Esta reacción surge a raíz de la captura el sábado 26 de marzo en horas de la tarde de Didier Enrique Ramírez Acosta (23 años), en Peña Blanca, departamento de Cortés, en un operativo realizado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI).

“Creemos que no es suficiente porque detrás de este asesinato hay otras estructuras que son promovidas desde el estado. Esto es solo una pantalla para hacerle ver a la población en general que están cumpliendo en encontrar implicados pero no avanzan hacia quienes, intelectualmente están implicados en el asesinato de nuestros compañeros –Bertha Cáceres y Nelson García-“, sostuvo Gómez.

Agregó que el origen del asesinato que conlleva la criminalización hacia las comunidades indígenas, no se está combatiendo, al contrario, siguen las concesiones hidroeléctricas, de la minería y  el Estado sin entregar su territorio a las comunidades indígenas en Rio chiquito.

Nelson García fue asesinado el pasado 15 de marzo, luego en  la comunidad de Rio Chiquito, en el departamento de Cortés donde  se propició un violento desalojo a más de 150 familias que reclaman posesión de sus tierras para habitarlas. Cabe destacar que esta comunidad está organizadas en el COPINH.

 Intimidación y amenazas persisten

Lo que se ha agudizado es la intimidación y las amenazas a los compañeros y compañeras que viven a la intemperie después del violento desalojo contra la comunidad de Rio Chiquito, expresó el coordinador del COPINH.

Esto como represalia porque adoptaron la decisión de  retornar las tierras de donde fueron desalojados, ya que les asiste el derecho ancestral que tienen de habitar en ellas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el asesinato de Bertha  Cáceres, emitió medidas cautelares tanto para su familia como a la militancia del COPINH, sin embargo no han sido aplicadas por parte del Estado ya que 12 días más tarde fue asesinado Nelson García  después del desalojo a las familias de Rio Chiquito.

Justicia hondureña niega información

Otro de los puntos que denunció el coordinador del COPINH fue la negativa por parte del Estado hondureño de ofrecer información acerca de los avances en las investigaciones sobre el asesinato tanto de Cáceres como de García.

“Como COPINH creemos que también ocultan información, porque en este país existe la garantía del acceso a la información, a tener información al respecto , pero esto da muestra de que no existe ninguna intención de parte de los operadores de justicia de involucrarnos en las investigaciones”, dijo.

Debido al manejo en las referidas investigaciones, la comunidad internacional sigue de cerca esta situación. Para el caso una Misión Internacional de Defensores y Defensoras en una serie de conclusiones producto de una visita de tres días en el país, señaló la necesidad de que los familiares de ambos líderes asesinados, deben participar durante el proceso de investigación que realiza el Ministerio Público.

Sin embargo no han sido ni siquiera consultas lo que demuestra que no existe voluntad del Estado en integrar a víctimas en investigaciones de ambos asesinatos, denunció  el líder indígena.