El informe fue presentado en la capital de Honduras ante la presencia de periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, organismos internacionales y víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Asimismo se encontraban el el lugar Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Silvia Lavagnioli, Residente Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Alejandro Rodríguez de la organización internaccional Impunity Watch, entre otros.

En esta actividad se hizo presente la periodista Dunia Montoya, de Comun Noticias, que participó en el panel "La protesta social y el uso del espacio público", quien fue torturada por policías el 01 de septiembre de 2015, que le fracturaron su codo, afectaron su brazo derecho también lo que la mantien aún en fisioterapia para recuperar la movilidad. Relató la forma en que fue atacada y dnunció "no importa que una ande chaleco o carnet a los policías no les importa para ellos somos un objetivo y mucho más si somos independientes e informamos de manera veraz". 

Mientras  Silvia Lavagnioli, que fue parte de dicho panel destacó los estándares inetrnacionales entre ellos de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica, así como el uso de espacios públicos

"Debe tolerarse cierto nivel de perturbaciones para que no se pierda la esencia del derecho a la protesta", pero subrayó que hay contradicciones en algunas leyes, entre ellas la de Covivencia Ciudadana, donde se señala que las reuniones debe prohibirse si obstaculizan el libre tránsito.

La Constitución hondureña dice que no debe haber aviso previo para una manifestación solo si se trata de reuniones al libre libre, "pero todas son al aire libre", relacionó.

Otro de los abordajes importantes de Lavagnioli fue sobre las reformas al Código Penal que se están promoviendo desde el parlamento hondureño pero no no han sido socializadas debidamente con los diferentes sectores y se refirió a los delitos contra el honor que laceran estándares internacionales que hablan que no puede sancionarse con cárcel, al igual que los delitos de orden público como el terrorismo el cual está demasiado amplio en la propuesta de reformas y no contiene los elementos que se necesitan para que sea compatible con el sistema internacional.

Señaló que se debe buscar el balance que es responsabilidad del Estado con los derechos de las personas, por lo que recomendó que la discusión de las reformas al Código Penal se abran más a los diferentes sectores para que hagan sus observaciones en los elementos que les afecten, por lo que el Legislativo debe compartir el documento final de reformas .

Por su lado Alejandro Rodríguez dijo que es preocupante que en estas reformas ya se hayan aprobado 70 artículos y que hay un proyecto de dispensar dos debates a la segunda y tercera lectura de dicho anteproyecto de cambios que se pretenden al Código Penal.

Los mayores agresores

La organización señaló que la principal causa de ataque contra la Libertad de Expresión fue la violencia, con 72 hechos que representan el 33%, luego fueron las agresiones, en el marco de la protesta, con  57 casos que representa el 27% y, en tercer lugar ,los ataques legales con 34 que representan  el 16%, en cuarto lugar , la obstrucción a la información, con 22 hechos que representa el  10% y ,en quinto lugar, la censura, con 20 alertas que representan el 9%.

En detalle los lugares donde se produjeron los hechos violentos contra la libertad de expresión fueron Francisco Morazán es el número uno, seguido de las agresiones producidas a través de redes sociales, seguido de Cortés, Colón y Atlántida. El espacio digital es muy importante cuando lo relacionamos con el derecho a libertad de expresión e internet.

La mayor parte de los agresores fueron funcionarios/as del Poder Ejecutivo con un 29%, lo siguen operadores de justicia con un 14.2%, luego los miembros de la Policía con un 11.68% y a continuación los militares con un 10.75%.

En cuanto a las agresiones contra mujeres en el marco de la Libertad de Expresión unas 26 fueron agredidas de manera individual y también los ataques se produjeron a grupos de ellas que reclaman derechos .

“Los hechos expuestos muestran que las políticas gubernamentales colocan en precariedad el respeto a la Libertad de Expresión. La criminalización y militarización de la sociedad, la creación de una cultura de miedo que mantiene en zozobra a la población, las condiciones se han tornado adversas, debido a cambios estructurales, al acrecentamiento de la desigualdad y al acceso cada vez más inequitativo a oportunidades, ingreso, consumo, espacios, servicios públicos, educación, tecnología, empleo, entre otros, todo este panorama ha pasado a ser parte de la vida cotidiana en Honduras”, señala el informe.

Puede descargar el informe Aquí