Honduras no rechazó ninguna de las recomendaciones y entre ellas existen varias relativas a la libertad de expresión e información, pero el asesinato, amenazas, hostigamiento y enjuiciamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos, continúan a la orden del día. Las autoridades tampoco han hecho lo suficiente para investigar y enjuiciar los crímenes en contra de los comunicadores sociales, Se estima que el 91% de estos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Recomendaciones en materia de libertad de expresión

¿Se ha cumplido?

“Aquí los reciben a todos, le dicen sí a todo, pero al final nada se cumple”, asegura Tirza Flores, representante de la Coalición contra la Impunidad, un criterio que también es compartido por Carlos Sierra, coordinador del área de seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Y es que ellos tienen razón, Honduras ha sido muy efectiva en términos declarativos o de asumir responsabilidades, pero en la realidad muestra lo contrario. Se comprometió a fortalecer CONADEH y la institución sigue débil y con las mismas oficinas regionales con que nació. No creció ni se multiplicó, porque los gobiernos no le han dado la importancia que merece a la defensa de los derechos humanos y por esa razón esta entidad sigue siendo incapaz para darle respuesta a la población.

En la misma situación se encuentra la institución protectora de los derechos del niño. A finales del año pasado el gobierno desapareció al IHNFA para convertirlo en la DINAF, un organismo que por falta de recursos económicos privatizó los cuatro centros de internamiento de menores y otras unidades importantes para la niñez.

Se estima que en el 2014 Honduras registró 1,031 ejecuciones de niños, niñas y jóvenes; superando con 21 casos al 2013. Más de un millón de niños no tienen oportunidades educativas y medio millón son explotados laboralmente.

En los últimos dos gobiernos se ha podido notar que sectores como educación, salud y niñez fueron debilitados con recortes presupuestarios. No obstante, a pesar de que Honduras no se mantiene en guerra, se ha fortalecido el Ejército. A esta institución el gobierno le ha cedido un componente educativo, que muchos sectores de la sociedad califican de adoctrinador y de entrenamiento militar para los niños.

Es el programa “Guardianes de la Patria”, un espacio donde miles de niños y niñas pobres y residentes en colonias marginales, reciben entrenamiento por miembros de las Fuerzas Armadas.

Periodistas y defensores de derechos humanos

El Estado admitió la recomendación de proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, de enjuiciar los responsables de los asesinatos y amenazas, pero la incumplió. Los últimos dos gobiernos en lugar de contener la avalancha, han sido parte del acoso, intimidación y persecución contra los comunicadores sociales y líderes de organizaciones que se manifiestan en contra de sus políticas, muchas de ellas inconstitucionales.

El anterior y presente gobierno se han dado a la tarea de criminalizar la protesta pacífica. Estudiantes, maestros, campesinos, obreros y hasta periodistas y abogados, han sido detenidos y encarcelados por participar en manifestaciones públicas en defensa del territorio, el agua, el bosque, la educación, la salud y de otras instituciones públicas.

El 9 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un decreto que prohíbe que los maestros, padres de familia y alumnos realicen manifestaciones públicas, varios maestros y directores de centros educativos han sido procesados administrativamente. Situación similar han vivido estudiantes de secundaria y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) donde muchos de ellos han sido excluidos a través de la expulsión.

Últimamente en Honduras pensar de manera diferente al Presidente de la Republica y de los altos funcionarios de gobierno, se ha vuelto sinónimo de crimen. El enero pasado, el mandatario vinculó con bandas criminales a diputados y demás personas que se oponían a darle rango constitucional a la Policía Militar.

Cabe mencionar que tampoco ha habido voluntad para investigar las muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales. De los 51 asesinatos que cuenta el CONADEH solo cuatro han sido resueltos parcialmente a través de sentencias condenatorias. En los casos resueltos solo fueron procesados los hechores materiales, no así quienes dieron la orden de liquidarlos.

“El 2014 fue marcado por la muerte violenta y la impunidad”, indica el CONADEH, organismo que también registra múltiples denuncias de persecución, amenazas, agresiones y querellas contra periodistas y comunicadores sociales.

La falta de investigación y de procesamiento de los responsables de estos asesinatos no solamente constituye una vulneración del derecho a la libertad de expresión sino también la violación al derecho a la vida y a la justicia. Ese retardo en la justicia también les niega a los familiares el derecho a la información y a conocer la verdad.

