La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los Estados deben respetar los derechos humanos establecidos y deben adecuar sus legislaciones internas, ya que la omisión los convierte en potenciales violadores de obligaciones generales de carácter internacional, en este caso comprendido en el derecho al debido proceso.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), ha mantenido una lucha ambiental, territorial y comunicacional explicando las irregularidades desde los ataques a la comunidad y los asesinatos de defensores y defensoras, en ello demuestran evidencias que en su momento fueron socializadas y que guarda el Ministerio Público para condenar a los hechores, pero que está lejos de usar.

El COPINH reclama porque se judicialicen a los dueños de la Hidroeléctrica DESA, ya que fue la cuna donde según la familia se entramó la estrategia del asesinado contra la lideresa indígena Berta Cáceres que fue consumado el 02 de marzo del 2016. Varias personas que trabajaron en la empresa fueron capturadas, entre ellos David Castillo.

El 04 de abril del 2019, la defensa de David Castillo se negó a participar en la Audiencia preliminar e interpuso solicitud para evacuación de pruebas en un momento procesal indebido, y de forma paulatina se fue reprogramando las audiencias el 14 de marzo del 2020, 25 de septiembre, 14 de agosto y este 21 de septiembre, de este mismo año, los abogados no se presentaron a la audiencia con el argumento de enfermedad. El Tribunal resolvió suspenderla a pesar de que la ley dice que se puede realizar sin las partes.

Los Estados partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios del debido proceso como el Derecho General a la Justicia, de igualdad, Justicia pronta y cumplida, a la Legalidad, de Defensa en general y en materia penal.

Los abogados del COPINH aseguran que podría vencer el término de la prisión preventiva del detenido, ya que el Código Procesal Civil de Honduras en el artículo 181 estipula la duración, donde la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años.

La comunidad indígena ha exigido al Estado de Honduras de varias formas, justicia para Berta Cáceres, sin embargo en el sistema judicial hondureño no se ven avances significativos a pesar de la presión internacional.