Participaron en el evento que se realizó en el portón principal de la UNAH,  el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), el Centro de Estudios de la Mujer (CDM), LA Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Honduras, Colectivo Josefa Lastiri, Iniciativa Periodismo y Democracia , la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras (PMSPH), Pen Honduras , el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos (OEIDH),  Aci Participa, COFADEH, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y  Agentes de Cambio Honduras.

Prácticas de los 80

Los organismos antes mencionados sostuvieron que las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social en la máxima casa de estudios, con la constante estigmatización a los liderazgos estudiantiles.

También han puesto sus buenos oficios para hacer declaraciones públicas desacreditando la labor de las y los defensores de derechos humanos que acuden para proteger los derechos fundamentales de los y las jóvenes ante la barbarie policial y militar, que usa la fuerza para desarticular un derecho como es la libertad de expresión.

Asimismo denunciaron la utilización de los medios de comunicación internos de la UNAH para posicionar el discurso pronunciado por la rectora Julieta Castellanos, con el objetivo de obstaculizar la labor de defensa e impedir el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos.

En el 2014 la campaña de descredito pasó a las acciones administrativas en donde fueron expulsados seis estudiantes del centro regional UNAH-CU; otro de los casos fue el aprovechamiento del sistema penal contra el Joven Rommel Darío Moran, capturado en el marco de una acción de protesta estudiantil reprimida por los cuerpos de seguridad el Estado.

Moran fue torturado por varios policías en el momento de la detención propinándole golpes tan graves que ameritó su ingreso al Hospital Escuela Universitario, en donde también sufrió discriminación y malo tratos por parte del esposo de la doctora Elsa Palau, jefe de la Sala de emergencia en ese entonces, además de la persecución hacia una defensora de derechos humanos a quien el hombre maduro de bata blanca quiso sacar de las instalaciones del centro asistencial alegando que “de arriba ya me dijeron que usted no debe estar aquí”.

Continuaron las expulsiones en el 2015, diez estudiantes del centro UNAH-VS y uno de la UNAH-CU, en julio del mismo año hubo requerimientos fiscales y órdenes de captura contra 26 jóvenes.  4 de la UNAH-CU;  12 UNAH-VS; 6 del CURLP y 4 del CURLA, con la intención de generar una cultura del terror en los predios universitarios, para “calmar” el clamor de apertura democrática y la demanda estudiantil para que se revisen las decisiones de las autoridades, que laceran los derechos estudiantiles. De los 26 procesos penales fueron desestimados 22 en los centros regionales, pero cuatro han seguido en curso contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez.

Denunciaron la falta de profesionalismo y abuso de autoridades del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para impulsar acciones penales a petición de las autoridades universitarias.

Will Paz del más allá

Una de las aseveraciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC es que los universitarios reciben ayuda del más allá, al afirmar que “el diputado Wilfredo Paz del partido Libre, brinda su apoyo económico, logístico y que puso a disposición su vehículo para trasladar a los alumnos en las recientes manifestaciones”, sin embargo el diputado en mención  falleció el año pasado.

Los omnipresentes

La ATIC identificó como participantes en las acciones de la semana pasada a Sergio Ulloa, quien está fuera del departamento de Francisco Morazán realizando su práctica profesional.

De igual manera, mencionaron a Dayanara Castillo de la comunidad LGTBI, que se encuentra fuera del país. Fue expulsada en el  año 2014, sufrió persecución, detención ilegal y hostigamiento por participar en la lucha estudiantil, al punto de verse obligada  a solicitar asilo a un país centroamericano.

Las y los defensores de derechos humanos, hicieron un llamado a la rectora Castellanos, a parar sus declaraciones estigmatizadoras para  defensores y defensoras y  exigieron terminar con la criminalización de la protesta social en la UNAH, para dar paso a un dialogo serio y constructivo que aborde la problemática de esa universidad, que al criterio de representantes  de estos organismos, violenta  sistemáticamente los derechos del estudiantado. 

El ex rector de la UNAH, Juan Almendares Bonilla, fue categórico en sus palabras, “porque es necesario decir la verdad de lo que ocurre, la primera verdad es poner en duda la trayectoria del Alma Mater de contribuir a la democracia, pero existe una contradicción cuando las autoridades nombran de dedo a los representantes estudiantiles en las diferentes asociaciones”.

