La Coalición Contra la Impunidad,(CCI), se pronunció este 28 de julio, mediante una conferencia de prensa virtual sobre la desaparición forzada de cuatro hondureños Garífunas y la reciente muerte de dos, como un patrón de violencia sistemática desde hace años para despojarlos del territorio y acrecentar riquezas turísticas de empresas coludidas con el Estado, incumpliendo la sentencia de asegurar la protección de la población, de acuerdo al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,CorteIDH.

A más de 60 horas del secuestro de cuatro integrantes del pueblo garífuna, en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, entre ellos el presidente del patronato, no hay resultados y se teme que la policía solo esté haciendo como que trabaja en la investigación para encontrarles, pero que no hace nada con la intención de cubrir a quienes los sacaron de sus casas, y que son agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, (DLCN), según dijeron testigos de la zona.

Los líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de La Cruz, Sneider Centeno, Milthon Joel Martínez Suany, Aparicio Mejía y otro identificado aún, fueron secuestrados de su casa por hombres fuertemente armados que tenían identificaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y se los llevaron por la fuerza, sin que pasadas varias horas de los hechos, hayan sido encontrados.

Desde el 16 de marzo que se decretó la suspensión de garantías en Choluteca se han reportado dos asesinatos, dos allanamientos y una detención arbitraria, además de represiones en la zona por las protestas por falta de comida y derecho al trabajo. Desde las elecciones del 2017 es una de las ciudades donde más se reportan incidentes graves a defensores de derechos humanos, periodistas y civiles en general.

El sistema de justicia en Honduras también se fue de cuarentena en Honduras en la pandemia de Covid-19, pero no es que por contagios sino debido a la ineficiencia, lentitud y fortalecimiento de la impunidad. Los recursos presentados para que se les restituyan los derechos a las víctimas no han funcionado, mientras a los perpetradores les facilita el camino, tal es el caso de los involucrados en el crimen de Berta Cáceres que sí han obtenido respuestas, así lo señalan los abogados y defensores de derechos humanos Kenia Oliva y Ariel Madrid.