Con ataúdes en los que se colocaron las fotografías de cada uno de los trabajadores de la comunicación asesinados, el grupo de comunicadores se instaló desde las nueve de la mañana en el estacionamiento del MP, en donde una semana atrás, mujeres integradas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), exigieron justica en el caso de la lideresa indígena lenca Bertha Cáceres.

Intolerancia es la clave para asesinar periodistas

“El objetivo de la protesta fue evidenciar la situación de intolerancia así como de agresiones contra la libertad de expresión que ocurren en el país y para exigir que se haga justicia en el caso de los asesinatos contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la comunicación”, manifestó el Director de C-LIBRE, Edy Tabora.

Dentro de estas agresiones se encuentran, además de la criminalización en general, la intimidación judicial y administrativa, restricciones de acceso a la información pública, robo de información, interrupción y criminalización pública, en especial contra los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH,) desde el año anterior, informó la organización en un boletín de prensa este día.

Honduras cuenta con una Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores, Defensores de Derechos Humanos, aprobada en mayo del año anterior pero que actualmente se encuentra sin funcionar ya que no cuenta con el Reglamento General ni con presupuesto asignado.

Autoridades sordas a reclamos de justicia

Tábora que es ex Fiscal del MP cuestionó que este ente solo tenga bajo su registro 58 asesinatos , de los que seis  han sido judicializados y en cinco se ha obtenido sentencia condenatoria para los autores materiales, mas no para los intelectuales de estos hechos.

En ese sentido y tras solicitarle al Fiscal General Oscar Chinchilla una reunión para socializar la perspectiva de esta organización sobre la situación de libertad de expresión en territorio hondureño, Tabora informó que dejaron en su despacho cuatro peticiones puntuales para el abordaje de este tema :

Crear bases de datos sobre violaciones a la libertad de expresión, mismas que sean publicadas en el portal institucional del MP.

Creación de la Unidad de delitos contra la libertad de expresión, adscrita  la Fiscalía de Derechos Humanos, equipada con personal técnico y el presupuesto necesario.

Que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos rinda un informe sobre avances de cada caso de violación a la libertad de expresión en los próximos tres meses.

Y que a partir de la creación de la Unidad de Delitos con la Vida , se investiguen cada violación a la libertad de expresión.

Desde el año 2003, C-LIBRE tiene documentadas más de mil 291 agresiones a la libertad de expresión, entre ellas 73 asesinatos y de esta cifra 58 han sido durante y después del golpe de Estado de junio de 2009.

Según cifras del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, (CONADEH), el 96 por ciento de los crímenes contra periodistas se encuentra en la impunidad, mientras el resto está entre la etapa de judicialización y condena.

CIDH insta al Estado a condenar públicamente violencia contra periodistas

En el marco del informe sobre la situación en el continente durante el 2015, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH),  llama al Estado hondureño a condenar “enérgicamente las agresiones contra periodistas y hacer un llamado a las autoridades competentes para que actúen con diligencia y celeridad en el esclarecimiento de estos hechos”.

Además instó al Estado de Honduras a realizar procesos de investigación efectivos e imparciales para esclarecer los motivos y determine judicialmente la relación que pudieran tener  el crimen con la actividad periodística.

“Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación”, señala el informe.

De igual forma esta Relatoría recomienda al Estado una medida de protección sumamente eficaz para que se reconozca de manera constante, clara, pública y firme el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica a los intereses del gobierno de turno.