el Movimiento de Estudiantes Universitarios, MEU, donde entre otras cosas se comprometieron a cerrar los procesos penales existentes, solamente lo hicieron con los ocurridos en las protestas de 2016, pero en todo momento hubo renuencia para hacerlo con este caso de 2015. Todo el tiempo estuvo de por medio la faltas al Debido Proceso y campañas estigmatizantes con los tres estudiantes.

La represión aparentaba haberse ido, pero las causas por las cuales la protesta pacífica se ponía en práctica como ejercicio de la libertad de expresión nunca desaparecieron, era una “paz” aparente, cargada de falta de cumplimiento a los acuerdos de 2016, 

Lo anterior deja en claro que las autoridades universitarias lideradas por la rectora Julieta Castellanos, no están realmente convencidas de que hay que resolver el problema de fondo, eso quedó evidenciado el 25 de mayo cuando fueron capturados unos 20 estudiantes que se tomaron el edificio administrativo de la UNAH, demandando justicia para los tres estudiantes criminalizados desde el 2015. Ahora estos 16 muchachos y cuatro chicas  enfrentan un juicio por daños agravados y privación de libertad contra 40 guardias de seguridad de la UNAH.

Un fallo enderezado para favorecer las argumentos del MP, Procuraduría y UNAH

El Juicio Oral y Público contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa se reanudó este 07 de junio de 2017, la primera audiencia fue el 26 de mayo pasado. Se terminó de evacuar las pruebas, dos testigos de UNAH y dos de los estudiantes, además de la vista de un video que documentaba la labor de defensa de derechos humanos que los tres encausados hacieron en la semana del 13 al 19 de julio de 2015.

El fallo se dio a conocer pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles 07 de junio. El Tribunal de Sentencia de la Sala Cuarta se fue supuestamente a deliberar, se les veía urgencia de terminar este mismo día con su tarea, previo a eso inusualmente dos policías preventivos se apostaron en la puerta de la sala. Afuera las patrullas de la Policía Militar POMP 6317 y PMOP 6302, así como carros con policpias preventivos merodeaban la zona .

“Este Tribunal por unanimidad de votos declara la responsabilidad penal de Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla y los considera autores de un delito contra la UNAH, se señala audiencia para la individualización de la pena para el 27 de julio”.

Antes de la parte resolutiva la Jueza presidenta de esa Sala leyó toda una serie de argumentos descalificantes contra los testigos propuestos por la defensa de los estudiantes, el video presentado por ésta y las propias declaraciones de los imputados, pero destacó favorablemente toda la prueba presentada por el Ministerio Público.

A pesar que el apoderado legal de los estudiantes, Laureano Carbajal, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, hizo preguntas que contradijeron las declaraciones de los testigos de la UNAH ambos empleados de esa casa de estudios, Roger Aguilar y el abogado Neptaly Mejía Rodríguez, de nada valieron las contradicciones pues ni siquiera figuraron en las argumentaciones del tribunal para llegar al fallo.

Infiltración de la policía en el Movimiento estudiantil

El Ministerio Público tenía a la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, Norma Suyapa Flores para que ratificara un acta de inspección donde describió su trabajo de infiltración del movimiento estudiantil en el 2015.

Detalló cómo las autoridades de la UNAH le proporcionaron fotografías de estudiantes y cómo ella se infiltró como estudiante en el movimiento, “nos tocó hacernos pasar por estudiantes y estar en las manifestaciones porque la universidad nos dijo que quería saber quiénes eran los estudiantes”, expresó tranquilamente después de detallar cómo le dio seguimiento a los tres estudiantes en sitios diferentes al lugar donde señalaron  los testigos de la UNAH, entre ellos el jefe de seguridad y un abogado.

En la audiencia del 26 de mayo el jefe de seguridad de la UNAH, Roger Aguilar, quien es presentado como un consultor de ese centro educativo, se contradijo en sus declaraciones brindadas en las audiencias de primera instancia en el 2015 donde señaló que reconoció a los tres estudiantes, mientras que en esta dijo que los había tenido a una distancia de 15 metros y que había preguntado a estudiantes encapuchados quién dirigía la toma y éstos le dijeron que los tres jóvenes.

Mientras la defensa y los estudiantes sostuvieron en todo el proceso que los tres encausados  no  participaban en las tomas sino que hacían labor de defensa de derechos humanos.

La fiscalía , la UNAH y la Procuraduría trataron de desbaratar este extremo señalando que no estaba clara su actividad pues no mostraron una personería jurídica, estatutos de su organización, ni andaban chalecos y carnets, esto fue refrendado por el Tribunal de Sentencia que desacreditó la labor y dijo que era un montaje la conferencia de prensa del 15 de julio de 2015 donde se presentaron como defensores de derechos humanos.

El tribunal también descalificó las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa de los estudiantes Diego Daniel Aguilar y Engels Bladimir López, quienes dijeron que habían visto a los tres muchachos desarrollando su labor de defensa de derechos humanos.

“…el tribunal se pregunta qué credibilidad tiene el joven que dice que los vio….en el video no se vio a periodistas tomando notas …los estudiantes no tenían carnets sino una hoja y tenían la misma ropa que usaban en ese momento. El señor Moisés usaba esa misma ropa que anda ..que le gusta mucho”, dijo la jueza presidenta del tribunal en tono sacástico, antes de leer el fallo.

Mientras este mismo miércoles 07 de junio los 20 estudiantes criminalizados el 25 de mayo pasado recibieron citaciones de audiencias  de descargo por parte de la UNAH para el 16 de junio próximo, todo indica que serán expulsados y que su proceso será el mismo que el de Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.

A la salida de la Sala, los tres dijeron a los medios de comunicación que se consideraban perseguidos políticos pues el fallo no era imparcial y favorecía las violaciones a los derechos humanos en la UNAH, además de criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos.

Cesario Padilla expresó que nunca prevaleció su papel de defensores de derechos humanos, “se les olvidó la declaración de Naciones Unidas que en su artículo 6 establece el ejercicio del mismo de manera individual o colectiva, lo que se quiere dejar es un precedente de criminalización hacia los y las estudiantes”.

Uno está viendo como en otro juicio tienen mucha piedad contra la delincuencia de cuello blanco y que forman parte de las estructuras de poder en este país y se ensañan contra estudiantes y les interesa generar miedo, argumentó.

Mientras Sergio Ulloa criticó que “ la institucionalidad y el oficialismo hacen uso de sus instituciones, de sus tribunales, de sus jueces, de sus leyes para hacer jucios de acuerdo a sus intereses.

Moisés Cáceres criticó el papel de del sistema de justicia en Honduras y destacó que fueron penalizados solamente por ser defensores de derechos humanos y por defender el derecho a la protesta pacífica.

La agudización de la crisis en la UNAH tiene los mismos elementos que en el 2015 y 2016, criminalización, vigilancia, persecución y amenazas.

Mientras el Ministerio Público tiene engavetada una denuncia de varias organizaciones que el 15 de julio de 2015 denunciaron a agentes de la ATIC y a fiscales por realizar acciones de vigilancia contra los estudiantes sin ser parte de sus atribuciones de acuerdo a la Ley, esa petición está engavetada.

Se reanuda la estigamatización:, véalo  Aquí

20 estudiantes criminalizados en el 2017 Aquí 

Denuncia contra la ATIC y fiscales está engavetada en el Ministerio Público  Aquí 

Acuerdos entre UNAH y MEU violentados con el fallo Aquí