Rubí en su relato a pasosdeanimalgrande.com  comentó que los militares exigían  a los integrantes de la Policía Nacional que lo llevaran “enchachado”. Luego de la detención fue remitido a la estación policial del municipio de Nacaome.

Él  le explico al policía de apellido Baquedano, encargado de la estación policial que él andaba en su labor periodística, pero nadie se atrevía ni a leer sus derechos y mucho menos a realizar el respectivo informe  en el libro de novedades.

El comunicador social denunció que estuvo detenido desde las 12:30 del día hasta  las 10:00 de la noche, permaneciendo casi ocho horas. Con esta acción  no solo se violentó la labor del periodismo .

Durante la detención Rubí recibió cualquier cantidad de palabras intimidantes que buscaban hacerlo desesperar . Dentro de las explicaciones que les dio a los policías es que era muy importante que se le respetara el libre ejercicio de su profesión.

El caso de Neptali Rubí es uno de los muchos que se ven casi a diario en el país, mientras  poco o nada ha realizado el Colegio de Periodistas de Honduras, (CPH), los directivos en su mayoría se hacen los de los oídos sordos.

En la esta crisis post-electoral  que atraviesa el país se han dado varias agresiones a periodistas y también violaciones a libertad expresión, así como las violaciones a las  libertades y garantías  que establece la Constitución  de la República  y convenios que ha suscrito el estado con respecto a la libertad expresión.

Neptalí Rubí conduce un programa variado que incluye, notas políticas, culturales, religiosas, entre otras, el cual salió al aire hace tres años.

Rubí dijo que al ver la represión decidió ingresar a una gasolinera porque había uso excesivo de la fuerza, luego de ingresar a la gasolinera un grupo de militares se acercaron un poco y le dijeron vení para acá, a lo cual el atendió el llamado,  “salite de ahí si no ya vas a ver” a lo que le contestó “ hermano ando aquí trabajando y la respuesta fue ¿Cuál es,  ahora apretala……”.

La censura y autocensura se ha entronizado en los medios de comunicación y periodistas de la zona Sur del país. “lamentamos la situación difícil porque los que denunciamos somos marginados y pasamos por estas condiciones”, finalizó Rubí 

En el marco de la crisis producto de las denuncias de fraude electoral en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 la libertad de expresión se ha visto amenazada por el autoritarismo. Decenas de periodistas han sorteado diferentes obstáculos entre ellos las detenciones arbitrarias, amenazas a muerte, lanzamiento de gases lacrimógenos mientras cubrían desalojos violentos de manifestantes contra el fraude electoral.

El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, señala la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de fecha 13 de diciembre de 2013.