El pasado 05 de julio la Sala I del Tribunal de Sentencia, de la Corte Suprema de Justicia, condenó a Roberto David Castillo como coactor del asesinato contra Berta Cáceres, y este órgano de justicia a través de su presidenta dijo que estaban convencidos del involucramiento del imputado en el hecho violento que terminó con la vida de la Coordinadora General del COPINH, el 02 de marzo de 2016, en su residencia en El Líbano, La Esperanza, Intibucá, por un grupo de sicarios contratados para tal fin.
Fernández denunció que el Fiscal General Oscar Chinchilla se niega a sentarse con las víctimas para explicarles la ruta que lleva el caso, lo que implica una falta de voluntad para cumplir con su responsabilidad y de que la familia y el COPINH tengan acceso a la verdad y a la justicia.
Esperaría que el Ministerio Público haya intervenido los teléfonos de los Atala
El MP intervino muchos teléfonos el día del crimen, pero debió investigar a los Atala, a Pedro, José Eduardo , Jacobo Atala y Daniel Atala Midence, que son las cuatro personas que están arriba de David Castillo y fue la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres, dijo de forma contundente Fernández.
Sin embargo lamentó el comportamiento permisivo y perezoso del Ministerio Público para citar a los señalados al juicio lo que dejó entrever "las prácticas muy notorias de privilegiarles, de no citarles ni siquiera como testigos, no pedirles ninguna información, no notificar a la familia de Berta Cáceres, al COPIHN, a los abogados, lo cual tiene que ver con el poder de los Atala y el pacto de impunidad expreso o implícito del funcionamiento de la institucionalidad en Honduras".
No obstante espera que el Ministerio Público haya adelantado diligencias para sentar en el banquillo de los acusados a estas personas, “espero que ya tenga resultados y que nosotros podamos tener acceso a esa información para analizarla y ver qué responsabilidad tienen estas personas en el crimen”.
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