Esa represión que también incluyó la cancelación del período académico para esta carrera, también se extendió a nivel nacional en los centros regionales de La Ceiba, Choluteca y también para Tegucigalpa, sumando más de 20 estudiantes procesados. Todos los casos fueron sobreseído no así en Tegucigalpa donde cuatro estudiantes fueron criminalizados y acusador por Usurpación.

Esta decisión fue una bofetada a la construcción de pruebas falsas para criminalizar el derecho a la protesta y también al autoritarismo que tiene su reino en la UNAH.

El escrito al que tuvo acceso pasosdeanimalgrande.com, señala que la decisión que beneficia al estudiantado en la zona norte fue tomada en audiencia el pasado 30 de marzo por los magistrados Norma Iris Coto, Amílcar Antonio Valle y Gloria Elizabeth Rodríguez, quienes integran el Tribunal de Sentencia de aquella ciudad.

El MP presentó ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula un Recurso de Apelación contra la resolución del Juzgado de lo Penal de esa jurisdicción emitida el 10 de agosto de 2015 .

Al desarrollo de esta audiencia no se presentó la parte acusadora, es decir la Fiscal del Ministerio Público (MP) Elizabeth Hernández según consta en el documento.

MP no acreditó que hubo los delitos de usurpación ni detantación de espacios públicos

La decisión del tribunal de alzada  favorece a los estudiantes Saira Rodrigues Sanchez, Consuelo Melara, Jose Daniel Morales, Edwin Daniel Molina, HeydiDariela Paz, José Luis Peña, Marcio Lenin Mondragón, Jennifer Nicole Rodríguez, Marco Tulio Rubí Callejas, SaulOvet Alejandro Córdova, Hugo Armando Lemus y Mario Roberto Orellana.

También es un duro revés para la política represiva de la rectora Julieta Castellanos que criminaliza la protesta estudiantes para generar miedo en el estudiantado a nivel nacional y así aplicar a su antojo reglas antidemocráticas no consultadas con los estudiantes quienes han denunciado que incluso les quitó la representación en el Consejo Universitario para colocar allí a estudiantes sumisos que son afines a su accionar.

Cabe señalar que en el proceso contra los 12 universitarios del Valle de Sula, los testigos presentados por la UNAH, entre ellos catedráticos y el jefe de seguridad en aquel centro no testimoniaron en contra del accionar estudiantil sino que aportaron elementos vitales que protege el derecho a la protesta pacífica, pues relataron que no estaban generando ningún tipo de violencia sino demandando mejores condiciones pedagógicas.

Para Marcos Rubí, vocero del Movimiento Estudiantil Revolucionario “Lorenzo Zelaya” (MER-LZ), esta decisión es tomada con mucha satisfacción ya que en ningún momento “hemos cometido un delito por reclamar nuestros derechos”.

Agregó que la decisión del tribunal deja un buen precedente y el Estado debió reconocer la protesta  como un derecho contemplado en la libertad de expresión y que se manifiesta con  acciones pacíficas.

Hay que hacer notar la contestación de agravios que hizo el abogado Omar Menjivar, defensor de 11 de los 12 estudiantes, quien acreditó que no podían usurpar un lugar donde estudian, incluyó la forma 003 que lo respalda e hizo un análisis jurídico de los artículos del Código Penal que señalan las condiciones que deben prevalecer para que se dé la usurpación y la detentación de bienes públicos.

Esta Corte declara sin lugar el Recurso de Apelación

El Tribunal de Sentencia, en el desarrollo de la decisión cuestionó el papel del Ministerio Público al utilizar las figuras de la usurpación y detentación para criminalizar las demandas del sector estudiantil del alma mater.

“..entendiéndose que usurpar es un acto de despojar a una persona de un bien inmueble, lo cual tiene el sentido de sacar de la ocupación de este bien inmueble o de impedir la ocupación del mismo total o parcialmente…el despojo debe estar signado por permanecer en el inmueble ocupándolo”, expresa el análisis de la Corte basado en la doctrina.