En otro sentido, la falta de investigación criminal impide que la población conozca las verdaderas causas de la violencia, no solo contra los periodistas y defensores de derechos humanos, sino de la generalidad. En repetidas ocasiones funcionarios del Estado han asegurado   que ninguno de los asesinatos de periodistas tiene relación con el ejercicio de su profesión. No han realizado las investigaciones, pero el discurso se oficializó y lo repiten cuantas veces se les pregunte.

Muchos de los periodistas asesinados, días antes denunciaron actos de corrupción en sectores públicos y privados, pero las autoridades opinaron lo contrario aun sin haber levantado los cuerpos.

La situación no es nada diferente para los defensores de los derechos humanos. A nivel regional Honduras también se ha ubicado en los primeros lugares en represión y persecución política contra este sector tan importante para la democracia del país.

Hace varios meses que el Congreso Nacional inició las discusiones para la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El proyecto estaálisto para su tercer y último debate, pero hay organizaciones de la sociedad civil que han manifestado preocupación porque el dictamen no aborda el tema con la especialización que se requiere para cada uno de los sectores.

“No es lo mismo darle protección a un periodista que a un juez o a un defensor de los derechos humanos”, dijo Tirza Flores, cuando fue abordada por este medio digital, sobre el tema. Para ella, la Ley carece de distinción entre las medidas preventivas y las reactivas, es decir, que se enfoca principalmente en la pena cuando ya han ocurrido los hechos.

Acusaciones penales

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas también se ven limitados en su accionar por las acusaciones de calumnia, injuria y difamación, figuras penales que imponen hasta cinco años de prisión cuando el juez los declare culpables.

El pasado 16 de marzo un tribunal penal de la capital, condenó a la defensora de los derechos humanos y coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, Gladys Lanza, a un año y seis meses de prisión. Ella fue acusada de difamación tras haber apoyado a una denunciante que el director de FUNDEVI, Juan Carlos Reyes, la acosó sexualmente, ella era una de sus empleadas em dicha entidad

En diciembre de 2013 también fue condenado el periodista Julio Ernesto Alvarado, a 16 meses de prisión por denunciar actos de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).Organismos internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Sociedad Interamericana de Prensa, recomendaron en el 2013 despenalizar de manera parcial la difamación y la calumnia. El entonces presidente de la República, Porfirio Lobo, se comprometió a llevar al Congreso Nacional un proyecto de ley, pero todo quedó en puros ofrecimientos.

A lo anterior también se suma que muchos defensores de derechos humanos, estudiantes, maestros y algunos periodistas han enfrentado acusaciones de usurpación y sedición cuando acompañan causas para defender el derecho laboral, a la tierra, a la educación, entre otros. El delito de sedición es usado para criminalizar las manifestaciones públicas.

Acceso a la Información

Los funcionarios del Estado también se comprometieron a implementar completamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una situación que no ha sido posible porque el ente encargado presenta dificultades económicas y de infraestructura regional y local. Además los comisionados electos responden más a los intereses del partido que los llevó al puesto, que a la misma Ley.

Existen casos donde el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha resuelto recursos de revisión presentados en el 2012 hasta el 2015 cuando los funcionarios denunciados ya no se encuentran en sus cargos.

En cambio, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, permite reservar información hasta por 25 años clasificándola en confidencial, secreta y ultra secreta. Organismos de la sociedad civil han solicitado su derogación, pero ha sido imposible.

Esta Ley limita las funciones del ya debilitado Instituto de Acceso a la Información Pública y otorga esas facultades a los funcionarios del Poder Ejecutivo. A casi 10 años de haber sido fundado el IAIP sus comisionados han sido incapaces de obligar a las municipalidades a establecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. El resto de instituciones públicas tampoco publican toda la información a que están obligados según la Ley.

Comunicaciones

Los estados también le recomendaron a Honduras adoptar las medidas necesarias, incluyendo reformas legislativas del sector de comunicaciones para garantizar la libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y de información pública. Además, le pidieron asegurar la libertad de expresión de acuerdo lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En torno a este tema, en el 2013 se generó un amplio debate, pero el Congreso Nacional, que en ese momento era presidido por el mandatario actual, no aprobó ninguna reforma a Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones, sino que por la vía administrativa la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó un reglamento para radios comunitarias, un documento que en lugar de liberarlas las limita en sus programaciones. La normativa prohíbe debatir y criticar los problemas de orden político que se generan en el país.

