El 05 de noviembre de 2020, el Estado de Honduras acudió al Examen Periódico Universal EPU, ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU donde fue evaluado en la situación de los derechos humanos. De allí surgieron dichas recomendaciones. Aunque los funcionarios que representaron a Honduras hicieron todo lo posible por mostrar un país respetuoso de los derechos humanos, las recomendaciones que los países miembros señalaron, se repiten en su mayoría a las que surgieron de los EPU 2010 y 2015, lo que denota una profundización de la situación.

A implementar las recomendaciones

Este 26 de febrero, se realizó una reunión virtual entre Alicia Shackelford, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas ONU en Honduras, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH y algunos representantes de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la implementación de las recomendaciones del

Albaladejo explicó que el Estado es quién tiene la responsabilidad primaria en el ámbito de respecto y garantía de sus obligaciones asumidas de manera soberana y no puede alegar que no recibe aportes o acompañamiento, la sociedad civil tiene un rol clave es decir el de exigir plantear y acompañar.

Exhortó al Estado a que trabaje conjuntamente con los sectores claves de la sociedad civil en la implementación y que a partir de las recomendaciones se haga un plan de acción que defina las instituciones responsables, aprovechando la presentación de las principales preocupaciones de las violaciones de derechos humanos.

Dijo que  Honduras cruza uno de los periodos más difíciles por las consecuencias del covid-19 y los de carácter humanitario, social y económico, que presentó un reto en el inició del 2021,  para la recuperación del país, en medio de un proceso electoral con un aumento de manifestaciones sociales donde han observado detenciones arbitrarias y casos de violencia preelectoral.

La OACNUDH ha  observado situaciones regresivas contrarias a las relaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, así como ha asistido y monitoreado violencia sistemática hacia las mujeres,  documentado 35 muertes violentas durante el año, 15 en las últimas semanas.

Honduras tiene dos posibilidades con respecto a estas 223 recomendaciones que formularon un total de 85 Estados, puede aceptarla o solamente tomar nota ya que es un compromiso político al más alto nivel sobre el que tiene que construir,  y eso genera expectativa en la implementación de las mismas,  mientras que las que el Estado no adopte, no significa que las rechace, pero no están al mismo término de compromiso en los próximos años que tendrá que rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Alicia Shackelford comentó que las Naciones Unidas seguirán impulsando la participación efectiva y fortaleciendo del trabajo alrededor de los Derechos Humanos, a través del Alto Comisionado,  para que  las intervenciones vayan alineadas al EPU 2020, esperando que Honduras acepte la mayoría de las recomendaciones.

Shackelford expuso que están al pendiente de toda la situación en Honduras sobre derechos humanos principalmente sobre los femicidios, reconociendo el papel del Estado y la sociedad civil en apoyar las mismas recomendaciones, monitoreo e implementación.

Recalcó que muchos países tienen planes de trabajo conjunto y que espera que se pueda ver  un proceso para ir en esta dirección en Honduras.