En el 2015, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, fueron criminalizados por ejercer el derecho de la protesta social en las tomas universitarias del movimiento estudiantil, que exigía la participación en el Consejo Universitario establecido en la IV reforma universitaria o Ley Orgánica, así como el respeto a los derechos de los estudiantes y contra la privatización de la educación pública

La persecución inició contra ellos desde el 2014 cuando junto a cuatro estudiantes más fueron expulsados de las aulas universitarias solo por protestar, volvieron gracias a un Recurso de Amparo impulsado por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el 2015.

Fueron sentenciados el 07 de mayo del 2017, a través de una resolución que permaneció tres años en audio, fue hasta septiembre del 2020 que consta en el expediente, eso evitó el acceso a la justicia para los afectados. El problema es que el Tribunal pasados más de cuatro meses no ha notificado a las partes, y sigue el calvario, están presos en Honduras pues tienen prohibición de salir del país y conculcados sus derechos civiles y políticos.

Organizaciones internacionales de Sociedad Civil y Derechos Humanos, manifestaron su preocupación por la criminalización y emitieron cartas por los procesos de violación a los derechos de libertad de expresión, asociación y democratización, que desde el 2014 la UNAH fomentó hacia los estudiantes.

Según los ex estudiantes, la UNAH llevó todo un proceso encabezado por Julieta Castellanos, Ajax Irías y otras autoridades. Otros estudiantes, más de 200 enfrentaron juicios y cárcel pero sus procesos en la mayoría de los casos no siguieron el curso penal por una conciliación que se llevó a cabo con las nuevas autoridades encabezadas por el rector Francisco Herrera, quien ha señalado que quiere resolver las cosas.

Pero las secuelas de la criminalización en Sergio, Cesario y Moisés les cerró puertas para encontrar trabajo o hacer la práctica profesional, porque tenían el estigma de revoltosos, o lo identificaban como los encapuchados, que fueron propiciadas a través de campañas publicitarias donde la ex rectora Castellanos pagó millonarias sumas de dinero a los medios de comunicación.

Cesario Padilla, ahora ejerciendo el periodismo y defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos en general, relató que el solo hecho de estar fuera de la universidad realizando alguna cobertura periodística ya es identificado y señalado, situación que es muy complicada porque cuando entra  a una  biblioteca u otro espacio del campus universitario, enfrenta  un hostigamiento permanente.

“El tener una sentencia a cuestas, donde se emplea el país por cárcel, es saber que en cualquier momento la pueden ejecutar, cada día el salir a trabajar y regresar a casa es una victoria, y mientras no se entregue la individualización de la pena por escrito no se puede apelar el proceso para revertir los efectos”, destacó Padilla.

Este 17 de enero Moisés Cáceres fue detenido en un retén policial  porque le aparecía una orden de captura en el sistema,  al monitorear su identificación. La policíale dijo que siguiera una patrulla policial para llevarlo a una posta, allí iba su esposa y su hija pequeña, quienes han vivido bajo sobresaltos en todo este tiempo. Al llegar a la posta verificaron y como no estaba la orden de captura lo dejaron ir.  

Cáceres describió a pasosdeanimalgrande.com que se trata de una repercusión  que ha tenido desde el 2015, donde la ex rectora Castellanos le cerró los espacios donde realizaba la práctica profesional, primero en la Dirección de Vinculación y luego en la Secretaría de Derechos Humanos, razón por la que no pudo finalizar sus estudios universitarios y graduarse, desde entonces ha permanecido desempleado.

Expresó que ha tenido contacto con el rector Francisco Herrera, quien supuestamente tiene a disposición  para que una vez que se entregue la individualización de la pena y notifique a las partes se pueda solventar este problema concluyendo el  proceso.

La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ASPODEHU, impulsó que se les brindaran medidas de protección a los tres líderes para resguardar sus vidas y les sigue acompañando en el proceso actual.

Los ex estudiantes manifestaron que no consideran que las medidas de protección otorgadas por el mecanismo hayan tenido alguna eficacia, debido a que la Policía Nacional es la encargada de implementarlas  pero no las cumple.

En el caso de Cesario Padilla, los policías llegan a tomar fotos de su casa y tratan de ver hacia adentro , violentando el derecho a la intimidad y la resolución del Comité Técnico donde se estableció a petición del afectado y la ASOPODEHU que establecieron que los agentes no podían tomar fotos. Los patrullajes no se cumplen y en vez de la protección hay una vigilancia permanente en su casa.

Pen International ha emprendido una campaña en favor de Cesario Padilla, quien es miembro de Pen Honduras. Estas acciones están en todos los continentes y se trata de escribir cartas a las autoridades , entre ellos el rector de la UNAH Francisco Herrera, quien ha respondido que tiene la voluntad política de concluir este episodio vergonzoso en la historia de la universidad revisando qué hacer para que el proceso penal quede concluido.