El nuevo Código Penal fue aprobado en mayo de 2019, se dijo que entraría en vigencia el 10 de noviembre de ese m ismo año, pero debido a la presión nacional e internacional se pospuso para el 20 de mayo de 2020.

Lo que se refiere al artículo que se señala arriba, manda que “Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o la sede el titular del Poder Ejecutivo, cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión”.

Esta penalización sanciona de tres a seis años de prisión y en caso de tener un cargo u oficio público de seis a 10 de inhabilitación .

Quienes generalmente se han manifestado de manera pacífica en movilizaciones o plantones a presentar propuestas o solo permanecer en los predios de estas instituciones para ejercer presión al Estado para que reconozca la participación ciudadana dentro de las reformas que ejercen los poderes y que respete los derechos fundamentales, lo que denota que es una disposición dirigida para obstaculizar la libertad de expresión a través de la protesta social.

Desde el Golpe de Estado en 2009, las autoridades que se instalaron ilegítimamente en casa presidencial han usado vallas y militares para detener el paso hacia casa de gobierno, igual sucede con el Congreso Nacional.

En la Corte Suprema de Justicia se mantiene cerrada la calle de acceso a este poder del Estado cuando se anuncian manifestaciones.

En los últimos 10 años las movilizaciones de la población en reclamo de sus derechos han sido constantemente reprimidas incluyendo periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, defensores de derechos humanos, niños, entre otros grupos de.

Desobedecer un funcionario debe ser castigo de 20 a 60 días de multa

Este nuevo Código Penal señala en el artículo 609: “Alteración contra el orden público. Quienes perturben levemente el orden de un Tribunal o la celebración de actos públicos, espectáculos deportivos, culturales o reuniones numerosas deben ser castigados de 20 a 40 días de multa”.

Se suma el artículo 610 que señala la Desobediencia leve. “quienes desobedezcan levemente órdenes legítimas por una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con la pena de multa de 20 a 60 días de multa”, deja a la discrecionalidad del poder el uso de la criminalización penal.

En muy común que durante las manifestaciones personas son agredidas o capturadas por la policía nacional o militar al gritar “Fuera JOH”, que se ha convertido una consigna de la ciudadanía en rechazo al presidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien ha permanecido en el poder desde el año 2014.

Hernández se mantiene por el apalancamiento de Estados Unidos, a pesar que está vinculado en investigaciones de corrupción, narcotráfico, fraude electoral, desfalco de instituciones públicas, crimen organizado, entre otros escándalos a nivel nacional e internación

En su gestión la crisis migratoria se ha agudizado desde el 2018, hay desplazamiento forzado de pueblos indígenas, huelgas estudiantiles, protestas de la Plataforma por la Salud y Educación, donde se demanda la no privatización de los servicios que garantizan el derecho a la salud y la educación.

Con el nuevo Código Penal se violenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros co0nvenios internacionales que protegen los derechos fundamentales.

Este otorga a la persona la facultad de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir información, así como difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio.