Conatel denunció al periodista, el 11 de junio, a las 3:06 de la tarde, ante el Ministerio Público (MP). Este es un hecho sin precedentes en la denominada era democrática de Honduras. López lamentó que el MP está ocultando y mantiene en secreto la información con el fin de iniciar el trámite para cerrar su medio de comunicación.
Esta acción gubernamental “tiene como propósito despojarme de los títulos habilitantes de mis frecuencias, pedir orden de captura, enviarme a la cárcel y promoverme un juicio político como diputado”, expresó López.
El proceso es conocido en el expediente administrativo de Conatel con número 2015-0521-0D42; en el MP, tiene registro número 1434059357 y la tramitaron de tal forma que pasó de un solo hacia la oficina de la sub directora de fiscales, Loany Alvarado.
Según López, la fiscal Alvarado remitió el expediente a la coordinadora de la Fiscalía de Delitos Comunes, Fanny Martínez, para que inicie la investigación. Agregó que se dio cuenta por fuentes de entero crédito en vista de que la Fiscalía ni siquiera lo ha llamado a declarar, “nos personamos al Ministerio Público y negaban la denuncia, tengo cinco horas buscando la información”.
El periodista destacó que Conatel envió una carta al fiscal general, Óscar Chinchilla, para que lo investiguen por haber divulgado una noticia, que trascendió en diferentes medios de comunciación, relacionada con declaraciones dadas por el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
La denuncia de López trasciende precisamente el mismo día que se cumplen seis años por el cierre de su canal, ocurrido en el marco del Golpe de Estado en Honduras.
Usan argumento de seguridad nacional para censurar
La acción se promovió 22 días después que Conatel enviara una certificación en la que advirtió que “de persistir la transmisión de los mensajes que atentan contra la seguridad del Estado y del interés público, este ente regulador de Telecomunicaciones deviene en la obligación de aplicar lo estatuido en el marco jurídico correspondiente”.
Esta resolución de Conatel violentó los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información puesto que este instrumento legal estipula que no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional.
La responsabilidad de demostrar la validez de la restricción residirá en el gobierno”. En los últimos días, el gobierno ha iniciado una campaña para reforzar la idea que desde los medios de comunicación críticos hay propaganda de odio, un discurso que podría allanar el camino para censurar y cerrar medios hondureños que han venido denunciando escándalos de corrupción y el control que el Poder Ejecutivo ejerce en los demás poderes del Estado. C-Libre llamó varias veces al portavoz del MP, Yuri Mora, para conocer la versión institucional, sin embargo no respondió su teléfono móvil.
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