A las diez de la mañana debía presentarse el primer estudiante, los portones del Consultorio Jurídico gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), estaba abarrotado por los uniformados de ESPA con la orden de no dejar entrar a nadie que oliera a abogados o defensores de derechos humanos que acompañaran a los jóvenes Oscar Barahona, Juan Hernández y Moisés Torres.

“La orden viene de arriba” decían al interrogarles el por qué otras personas podían ingresar y a personas especificas se les impidiera la entrada.

Luego llegó una patrulla con cinco elementos de la Policía Nacional a colocarse frente al portón, segundos después el sub jefe de ESPA salió con una nota doblada en las manos para entregársela al sub comisionado a cargo de los cuatro policías e inmediatamente se retiraron del lugar dejando a la seguridad privada en total control del local.

Seguidamente se apersonaron los abogados de la defensa y cuando quisieron ingresar les fue negado, las y los presentes no entendían lo que sucedía en ese momento y por la insistente petición de los profesionales del derecho y las defensoras de derechos humanos, por fin las dejaron ingresar.

En ese instante la estudiante Reveca Elvir  entró por el portón de los automóviles y fue rodeada por guardias de seguridad quienes le exigían salir de los predios que todos los días permanece abierto, pero que se convirtió en un lugar con máxima seguridad.

Las malas miradas y las amenazas estaban a flor de labios de los uniformados profiriéndolas en contra de las y los universitarios que llegaron a apoyar a sus tres compañeros.

Otro estudiante entró por el portón lateral siendo seguido por el sub jefe de ESPA salvado ágilmente por el abogado Fabricio Sandoval y observando señas de dedos en la espalda del joven.

Los guardias de ESPA aglutinados en los portones impedían el paso a los futuros abogados y abogadas que andaban recibiendo un talle jurídico, para ellos no había diferencia entre las actividades de los universitarios, simplemente a nadie dejaban salir o entrar,lo que provocó un malestar generalizado.

Uno de los abogados del consultorio jurídico manifestó que les impedían el paso sin darles ninguna explicación más que “su jefe no les da permiso de dejar salir o entrar, nosotros tenemos diligencias qué hacer realmente”.

El profesional indicó que es una violación al derecho de libertad y la exposición a situaciones que puedan pasar.

Lo que logró enfurecer a la coordinadora del consultorio jurídico de apellido Kawas quien tuvo que salir personalmente a decirles a los guardias que dejaran salir a los estudiantes porque no había necesidad de que se comportarán de la manera en que lo hacían.

Los abogados acompañantes y una defensora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, hicieron sentir su insatisfacción a la mesa de las audiencias por el trato recibido en el portón de entrada, también se quejaron con Cirzhe Amaya, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quien a su juicio era correcto la actitud de los uniformados ya que aseguró que los universitarios que acompañaban a los encausados “romperían vidrios”.

Al terminar las audiencias de descargo los guardias perdieron el control del portón, los universitarios entraron pacíficamente sin ningún percance para abrazar a sus compañeros.

Comité de solidaridad preocupado porque crisis universitaria

A tempranas horas de la mañana de este jueves 29 de junio,  los guardias de seguridad de ESPA  abrieron los portones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a las nueve de la mañana empezó una conferencia de prensa que ofreció el Comité de Solidaridad con el Movimiento Estudiantil Universitario, en donde se pronunciaron en contra de la persecución y criminalización que sufren los y las universitarias por la defensa del derecho a la educación.

En tanto que los estudiantes en huelga de hambre lo recibieron con satisfacción después de una noche de zozobra vivida en horas de la madrugada, mientras carros con vidrios polarizados y desde patrullas tomaban fotografías y a las tres de la madrugada se escuchó una detonación de arma de fuego y luego una patrulla pasó frente a la UNAH.