Otorgaron 160 frecuencias surgidas de la recanalización del espectro radioeléctrico, pero solo 20 se fueron para comunidades y organizaciones sociales, a pesar de que la recomendación era dar acceso igualitario para evitar la existencia de un cerco informativo proveniente de los sectores con mayor poder económico y político.

Personas en riesgo

Otra de las recomendaciones que aceptó Honduras es la de garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas precautorias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para el gobierno el Estado ha hecho un esfuerzo considerable por proteger a cientos de beneficiarios, pero la realidad que se presenta en el país es diferente,

A los beneficiarios de estas medidas el Estado les ofrece protección policial, pero nadie desconoce que en este país muchos agentes de la policía integran bandas del crimen organizado y eso crea desconfianza en las personas a quienes se les ofrecen protección. Son tres opciones las que el Ministerio de Seguridad les ofrece a quienes gozan de medidas cautelares.

La asignación de un agente para que lo acompañe, el patrullaje en las zonas de trabajo y de residencia y el servicio a través de llamadas. Muchos aceptan la última por considerar la de menor riesgo. Ante tal situación no puede pasar desapercibida la muerte violenta de varios periodistas que entre 2010 y 2011 fueron asesinados a pesar de ser beneficiarios de estas medidas solicitadas por la CIDH.

Otra limitante para aceptar patrullajes o escoltas es que el o la beneficiaria de la medida debe pagar la comida de los agentes y el combustible de las patrullas o las motocicletas donde se movilizan, es en concreto un costo asumido por la persona amenazada y el Estado sencillamente se lava las manos aduciendo falta de recursos.Muchos beneficiarios de estas medidas también han sido víctimas de la represión de la policía y del ejército cuando participan en manifestaciones pacíficas.

Etnias

Difícil situación también es la que viven los pueblos indígenas y afro hondureños como producto del racismo y la discriminación existente en el país. Los garífunas de la costa norte y los lencas radicados de la zona occidental, son víctimas del despojo de bienes y del marginamiento estatal que los obliga a cambiar sus formas de vida.

Estas comunidades han demostrado ser incansables en la defensa de los recursos naturales y demás derechos humanos, pero el gobierno les ha criminalizado la protesta y los reprime siempre que se manifiestan pacíficamente. Son muchos los líderes lencas y garífunas que hasta hoy han sido encarcelados y acusados de usurpación y de sedición por defender la salud, la educación, los ríos y el territorio que les pertenece.

El 28 de marzo de 2011, la Policía Nacional reprimió una manifestación pacífica en la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, en Tela Atlántida y arrestaron violentamente a la coordinadora general de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda. La golpearon, la arrastraron por el pavimento y a pesar que una bomba lacrimógena le causó quemaduras en el abdomen fue encarcelada sin atención médica.

La líder garífuna fue acusada de sedición, pero por la presión popular y la solidaridad internacional un juez penal le concedió libertad provisional.

De igual Manera y en varias ocasiones también ha sido procesada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres y varios líderes lencas más que defienden los derechos comunitarios.  

Radios comunitarias de las comunidades indígenas y garífunas han sufrido en los últimos años de daños que van desde la interrupción en sus programaciones hasta el incendio de edificios y equipos.   En mayo de 2014 el COPINH denunció que miembros del Partido Nacional sabotearon la programación de la Radio Puca Opalaca.

Mientras que el 7 de abril de 2011, en horas de la noche varios desconocidos incendiaron la casa de Alfredo López, director de la radio Faluma Bimeto, (Radio Coco Dulce) de la comunidad del Triunfo de la Cruz. Las instalaciones de esta emisora comunitaria, identificada por denunciar el riesgo a expropiaciones por parte de los proyectos turísticos emprendidos por políticos y empresarios locales, ya habían sido incendiadas a inicios del 2010.

Los tolupanes de Yoro y los Maya Chortis de Ocotepeque y Copan también sufren situaciones similares.

Autocensura por miedo

Según el coordinador del área de seguridad ciudadana del CIPRODEH, Carlos Sierra, Honduras transcurre por una avenida peligrosa porque al criminalizar la libertad de expresión y la protesta, el Estado incurre en violación a los derechos humanos. “Y esto es aún más grave cuando lo hace contra un comunicador social o un periodista”, expresó.