Citó el artículo 4 de la Ley orgánica en donde enlista los principios que deben regir la educación superior: “Para realizar sus objetivos, la UNAH se fundamentará en los principios de libertad de cátedra, investigación, universalidad de la ciencia, representatividad, pluralismo, participación democrática, responsabilidad, equidad, igualdad de oportunidades, transparencia, rendición de cuentas, pertinencia, solidaridad y subsidiariedad”. A lo que Almendares argumentó que en su mayoría han sido violentados, por lo que jurídicamente debería de anularse lo que ha aprobado la universidad en los últimos años.

“Yo fui rector y a uno le quedan algunas cosas, negociar con el diablo del imperialismo o negociar con el diablo de las Fuerzas Armadas, que es el poder armado o negociar con los grandes intereses económicos”, dijo el ex rector de la UNAH.

Preguntó a la concurrencia ¿Qué están planteando los estudiantes? al responder, que “ellos quieren academia, y la academia no está desligada del pueblo, la academia es el pueblo organizado”, expresiones que arrancaron los aplausos y gritos de victoria por parte de los universitarios que para evitar riesgos se cubren parte de su rostro con camisetas, pañoletas y bufandas.

Una de las representantes legales de los estudiantes judicializados; Kenia Oliva, afirmó que existe una preocupación generalizada del uso del sistema jurídico; que la estigmatización no sólo está por parte de la rectora Castellanos sino también de los entes encargados de impartir justicia y  de las resoluciones que los jueces están emitiendo  para “satisfacer los caprichos de la rectora”.

La profesional del derecho argumentó que existe una clara violación al debido proceso, cuando un juez liberó orden de captura en contra de los acusados, alegando que existe una situación de riesgo latente de que el imputado permanezca en libertad ya que se corre el riesgo que se fugue u oculte.

En términos jurídicos dijo que la norma penal debe estar fundamentada en derecho, lo que significa que el juez deberá tener la prueba o indicios razonables  de que en verdad  existe un peligro de fuga, además, que ellos no  presenten arraigo, o que sustenten con documentos que respalden tal extremo como un recibo de agua, luz, una cuenta bancaria, entre otros.

En cuanto a la gravedad del delito  de usurpación por el cual fueron acusados, la “pena máxima es de cinco años, según el Código Penal, y para darle clasificación  de gravedad, la pena debe ser arriba de cinco años, dijo la abogada.

Por su parte Wilfredo Méndez de CIPRODEH, afirmó  que el derecho a levantar la voz de protesta es un derecho legítimo, por lo tanto  una universidad que lleva a sus estudiantes a los juzgados porque protestan y que trae militares para que desarrollen una embestida en contra de ellos, eso no es admisible.

“Si vamos a tener un futuro como lo estamos forjando es porque la juventud ahora está haciendo lo propio, por lo tanto los organismos de derechos humanos, hemos expresado en distintos espacios nuestro repudio profundo a las autoridades universitarias, que no denota más un que un comportamiento de gobierno, un comportamiento de Estado, de persecución en contra de los hombres y mujeres que quieren hacer una patria más digna”, aseveró el defensor.

Las organizaciones de derechos humanos reiteraron su apoyo a los estudiantes “no están solos, no están solas el derecho esta con ustedes y los defensores y defensoras de derechos humanos, el pueblo hondureño está con ustedes”, dijo Méndez.

Después de conferencia de prensa reacción estigmatizante

Las peticiones de diálogo y de volver a la academia sin repetir las viejas prácticas de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la década de los 80, no hicieron mella en las autoridades universitarias a la cabeza de la rectora Julieta Castellanos sino que exacerbaron su discurso estigmatizante y violento contra estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, después que estos últimos realizaran una conferencia de prensa en el portón principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH

Apenas unos minutos más tarde un comunicado emitido por la UNAH circuló para descalificar la conferencia de prensa y por ende as participaciones de representantes de las organizaciones arriba mencionadas, entre ellos Wilfredo Méndez de CIPRODEH, que señaló el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos para proteger derechos fundamentales de los estudiantes.

 “La capucha es una triste figura de historia terrorífica, y en nuestro país no fue la excepción, en los años 80s eran los verdugos los que empleaban la capucha contra sus víctimas, ahora sorprende que una figura del terror haya sido reivindicada por personas que son o se hacen aparecer como estudiantes universitarios” (siguen negando que los manifestantes son alumnos del alma mater).

“La UNAH ratifica su política de respeto y de defensa de derechos humanos en su concepto más amplio e integrador, su condición de universidad pública, Autónoma, Laica y Rectora del Nivel de Educación Superior”.