“La alzada observa la relación de hechos desde la fiscalía del Ministerio Público,(MP),  y se está refiriendo a conductas atípicas en nuestra legislación penal vigente…” al catalogar como usurpación el hecho de que se realice una protesta en reclamo de espacios de democratización para las y los universitarios así como la derogación de una tabla de Unidades Valorativas que no fue consultada entre el estudiantado.

Catalogaron como “sorprendente” este hecho e hicieron ver que, tanto la UNAH como el Ministerio Público contradicen lo que establece los artículos 227 y 231 en referencia a la Usurpación.

“Según la declaración de los tres testigos presentados en audiencia inicial, estos se refieren claramente que se trataba de una protesta pacífica”, establece el documento.

A criterio de Rubí en esta parte de la resolución prácticamente “se le hace un llamado de atención al MP” ya que “rebuscaron” un delito para justificar la criminalización y en ningún momento se logró comprobar

Presiones de autoridades universitarias hacen que justicia no se vea en Tegucigalpa

Para el vocero del MER-LZ  lo ocurrido con él y sus 11 compañeros debe servir como base por si se presentan apelaciones tanto en Choluteca (donde fueron criminalizados tres estudiantes) y en La Ceiba (cuatro Estudiantes), pero en esencia que favorezca a Ciudad universitaria en Tegucigalpa.

“La ley es solo una y debe aplicarse para todos y todas”, sostuvo Marco Rubí en el caso que enfrentan en la capital Sergio Ulloa, Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Armando Velásquez y que por la confabulación con el Ministerio público con la actual Rectora Julieta Castellanos son los únicos que todavía enfrentan una lucha desigual en este sistema de justicia.

“Si no cambia en Tegucigalpa se evidencia que las presiones de la UNAH siguen funcionando a su favor y que forma parte de una persecución directa contra los cuatro universitarios”, sentenció Rubí.

Decisión de la Corte de Apelaciones envía un mensaje ético a autoridades universitarias

La decisión emitida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula también crea jurisprudencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además da un mensaje ético tanto a jueces, fiscales, como a funcionarios de la UNAH, entre catedráticos y el jefe de seguridad.

Mientras en Tegucigalpa la rectora Castellanos utilizó como testigo principal del Jefe de seguridad Roger Aguilar, quien incluso dio falso testimonio en el Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa señalando a los estudiantes Sergio Ulloa, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Armando Velásquez como instigadores de las tomas y a quienes dijo reconocer porque ya días eran sus amigos y podía reconocerles por la voz, eso fue suficiente para que una jueza encontrara indicios según ella para el auto de formal procesamiento.

Esta jueza a sabiendas de que Aguilar sigue las órdenes de la rectora Castellanos porque está encargado de la seguridad de la UNAH creyó su declaración mientras a los estudiantes les desestimó un estudiante propuesto como testigo, lo que deja clara la desigualdad ante la Ley en que se encuentran los procesados y evidencia la criminalización del derecho a la organización, pues en sus argumentos la togada señala que es del Movimiento Amplio Universitario, MAU.

Pero en San Pedro Sula las cosas no han pasado igual, contrario a la actitud represiva del jefe de seguridad de Tegucigalpa, el de  Pedro Sula en su declaración ante el tribunal manifestó que solamente se hicieron a un lado ante la protesta como encargados de la seguridad porque no iban a generar violencia y porque se trataba de reivindicación de derechos. Igual posición adoptaron los catedráticos, sabiendo que el derecho a protestar está contemplado en la Ley y enj convenios internacionales de protección a derechos humanos.

Entretanto en el Sur del país, en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, si bien es cierto no se confirmó el auto de formal procesamiento la directora de esa entidad mantiene una constante persecución contra docentes que eran muy cercanos a  Héctor Motiño Martínez y hacia estudiantes organizados.

Roger Aguilar viajó hasta allá con los recursos de la UNAH para testificar en contra de los estudiantes organizados a quienes llegó a amedrentar y la directora les dejó varias horas encerrados en el CURLP a pesar que los jóvenes estaban entregando el edificio, fue por gestiones de la Iniciativa Periodismo y Democracia ante el CONADEH de Tegucigalpa que se les procedió a recibirles el inmueble, porque en Choluteca donde está ubicado el centro regional no lo quisieron hacer.

Vea esta histórica decisión de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula AQUÍ