El comité aseguró que estará realizando continuas acciones de respaldo al MEU,  en todos los centros regionales, además de denunciar la estigmatización y las campañas de odio que las autoridades universitarias lanzaron en distintos medios de comunicación, en donde se han dado a la tarea de pagar espacios publicitarios en contra de todas las personas que cuestionan la privatización, la aplicación de reformas y el autoritarismo con que se conduce el Alma Mater.

Este comité está formado por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación,ERIC-SJ, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), el Centro de Derechos de Mujeres,(CDM), el Comité por la Libre Expresión,(CLibre), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos,(CIPRODEH), el Observatorio Ecuménico d Derechos Humanos, la Orden franciscana, la Asociación de madres de Estudiantes cCiminalizados, entre otras.

No solo diálogo

Desde el año pasado OFRANEH realizó un acompañamiento con el movimiento estudiantil, Miriam Miranda, Coordinadora de esta organización quien participó activamente en la Mesa Mediadora y hoy se ven en la necesidad de constituir un comité de solidaridad por la preocupación de la crisis que atañe a toda la sociedad hondureña.

“Es un problema de país en el cual tenemos que involucrarnos todo el pueblo hondureño para rescatar a la universidad de este régimen dictatorial que rige en este momento, porque no solamente se está violentando los derechos de los estudiantes sino que está generando una dificultad improcedente a nivel nacional”, indicó Miranda.

Una de las soluciones que plantea la dirigente garífuna es la necesidad que las autoridades universitarias entablen el diálogo, pero por el nivel que ha alcanzado la crisis no solo se debe instalar conversaciones porque lo hicieron el año pasado y no cumplieron, por ende se tienen que tomar medidas efectivas que generen propuestas y avanzar un paso a la solución de los problemas sostuvo la lideresa.

“Se le fue de la mano a la rectora porque debe responderse a las demandas de los estudiantes que están solicitando que se instalen nuevas autoridades universitarias, se debe sentar a más alto nivel, pero cuando la rectora manifiesta que no va a atender el llamado de los organismos instituidos por el mismo Estado para ver el tema de derechos humanos, es preocupante” añadió Miranda.

Por la desobediencia que mostró la rectora Julieta Castellanos por no comparecer ante entes estatales para rendir cuentas se aumentan los problemas universitarios y es evidente que “no tiene ningún interés más que perpetuarse en el puesto”,  aseguró.

Para Miranda la rectora Castellanos está obedeciendo a una política dictatorial del régimen del gobierno central que indica que “no debe, ni puede seguir siendo la rectora, es hora de una administración con capacidad de diálogo con humanidad”, al referirse las declaraciones de la funcionaria en cuanto al asesinato del padre de familia Roberto Gómez, padre de uno de los 20 enjuiciados.

Lo anterior lo calificó como “la máxima expresión de deshumanización ya que de la universidad como la máxima casa de estudios se espera que impulse el diálogo, la inclusión y el respeto a los derechos humanos porque es la que genera pensamiento para el futuro, por eso digo que es un problema grande”,  indicó Miranda.

Deberes cristianos

Se contó con la presencia de religiosos en el Comité de Solidaridad, el fraile de la orden Franciscana, René Flores, dijo que por su mandato que en nombre de San Francisco, son instrumentos de paz y que como iglesia su deber es estar donde está en peligro la vida y considerando que la integridad física de los universitarios es precaria se dieron la tarea de acuerpar las acciones que se realicen para preservar este derecho fundamental.

“Los que tenemos mayor responsabilidad tenemos que estar apoyando, como cristianos este es nuestro lugar, cuidar a proteger a jóvenes que quieren ir más allá y lo que hacen es ser revolucionarios que es una buena palabra pero no delincuentes ni criminales”, aseveró.

Por su parte el pastor David Del Cid de la iglesia Cristiana Ágape comentó que su presencia solidaria es porque los y las jóvenes están exigiendo su derecho, en tanto que es estar a su lado cristianamente, espiritual, ya que el sermón del monte demanda acompañar a aquellos que demandan justicia.