Qué es la capucha

Una capucha es un tipo de cobertura para la cabeza que cubre la mayor parte de la cabeza y el cuello y en ocasiones la cara. Pueden ser utilizadas para la protección contra el clima, como moda, como forma de vestido o como parte de un uniforme tradicional, para evitar que el portador pueda ser identificado con facilidad.

Después de 20 años de gobiernos militares, Honduras eligió un gobierno civil. Con el nuevo gobierno entraba en vigor la legislación que incluía un amplio catálogo de derechos humanos, tanto en la Constitución como en el Código Penal, pero también incluía una amplia gama de delitos contra el Estado. En abril de 1982, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 33 conocido con el nombre de Ley Antiterrorista.

La capucha entonces era utilizada por los escuadrones de la muerte de los 80s, era una bolsa colocada en la cabeza de las personas empleada como instrumento de tortura   física y psicológica. Aún se sigue utilizando por los cuerpos represivos del Estado, de acuerdo a los testimonios de víctimas que ha  salido con vida.

En los Hechos Hablan por sí Mismos del ex Ombudsman hondureño, Leo Valladares,  se pueden leer muchos testimonios de sobrevivientes a los que les colocaron capuchas al  ser torturados.

Por tanto el comunicado oficial de la UNAH, se vincula de manera mal intencionada el cubrimiento del rostro de los estudiantes universitarios, que con ello, –según sus propias palabras, - evitan correr los riesgos y  eludir las amenazas de las autoridades universitarias y del gobierno en general. 

Este es el Comunicado de la UNAH:

COMUNICADO 

A las organizaciones y defensores de derechos humanos:

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reconocemos el histórico y trascendental desempeño que han tenido el en país las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin la presencia de estas organizaciones en la década de los años ochenta y la creación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en los años noventa, la indefensión de los ciudadanos, el irrespeto por la vida, la desaparición forzada de personas hubiera alcanzado cifras de otras magnitudes. Debemos, a los organismos defensores de derechos humanos no solo en el avance en la apropiación del concepto, sino en la investigación, defensa y protección de derechos humanos, civiles y políticos de los hondureños y las hondureñas.

Entendemos que quienes trabajan en la defensa y protección de derechos humanos tienen las mismas prerrogativas que cualquier otro ciudadano, que su condición de defensores no los coloca en un lugar diferente y que están obligados a observar las leyes que nos rigen a todos.

Que el desempeño de su misión les obliga a defender a cualquier persona, independientemente de cuál sea su posición política e ideológica, pues lo que defienden es la condición humana de la persona, y no la posición que la persona defendida asume.

En estos años de revueltas en la UNAH, de personas encapuchadas, que hacen uso de la fuerza y la violencia para imponer sus criterios, algunos organismos defensores de derechos humanos  han protegido  y defendido a estas personas, interfiriendo para que la institución aplique las medidas administrativas de acuerdo con su normativa interna.

Además, estos encapuchados han impedido que otros estudiantes, la mayoría, continúen con el desarrollo de las actividades académicas conducentes a avanzar en el plan de estudios de su carrera.

La defensoría que ejercen estas organizaciones hacen que el vandalismo y la destrucción de bienes de la institución queden en la impunidad, protegiendo no los derechos de estas personas, sino el vandalismo y destrucción que provocan.

La capucha es una triste figura de historia terrorífica, y en nuestro país no fue la excepción. En los años ochenta, eran los verdugos los que empleaban la capucha contra sus víctimas, ahora sorprende que una figura del terror haya sido reivindicada por personas que son o se hacen aparecer como estudiantes universitarios.

La UNAH ratifica su política de respeto y de defensa de derechos humanos en su concepto más amplio e integrador, su condición de Universidad Pública, Autónoma, Laica y Rectora del nivel de Educación Superior.     

Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, 14 de junio de 2016

veálo en este link: https://goo.gl/0hn5RM

Este es el comunicado de las organizaciones de derechos humanos

Autoridades de la UNAH criminalizan la protesta social y la  labor de los defensores y defensoras de  derechos humanos utilizando el descrédito y el derecho penal

Las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, estigmatizado a los liderazgos estudiantiles y desacreditado públicamente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos que acuden a proteger los derechos fundamentales de los jóvenes ante la barbarie policial y militar, que usa la fuerza para desarticular un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

Denunciamos  la utilización de un discurso violento y estigmatizante de las autoridades universitarias contra los defensores y defensoras de derechos humanos  que acudimos a la UNAH cuando hay represión contra los estudiantes. Tal discurso generalmente pronunciado por la cabeza de la UNAH, la rectora Julieta Castellanos,  y en los medios de comunicación de este centro de estudios, tiene el objetivo de obstaculizar la labor de defensa  y así impedir el ejercicio legítimo del  derecho a defender los derechos humanos, protegido en tratados y convenios  internacionales y que los estudiantes puedan ser protegidos de graves abusos.

