La violencia basada en género sigue siendo un obstáculo  para las mujeres periodistas y las defensoras de derechos humanos a pesar de las recomendaciones internacionales que el Estado no atiende, según una consulta realizada por pasosdeanimalgrande.com

Pedro Joaquín Amador, defensor de derechos humanos y candidato a diputado por el partido político Libertad y Refundación LIBRE, denunció que un desconocido a bordo de un taxi intentó  atropellarlo en una colonia de la capital cuando circulaba por el sector para participar en un programa radial, este 14 de enero  de 2021, pero logró esquivar el ataque.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha respondido un Recurso de Amparo que conlleva el objetivo de que la Policía Nacional respete la labor de las personas que fungen como concejales en el Consejo Nacional de Protección, el cual ha sido violentado en innumerables ocasiones cuando se trata de verificar violaciones a los derechos humanos.

Horas después de que recibiera  el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, a José Zambrano, defensor de derechos LGTBI, le fue incendiada la casa, de la cual tuvo que huir junto a tres miembros de su familia  para poner a salvo sus vidas, a pesar de ello, llegaron hasta la casa donde se resguardaron para amenazarle de muerte. 

Organizaciones alertan sobre riesgo de la defensora territorial Betty Vásquez, quien está siendo desprestigiada por la oposición a la instalación de una represa en el sector de El Tornillito, en Chinda, departamento de Santa Bárbara. El CONADEH habría iniciado las debidas diligencias del caso para salvaguardar y garantizar su integridad.

Betty Vásquez, es cgeneral del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS, explicó a pasosdeanimalgrande.com que los problemas surgen por la oposición a la instalación de represas en la zona, ya que afectarían un 75 por ciento de la población que usa el agua de los ríos para consumo diario.

Vásquez señaló que una campaña desprestigio desde el medio de comunicación de los diputados en el Congreso Nacional por el Partido Nacional, Mario Pérez y Marcos Paz, quienes en apoyo a los proyectos podrían estar relacionados y el que emite los comentarios acusatorios es el comunicador, Edward Fernández, aparentemente en apoyo a ellos.

Preocupadas por la situación, el Foro de Mujeres por la Vida, presentó el 30 de noviembre de este año,  formalmente la queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH, y se emitió una alerta sobre el peligro a la integridad de la defensora en las redes sociales, donde aseguraron que es parte de una violencia sistemática ejercida desde el 2015, y condenaron las expresiones de odio emitidas después del desastre natural provocados por los Huracanes Eta y IOTA.

Gustavo Fajardo, delegado del CONADEH, expresó a pasosdeanimalgrande.com que se oficializó la queja, debe proseguirse con la debida diligencia, orientación y acompañamiento a la defensora Betty Vásquez, que es a quién asiste el derecho en este caso para que interponga formalmente la denuncia, así como ante el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humamos, para garantizar su integridad.

Fajardo agregó que la trayectoria de la defensora es conocida y también este incidente, por lo que hay una coalición de varios derechos que se deben evaluar como la integridad, y también las autoridades correspondientes determinar hasta dónde se transgredió la libertad de expresión y afectó el honor de la persona.

Desde el medio de comunicación de los diputados, expresaron bajó el contexto de reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes, que las represas son la solución a las inundaciones de la zona y que la defensoría territorial liderada por Betty Vásquez, en oposición a los proyectos son los culpables.

La población de Chinda, en reiteradas ocasiones mencionaron que los proyectos de represas hidroeléctricas en la zona han afectado al menos 200 familias que utilizaban el río para lavar ropa, la agricultura y la pesca, y en la implementación de éstos no se respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que obliga al Estado a tomar en cuenta la opinión de los pueblos en principal de los indígenas.