Tomado de elpais.com:
El 25 de septiembre se reanuda el proceso contra un acusado de ser el actor intelectual del crimen, aunque Berta Zúñiga no confía en la justicia. "Tratan de ocultar a los máximos responsables".
El crimen se cometió el 2 de marzo de 2016 en la casa de la activista —a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital. En una conferencia de prensa organizada en la Casa de la Memoria de Ciudad de Guatemala, Zúñiga afirmó: "Los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de Desarrollos Energéticos S.A. [DESA] y personal militar activo", afirmó Zúñiga, quien informó en entrevista con EL PAÍS que la fiscalía de Honduras le comunicó hoy que la audiencia inicial contra David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y señalado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, se reanudará el 25 de septiembre. La familia espera que él sea enjuiciado y condenado.
El juicio contra Castillo fue suspendido en septiembre del año pasado, después de que familiares de Cáceres denunciaran irregularidades en el proceso. La fiscalía de Honduras afirma en su acusación que Castillo pidió al jefe de seguridad de DESA, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen,según la Fiscalía. Zúñiga asegura que participarán en el proceso contra Castillo, aunque no confía en la justicia hondureña. "Se han demostrado muchas irregularidades que tratan de ocultar a los máximos responsables. David Castillo es un actor intelectual, pero él es un subordinado de los intereses de los directivos, de los dueños de la empresa que siguen en la impunidad", afirma Zúñiga a este diario. La mujer dice que "no hay voluntad política" del Estado hondureño para esclarecer un caso emblemático, que ha atraído la atención internacional. A pesar de la "negligencia del ministerio público, hay mucha información sobre este caso, una violación a los derechos humanos. La causa para la búsqueda de justicia por Berta Cáceres se quiere cerrar con David Castillo".
DESA, propiedad de la poderosa familia Atala, se ha deslindado de los hechos. Berta Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo. "La justicia verdadera no llegará hasta que sean enjuiciados los máximos responsables y sea cancelada la concesión a ese proyecto de muerte, que se mantiene vigente por 50 años", dice su hija.
Bertha Zúñiga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres y así "neutralizar su resistencia al proyecto". "Ellos interceden con ministros y personas con alto nivel en Honduras, para tener presencia policial y militar en la región y atacar a la comunidad. Se asociaron ilícitamente para atacar a Berta Cáceres porque pensaron que asesinándola iban a detener su lucha".
Un informe publicado por expertos internacionales en noviembre de 2017 denunciaba que "la evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento" del asesinato. El plan se gestó en noviembre de 2015, según el documento titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, elaboraron por juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Ellos, además, denunciaron una "conspiración" para obstruir la justicia. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro", el único testigo del crimen de la reconocida ecologista.
En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2016, Castro contó que los sicarios entraron por la cocina de la casa de Berta Cáceres. Uno de ellos se dirigió a la habitación de la activista. “No se esperaban que yo estuviese en la casa. Pensaban que Berta iba a estar sola, porque la noche anterior su hija había volado a la Ciudad de México. Estaba todo planeado”. Uno de los sicarios disparó contra el también ecologista. “Me salvé por una milésima de segundo, si me hubiese movido un poco antes o después, estaría muerto”.
Honduras es considerado el país más peligroso del mundo para los ecologistas, según un informe de la ONG internacional Global Witness, que documenta los crímenes contra ambientalistas a nivel internacional. El organismo ha denunciado que entre 2010 y 2017 han sido asesinados 123 ecologistas en el país centroamericano. En estos crímenes, ha advertido, han estado ligados “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños. Este martes, desde Guatemala, Bertha Zúñiga exigió "la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales" del asesinato de su madre, en su lucha incansable por lograr justicia. "Las autoridades hondureñas parecen ser bastante ineficientes, no han respetado los estándares internacionales. Sin embargo, hay muchas pruebas. Más allá de confiar en el Ministerio Público, confiamos en esas pruebas, en que es clara la culpabilidad de David Castillo y en que no hay manera, si se respeta el debido proceso, de detener ese juicio".
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https://elpais.com/sociedad/2019/09/10/actualidad/1568141613_382422.html?ssm=TW_CC