Más de cinco años han pasado desde que el estudiantado inició sus demandas, y la situación se profundiza. El  uso de la protesta social como parte del derecho a  libertad de expresión no se permite en la UNAH, a la par se han cerrado las oportunidades de diálogo para que retorne la paz. Sus autoridades a la cabeza de la rectora Julieta Castellanos usan  la fuerza policial,  la seguridad privada, así como las acciones penales para sembrar el miedo y desarticular la organización estudiantil que demanda la apertura al diálogo.

En el 2014 se pasó de la campaña de descrédito a los líderes para comenzar acciones administrativas que culminaron con la expulsión de seis  estudiantes de la UNAH-CU, también se utilizó el derecho penal para criminalizar la protesta social, en este caso contra el joven Rommel Darío Morán, capturado en el marco de una acción de protesta estudiantil reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, torturado por varios policías al detenerlo y a pesar de la gravedad de los golpes,después fue acusado por el Ministerio Público,  a petición de la rectora Julieta Castellanos,  por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas.

En el 2015, continuaron las expulsiones contra  10 estudiantes de la UNAH-VS y uno de UNAH-CU. Pero en ese mismo año,  en el mes de julio,  ya se pasó a la profundización de penalización judicial solicitando requerimientos fiscales y órdenes de captura contra 26 jóvenes : 4 de la UNAH-CU;  12 de UNAH-VS; 6 del CURLP y 4 del CURLA, la intención era generar el miedo para “calmar” el clamor de apertura democrática y la demanda  estudiantil para que se revisen las decisiones de las autoridades,  que laceran derechos fundamentales de los estudiantes.

De los  26 procesos penales del año 2015, fueron desestimados  22 en los centros regionales, no así  los cuatro de UNAH-CU, que han seguido su curso contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez , que están a las puertas del juicio oral y público.

A principios de junio de este año  reiniciaron las protestas estudiantiles, la sordera al diálogo junto a la criminalización de la protesta social, la estigmatización de los líderes estudiantiles con campañas de desprestigio, vigilancia y seguimientos, no generó el efecto esperado de contener la movilización estudiantil.

Este 07 de junio del corriente año se procedió a repetir la estrategia del uso del derecho penal contra seis estudiantes,  con la solicitud de órdenes de captura ante el Ministerio Público. Cinco de ellos habían sido de los expulsados en el 2014, y entre ellos,  nuevamente contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa  y Armando Velásquez, que con ese nuevo juicio no podrán defenderse en libertad sino que irán inevitablemente a la cárcel si las autoridades de la UNAH no desisten de su propósito.

En la lista  de las órdenes de captura se encuentra Dayanara Castillo, de la comunidad LGTBI, quien fue expulsada en el 2014, sufrió persecución, detención ilegal  y hostigamiento por su opción sexual  y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio el año pasado.

La falta de profesionalismo y Abuso de Autoridad del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para impulsar acciones penales a petición de las autoridades universitarias tiene tantos vicios como el anteriormente descrito de incluir a estudiantes que ni siquiera están en la capital o en el país. Además de construir una historia de mentiras para descalificar la lucha de los estudiantes vinculándola con la participación de un partido político,  al extremo de colocar como prueba,  el apoyo económico y logístico del diputado Wilfredo Paz, del Partido LIBRE, quien falleció el año pasado.

Este tipo de prácticas lesivas a la legalidad, nos obligó a presentar una denuncia este 10 de junio contra los fiscales y los agentes de la ATIC, responsables de llevar a cabo las supuestas investigaciones para apoyar las órdenes de captura. Hemos dejado la denuncia y nuestra esperanza es que con la celeridad que se procedió contra los estudiantes, de esa forma se inicien acciones encaminadas a terminar con el Abuso de poder de estos funcionarios.

Llamamos a la rectora Castellanos a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos  y terminar con la criminalización de la protesta social en la UNAH para dar paso al diálogo serio y constructivo que aborde la problemática de esa universidad,  que violenta sistemáticamente los derechos del estudiantado.

No a la criminalización de la protesta pacífica

Defender los derechos humanos no es un crimen, es un derecho protegido

Por un diálogo pronto

Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio de 2016

Veálo en este link:     https://goo.gl/BjWyLa