Los estudiantes con este proceso penal son Génesis Aracely Andino, Tiffany Nicolle Zúniga Reyes, Any Raquel Blanco, Karen Giselle reyes Pineda, Gloria Sarahí Mejía Pacheco y Tony Jossel Barahona Cruz. Todos pasaron más de 12 hora tanto en la Policía Metropolitana como en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, esperando la Audiencia de Imputado entre el 16 y 17 de junio de 2017 y estuvieron ante el juez con grilletes en sus pies y manos.
En la Audiencia de Imputado realizada el 17 de junio se presentaron varias irregularidades que violentan el Debido Proceso entre ellas que el requerimiento fiscal no estaba autorizado por la rectora Julieta Castellanos, tampoco el de los que presentó como víctimas de privación injusta de la libertad que son empleados de la Facultad de Química y Farmacia, a pesar de ello el Juez aceptó el Requerimiento aduciendo de era parte del proceso legal.
Este 26 de julio de 2017 estarán representados por un cuerpo de abogados de C-LIBRE, CIPRODEH, Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos y un abogado privado que lleva el caso de Tiffany Nicolle Zúniga Reyes.
De llevarse a cabo respetando el Debido Proceso el juez a cargo debería dejarlos con sobreseimiento definitivo ya que los delitos por los cuales se les acusa no están sustentados.
Este proceso se suma al incoado contra 20 estudiantes el pasado 24 de mayo y a otro en San Pedro Sula contra otro estudiantes, así como acciones intensas de represión entre ellas el envío de paramilitares para golpear estudiantes en esa Facultad de la UNAH.
Las acciones estudiantiles se agudizaron por la sentencia contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, realizada el 07 de junio por la Sala Cuarta del Tribunal de sentencia de Tegucigalpa. Hoy hay una huelga de hambre que ya cumple casi el mes de iniciada y acciones contantes de protesta del estudiantado.
La rectora Castellanos trata de contener estas protestas con las mismas tácticas: procesos penales, campañas de desprestigio, de odio y estigmatización contra estudiantes y represión por la policía y paramilitares contratados de una empresa de seguridad que ha dejado varios heridos.
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