El martes 25 de octubre a las 9:00 am el defensor de derechos humanos Luis Díaz de Terán de nacionalidad española, fue retenido por las autoridades migratorias de Honduras a su llegada al aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa, al pedir explicaciones y resistirse a la expulsión fue reducido a la impotencia , esposado con violencia y posteriormente enviado por la fuerza en un avión hacia El Salvador donde estaba fuertemente custodiado por policías, y después llevado sin su consentimiento a Colombia, reteniéndole sus documentos y equipaje por más 14 horas.

Esta situación causó repudio en diferentes sectores hondureños e internacionales debido a que aparte de los vejámenes no se le dio curso a un hábeas corpus a su favor ni se le permitió a defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras poder verificar las condiciones en que se encontraba el defensor internacional de derechos humanos Luis Díaz de Terán.

Este es el texto de la carta pública entregada este 01 de noviembre a las autoridades hondureñas y enviada a organismos internacionales de derechos humanos y embajadas acreditadas en Honduras:

Carta pública a las autoridades hondureñas sobre el reciente caso de expulsión de un defensor internacional de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y condena por la detención y expulsión de un defensor de los derechos humanos al ingresar en Honduras el día 25 de octubre de 2016.

Respetados Señores y Señoras.

El martes 25 de octubre a las 9:00 am el defensor de derechos humanos Luis Díaz de Terán de nacionalidad española, fue retenido por las autoridades migratorias de Honduras a su llegada al aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa, con el argumento de que había una alerta migratoria en su contra.

Los funcionarios hondureños le invitaron a marcharse en el siguiente avión. Luis Díaz se resistió pidiendo explicaciones, por lo cual intervinieron varios policías reduciéndolo y esposándolo con violencia.

Ante la situación irregular de obligar a un pasajero en contra de su voluntad, el piloto responsable de la aeronave de la empresa Avianca se negó a embarcar. Posteriormente, Luis fue retenido durante más de 8 horas y le fue negado el acceso a abogados que ofrecieron apoyo jurídico.

 El Embajador español Miguel Albero se acercó hasta el aeropuerto de Toncontín y manifestó que había sido una decisión administrativa debido a una alerta migratoria, y además, que Luis Díaz declaró motivos diferentes a su llegada al país. Al mismo tiempo expresó que no había ninguna solicitud en la Embajada española sobre la citación de Luis Díaz en el Instituto Nacional de Migraciones de Honduras (INM) desde abril de este año. Así mismo, Miguel Albero se comprometió desde la Embajada a realizar una denuncia por lo ocurrido.

A las 4:30 pm después de que se rechazara el Hábeas corpus solicitado por los abogados de la organización C-Libre, con el motivo de que el solicitante no había ingresado oficialmente en el país, Luis Díaz fue finalmente obligado a embarcar en un vuelo hacia El Salvador.

En una entrevista telefónica con Luis Díaz de Terán, denunció que al bajar del avión, agentes de migración le estaban esperando. Desde ese mismo momento le retuvieron sus pertenencias y su pasaporte las cuales sólo le fueron entregadas en el aeropuerto de Bogotá (Colombia), más de 14 horas después de su llegada a Honduras.

 En ese momento pudo comprobar que habían sustraído de su equipaje un disco duro y una cámara digital. Denunció que fue expulsado en un primer vuelo a El Salvador y allí permaneció escoltado por agentes de policía salvadoreña hasta que embarcó en un segundo vuelo hacia Colombia.

Afirmó, además, que durante el tiempo que estuvo retenido tuvo un encuentro con responsables del INM que le explicaron los motivos de la alerta migratoria en su contra, entre los que destacó la acusación de: "Manchar el nombre de Honduras en medios internacionales".

 Luis Díaz de Terán ingresó por primera vez a Honduras en 2013 para trabajar con organizaciones defensoras de derechos humanos, a través del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), organización que daba acompañamiento a defensores y defensoras que se enfrentan a amenazas debido a su labor. Estaba ejerciendo en la actualidad su papel como defensor de los derechos humanos, específicamente en las comunidades indígenas Lencas del departamento de Intibucá.

Además de labores de acompañamiento al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH). Durante este periodo estuvo muy próximo a la coordinadora Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de este año. Luis Díaz ha sido testigo de las amenazas y agresiones vertidas a miembros de la organización.

En enero de este año debido a la actividad que desempeñaba, Luis Díaz recibió directamente graves amenazas de muerte, de las cuales interpuso denuncia en la fiscalía hondureña.

Respetados funcionarios, La reciente Ley nacional de protección a las y los defensores de derechos humanos (Decreto No. 34-2015) establece en su Artículo 1."El Estado reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas de 1999 (resolución A/RES/53/144), ratificada por el Estado de Honduras afirma en su artículo 1. "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional". Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos no puede estar sujeto a restricciones geográficas.

En un comunicado de la organización C-Libre reclama y solicita a la Dirección del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, la intervención del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, a fin de garantizar el ejercicio de defensor de los derechos Humanos al señor Luis Díaz de Terán".

Ante las graves acusaciones de las que Luis Díaz manifestó ser objeto por parte de funcionarios del INM: “difamar y ensuciar internacionalmente el nombre de Honduras”, Quisiéramos manifestarles que el propósito de Luis Diaz era continuar con su labor de acompañante internacional y observador de derechos humanos a pesar de los obstáculos que el Estado hondureño incomprensiblemente interpone, como la persecución de la que han sido objeto diferentes observadores internacionales en el último año.

Por esto, queremos expresar nuestra solidaridad con la importante y arriesgada labor que Luis Díaz y gran número de acompañantes internacionales vienen realizando desde años en Honduras, apoyando a la población en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, haciendo uso del derecho universal a defender derechos y fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia.

Consideramos que el actuar del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de defensoras y defensores de derechos humanos internacionales, no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.

Consideramos que la deportación de Luis es una violación a su derecho a defender los derechos humanos, y que este hecho evidencia la criminalización hacia los movimientos sociales, y en contra de quienes defienden derechos humanos en Honduras.

Solicitamos de su parte y de los organismos responsables de la expulsión del defensor de derechos humanos, una respuesta clara sobre la base jurídica en la que se fundamentó la expulsión, la cual permita aclarar la decisión e identificar cuáles son las razones concretas de este accionar. Por estas mismas razones, les solicitamos aclarar las circunstancias de esta deportación de manera urgente.

Demandamos de Ustedes y del Estado de Honduras, que se garantice el derecho de cada persona a defender los derechos humanos, tal y como está establecido en la ley Sobre Defensores de Derechos Humanos en Honduras, por los convenios internacionales firmados por este mismo Estado y como ha sido recomendado por diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano, como en Naciones Unidas. 

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