Sostuvo que la criminalización de los derechos humanos no solo es un efecto urbano sino también de los grupos que cuidan el bosque o una reserva natural que se pronuncian ante una municipalidad o ante la Secretaria de Recursos Naturales. Ellos son criminalizados porque se dice que están en contra del desarrollo o que tienen una ideología distinta.

A su juicio, Honduras ha entrado en el fenómeno de la censura o de violación de la libertad de expresión porque existe la censura por el miedo.

“Muchos periodistas están optando por no seguir líneas investigativas para no sacar a la luz pública las fuentes o las investigaciones que han realizado, por el miedo de que el Estado de Honduras no está protegiendo su labor”, Carlos Sierra.

En línea continua, siguió diciendo; “estamos llegando a un Estado que no garantiza la libertad de expresión y que la labor periodística no se va a poder desarrollar, pero ¿qué va a pasar cuando un periodista no pueda desarrollar bien su trabajo por miedo a afectar algún poder y que el Estado pueda reprimirlo?”, se preguntó.

Reflexionó que a nivel mundial México se lleva el primer lugar en asesinatos de periodistas, pero que Honduras lo sigue de cerca, una situación que está llevando al gremio a la autocensura.

Para él, a nivel de Estado, Honduras juega con doble moral, al suscribir y ratificar muchos tratados y aceptar recomendaciones en materia de derechos humanos, que al momento de cumplirlas los funcionarios hacen lo contrario.

Relató que en la zona norte muchos periodistas han muerto por denunciar la corrupción de las corporaciones municipales, y en el oriente del país también han muerto periodistas porque sus programas se enfocan a la investigación de acciones ilícitas.

Lamentó que sean las mismas autoridades y el Colegio de Periodistas de Honduras quienes desincentiven la denuncia por parte de los comunicadores sociales, recomendándoles a manera de freno, que regulen sus programaciones.

En ese mismo sentido, se pronunció la representante de la Coalición contra la Impunidad, Tirza Flores, para ella, es preocupante el asesinato de periodistas y la falta de voluntad del gobierno para investigar y castigar los crímenes. “Las recomendaciones no se han cumplido porque el asesinato de periodistas y de comunicadores sociales ha continuado y no llega ni al 5% lo que se ha judicializado”, indicó.

Agregó, que el Estado tampoco cumplió la recomendación de democratizar el espectro radioeléctrico, porque si bien es cierto que hubo una reforma, la mayoría de las frecuencias no se entregaron para radios comunitarias sino que a personas que no tienen ni el conocimiento de lo que eso significa. Denunció que el gobierno les impuso a estas emisoras restricciones en sus programaciones.

No niega que el convenio suscrito entre el gobierno y Transparencia Internacional sea algo beneficioso para el país, pero lamentó que de manera paralela el mismo gobierno lo presente como un logro a nivel internacional y apruebe una ley de clasificación de la información pública relativa a la seguridad nacional, limitando las funciones del IAIP.

También mencionó la violación de la libertad de expresión de que son objeto los empleados del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, instituciones que en sus reglamentos han establecido prohibiciones para que sus trabajadores no se pronuncien públicamente o ante los medios de comunicación.

Ante tal situación, sostuvo que de cara al EPU que se realizará el próximo mes, las organizaciones civiles han trabajado en un informe de la situación que se presenta en el país. “Y ahora estamos conformando la plataforma EPU Honduras donde hay más de 50 organizaciones civiles y hemos diseñado un plan de incidencia para que EPU nos ayude a salir de esta crisis de violación de derechos humanos que hay en Honduras”, reiteró Flores.

Como parte de su estrategia la sociedad civil ha visitado embajadas en Tegucigalpa, misiones diplomáticas en Ginebra, cancillerías en países europeos y se alistan para asistir al EPU que se realizará en Ginebra el próximo mes de mayo.

Se refirió a la recomendación de incluir como causa de discriminación la orientación sexual y la identidad de género, una situación que sigue causando problemas a pesar de que hubo una reforma al artículo 321 del Código Penal, “pero vemos en el caso de Evelio Reyes que ese tipo penal no sirvió de nada, porque no se aplicó”, dijo.

En parecidos términos también mencionó la creación del Consejo de la Judicatura, un organismo que en lugar de fortalecer la independencia judicial, hace lo contrario. “Y dicen que nosotros andamos poniendo en mal a Honduras pero la idea no es esa sino que se enmienden. Asi funciona la cuestión y lo que pasa es que Honduras es un Estado que no cumple ninguna recomendación”, puntualizó Flores.