Como consecuencia de las acciones promovidas por Belinda Flores,decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, el 13 de diciembre de 2013 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras por unanimidad de votos decidió castigar a Alvarado por haber prestado su espacio noticioso, “noticiero Mi Nación”, para que un docente de ese centro de estudios denunciaran actos de corrupción en la emisión de títulos por dicha funcionaria, de acuerdo a un informe investigativo.
El caso data desde el año 2006 y la resolución antes mencionada es como resultado de una querella por difamación y expresiones constitutivas de injurias, acusación impulsada para lograr una condena contra el periodista.
En el año 2011 un Juzgado de Primera Instancia emitió una resolución absolutoria a favor del comunicador social, pero la parte acusadora no se quedó tranquila y continuó impulsando acciones legales a través de una casación que logró tener éxito.
Dado la gravedad del caso a través de dos defensoras de derechos humanos hondureñas y Pen Internacional se interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dado que el afectado encontró cerradas las puertas de la justicia y tropezó con muchos obstáculos que violentaron el debido proceso. También se presentó la denuncia para que este organismo internacional también se pronuncie en el caso de fondo.
En noviembre de 2014 se agudizó las acciones de la parte acusadora para lograr que se le suspendiera de la profesión pues los intentos de mandarlo a la cárcel fallaron después que Alvarado pagó una conmuta por cada día de cárcel, lo cual está contemplado en el sistema jurídico de Honduras.
El objetivo de Flores a través de su apoderado legal ahora se encaminaba a dejarlo fuera del periodismo por un año y cuatro meses, pero la acción ante la CIDH evitó que se continuara ejecutando la sentencia.
Elementos resolutivos de la CIDH
Aunque el Estado de Honduras no asume su responsabilidad de cumplir con la decisión de la CIDH, la sentencia está parada, sin embargo la falta de voluntad política de los funcionarios estatales ha puesto en grave riesgo la libertad de expresión en Honduras.
Se espera que muy pronto la CIDH se pronuncie en el caso de fondo, mientras tanto Alvarado señala que se siente en vilo dado que en cualquier momento pueden ejecutar la sentencia.
Actualmente Pen Internacional, la abogada Kenia Oliva, apoderada Legal de Alvarado y Pen Honduras están realizando más acciones a favor del afectado.
Las querellas contra periodistas están a la orden del día en Honduras con el objetivo de silenciar voces críticas.
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Solo en el año 2012 se presentaron 25 acciones encaminadas a enviar a la cárcel a los comunicadores, no se tienen datos del 2013 a la fecha porque la Corte Suprema de Justicia maneja el tema como un secreto de Estado.
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