La voz de “Alerta” recorrió las redes sociales y los medios de comunicación, había una orden de desalojo, solamente estaban esperando a la jueza ejecutora aseguró el Comisionado Turcios, quien estaba a cargo del contingente de la Policía Nacional apostados enfrente de las instalaciones del Alma Máter.
Mientras que en el portón de entrada de vehículos de ese centro de estudios, un grupo de uniformados con pasamontañas en sus rostros detenían a cualquier joven que encontraban cerca , les pedían sus tarjetas de identidad, se las retenían al tiempo que uno de los policías le dictaba el número por celular supuestamente para averiguar si los muchachos tenían antecedentes penales.
No conforme con eso, les tomaron fotografías a las identificaciones de unos 10 universitarios, ante los alegatos de la defensora Tomy Morales que protestaba porque le pareció irregular ese procedimiento, según dijeron por “captura y revisión en el sistema”, al mismo tiempo ella les advirtió que si algo les pasaba a esos 10 jóvenes, eran directamente responsables por su seguridad. Uno de los muchachos denunció que un policía encapuchado “me agarró del pelo y me dio un golpe en el pecho”.
Había un escuadrón de la Policía Nacional que estaban encapuchados, con chalecos antibalas y siglas de la Dirección Policial de Investigación, (DPI), dos tanquetas, patrullas, un comando del Escuadrón COBRAS, Uno de los policías portaba una cámara fotográfica profesional mientras otros uniformados tomaban fotografías y videos con sus celulares.
En el momento que Morales preguntó por la supuesta Juez Ejecutora, el oficial Turcios informó que la funcionaria estaba enferma. Al preguntarle cuál era la orden para el nivel de fuerza que podían usar en la humanidad de los estudiantes “el que sea necesario” contestó el uniformado.
Cerca de las dos de la tarde los y las universitarias tomaron la decisión de entregar las instalaciones de la UNAH, salieron acompañados por defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores de distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, con sus acostumbradas consignas “el estudiante consciente, aquí está presente”, después se fueron hacia una de las organizaciones de derechos humanos, para proteger sus vidas dado el nivel de riesgo que vivieron desde la llegada de los cuerpos represivos del Estado hondureño.
En Ministerio Público otra vez actuó a la velocidad de la luz tal como ocurrió en julio de 2015 y libró requerimientos fiscales contra seis estudiantes entre ellos cuatro que fueron expulsados en el 2014 y tienen un juicio iniciado el año pasado por la misma causa. Se suma a este nuevo proceso un cuarto estudiante que desde el año pasado enfrenta un proceso judicial desproporcional y plagado de violaciones al Debido Proceso.
Este es el comunicado del Ministerio Público que ha publicado en su página web:
Fiscalía de Delitos Comunes de Tegucigalpa presenta Requerimiento Fiscal contra varias personas por tomas en la UNAH
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía de Turno, adscrita a la Fiscalía de Delitos Comunes presentó en horas muy tempranas de hoy, Requerimiento Fiscal contra seis personas por suponerlas responsables del delito de Usurpación de Suelos de Dominio Público en perjuicio del Estado de Honduras, las actuaciones del Ministerio Público se dan con motivo de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) relacionadas con la toma de las instalaciones del Alma Máter en la capital de la República.
Según lo manifestado por fiscales de esta dependencia, en el escrito respectivo de Requerimiento Fiscal, además se solicitó al juzgado competente se ordenara el desalojo de la edificación de la UNAH y además se librara órdenes de captura en contra de las personas que son acusadas, mismas que aún no se han ejecutado.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
El Ministerio Público está a la espera de las actuaciones policiales en el sentido que se ejecuten las órdenes de captura respectivas o en su defecto los acusados se presenten voluntariamente ante los órganos jurisdiccionales para dar continuidad al proceso penal que ya es de conocimiento de las autoridades judiciales para que se disponga lo que en derecho corresponde en la Audiencia de Declaración de Imputado respectiva.
La rectora solicitó otro requerimiento fiscal para ellos cuatro este 07 de junio, el primero fue el año pasado en el mes de junio y los hilos del poder se han movido en los tribunales de justicia para poner negros nubarrones al Debido Proceso.
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Circuló la en el Noticiero de Televisión Hoy Mismo que entre las seis personas a quienes se les libró requerimiento fiscal están Moisés David Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Dayanara Castillo, todos ellos expulsados el 18 de diciembre de 2014 y reingresados a la UNAH por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también está Armando Velásquez que junto a los primeros tres estudiantes están con un proceso penal iniciado en julio de 2015 con otras tomas realizadas en demanda de democracia en la UNAH.
Este documento fue circulado en medios de comunicación.
Enfoque macabro
Para la rectora Julieta Castellanos solo cuatro estudiantes pueden mover a miles de sus compañeros por eso ya ha solicitado dos tandas de requerimientos fiscales para ellos. Los quiere tras las rejas. |
Cabe señalar que la rectora Julieta Castellanos está enfocada hacia los estudiantes antes mencionados y cualquier actividad que se realice en demanda de derechos los culpa a ellos, lo que evidencia una férrea persecución política únicamente por ejercer el derecho a la protesta como parte de la libertad de expresión, lo cual quedó demostrado en una resolución de la Corte Primera de Apelaciones de San Pedro Sula, que invoca tratados internacionales de libertad de expresión para dejar sin valor y efecto un proceso judicial incoado contra estudiantes de la UNAH-VS, en julio de 2015, que demandaban mejores condiciones de infraestructura y democratización en la UNAH.
La UNAH emitió también su comunicado donde descalifica las protestas e informa de los requerimientos fiscales emitidos y la reanudación de clases este jueves 09 de junio de 2016.
Links de interés:
1.-Comunicado demandas de estudiantes:
https://goo.gl/K7h66E
2.-Comunicado UNAH 07 de junio 2016:
3.-Comunicado del Ministerio Público sobre requerimientos fiscales emitidos este 07 de junio de 2016:
4.-Jurisprudencia de respeto a libertad de expresión en caso estudiantes:
Vea resolución de la Corte de Apelaciones de SPS ratificando sobreseimiento a favor de estudiantes que realizaron tomas de edificios de forma pacífica para demandar sus derechos:
https://goo.gl/MYwLM2