El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de Cáceres, y la tentativa de asesinato contra el líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. Los familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, decidieron que se realizara una investigación independiente ante las sospechas que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho, la cual asumió el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE.

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato, entre ellos a David Castillo como uno de los autores intelectuales del asesinato.

El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa DESA y de empresas de seguridad privada al servicio de la misma, de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.

También lo acusan de representar la violencia, corrupción e impunidad con la que se ejecuta el modelo extractivo en el país, su vinculación con diferentes delitos de corrupción, falsificación de documentos y con el cartel de narcotráfico “Los Cachiros” .

Familia exige requerimiento contra autores intelectuales

La familia de la defensora asesinada exige que se formalice el requerimiento fiscal en contra de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, el exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

El caso de la ambientalista Berta Cáceres representa la situación de peligro constante, de violencia e impunidad que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos y ambientalistas en Honduras.

Vea informe del GAIPE Aquí