“Lo que ellos hacen es demandar justicia frente a los atropellos y abusos que las autoridades cometen al no permitirles ejercer su derecho de elegir y ser elegidos, no tenemos otra opción que velar por su integridad en todos los aspectos física, emocional y espiritual” manifestó.

Ante la campaña que las autoridades universitarias puedan montar en contra de los religiosos, ambos atestaron no tener miedo, ya que como cristianos su lugar es estar acompañando a las personas que están en peligro de perder sus vidas por causas justas sostuvo el padre.

Resaltando que la sociedad el común denominador de la sociedad hondureña vive en un temor que es el pan de cada día, Del Cid argumentó que “el problema es si sucumbimos frente al temor independientemente sean las autoridades universitarias o el Estado quien criminalicen la protesta o quienes quieran quitarle valor al trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos y como iglesia tenemos el derecho de pronunciarnos en favor de lo que creemos es justo”.

Violación sistemática de derechos

Mientras que la coordinadora del COPINH,Berta Zúñiga Cáceres,  adujo que el apoyo al movimiento estudiantil es importante porque la problemática les atañe a todos, con este acto los movimientos sociales y populares en Honduras están en apoyo a la lucha de la defensa de la educación pública.

De paso denunciaron los patrones de estigmatización y criminalización pisoteando sus derechos al quitarles las becas o las menciones honorificas, entre estos atropellos esta José Manuel Cerén,  de origen lenca, que es uno de los afectados, ya que las regiones étnicas carecen de oportunidades para estudiar en una universidad.

Consideró que la paulatina privatización a la que está siendo sometida la UNAH excluye poco a poco a las grandes mayorías y que disminuye las posibilidades de acceder a la educación que es un derecho fundamental para la población hondureña dijo Zúniga.

Intransigencia contra la lucha social

El Comité está integrado por  alrededor de 40 organizaciones porque creen que lo que se está cometiendo contra el estudiantado, que además de ser violaciones de derechos humanos tiene el componente de abusos de autoridad por la rectora, autoridades administrativas y los cuerpos de seguridad del Estado explicó Pedro Landa del ERIC.

Esto se ve plasmado en los desalojos con uso excesivo de la fuerza, utilización de una estrategia y maquinaria que trata de desarticular al movimiento estudiantil que durante los últimos años ha demostrado beligerancia, pero uno de los puntos de preocupación es la criminalización de los universitarios continuó Landa.

A criterio del defensor, la sentencia contra tres universitario Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, es injusta, que es una clara manifestación de la intransigencia de las autoridades contra la lucha social derecho de los y las ciudadanas a nivel mundial contemplado en el artículo 23 de la Declaración de los derechos Económicos, Sociales y Culturales y los derechos.

Otro punto es que el aparato estatal ha hecho una serie de reformas desde el año 2004 tanto a la Ley Orgánica de la universidad como al Reglamento y que cada vez fueron cerrando los espacios de participación política, es necesario justo y justifica que los estudiantes ejerzan presión para recuperar estos derechos que se les quitaron y para denunciar todas las violaciones de las que son objeto por las autoridades administrativas y la seguridad estatal.

Sin miedo

Por otro lado, Katherin Cruz, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, expuso que se auto convocaron para ver la forma de apoyo a los estudiantes en lucha y que es urgente como sociedad hondureña se debe acuerpar al movimiento estudiantil.

Hizo un llamado al resto de la población a incorporarse al comité, al respecto a las campañas que la universidad viene realizando en contra de estudiantes, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, están preparados porque es una política de Estado desprestigiar, señalar como personas violentas y que se oponen a procesos.

Sobre todo dijo que el  comité son conscientes de la gravedad de los hechos que enfrenta el movimiento estudiantil y de eso dependió la existencia de la coalición finalizó Cruz.

Y la campaña no se hizo esperar por la noche en el noticiero TN5 la rectora Julieta Castellanos compareció diciendo que “Ong y grupos humanitarios financian revueltas en la UNAH para desestabilizar el país”.