Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Berta fue finalista del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014 y, en 2015 e insta a las autoridades hondureñas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de la familia de Bertha Cáceres y de los miembros y miembras del COPINH.

Mientras el presidente de la República, Juan Orlando Hernández , dijo sentir la muerte de Bertha Cáceres, pero fue quien concesionó los ríos en su gestión en el Congreso Nacional y mantiene a la Policía Militar y Prevetiva cuidando los planteles de la empresa Desa-Sinohydro y el Ministro de Seguridad se lavó las manos para justificar la falta de voluntad política e inoperancia para proteger su vida a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que le otorgó medidas cautelares, el mundo llora su partida.

La luchadora indígena y popular Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras, COPINH,  fue asesinada a la una de la mañana de este 03 de marzo de 2016, en su propia casa , de cuatro impactos de bala. Ella estaba acompañada de Gustavo Castro de la organización Otros Mundos de Chiapas México, quien resultó herido.

Un desalojo violento contra 50 familias lencas de la comunidad de la Jarcia, Guise, Intibucá,  al mando de la Policía Nacional, de Investigación y el ejército que procedieron a destruir las viviendas y la producción de la comunidad, de acuerdo a denuncia del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH,

Cinco indígenas de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa,  en el caserío Cabeza de Vaca Número 2  fueron asesinados este domingo 21 de febrero, cuatro de ellos perdieron la vida al instante y un quinto fue trasladado a San Pedro Sula, donde falleció dado la gravedad de las heridas, lo que suma una nueva masacre a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que el Estado de Honduras protegiera a esta etnia que está bajo el fuego de terratenientes y empresas mineras, según lo denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ y Fundambiente