Unas 28 personas fueron capturadas a finales de agosto y se desarrolló la Audiencia de Imputado en completa indefensión. Este 14 de septiembre se realizó la Audiencia Inicial, donde quedó evidenciado el contubernio del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, la Dirección Policial de Investigación y el Poder Judicial para proteger los intereses económicos de las empresas arriba indicadas aduciendo que protege los servicios públicos y a la población hondureña. La protesta social nuevamente en grave deterioro por el mismo Estado de Honduras.
De nada valieron cartas, denuncias ante el mismo MP y solicitudes de reunión con las autoridades de la ENEE, así como un avalúo de daños ocasionados a las viviendas de los pobladores por más de tres millones de lempiras, el mismo fue refrendado por la misma ENEE.
Lo que sí valió para el Ministerio Público fue las firmas y los números de identidad que la ciudadanía de la Colonia Víctor Argeñal llevó con sus números de identidad al MP, eso fue tomado con alevosía, esta institución no llevó a cabo ninguna investigación ni proceso judicial contra las empresas sino que le sirvió para librar el requerimiento fiscal contra los denunciantes.
Hay 18 comunidades afectadas, unas 90 hectáreas de bosque deforestadas, riachuelos afectados y decenas de pájaros que han muerto por el calor de más de 45 grados que tienen que soportar los y las pobladoras de la zona.
Puestos públicos para beneficiarse
Pero eso no se queda allí, aún hay más problemas que enfrentan las comunidades porque el Grupo Terra también tienen un parque de energía eólica , el presidente del Congreso Nacional tiene sus acciones en el Proyecto solar Prados Uno y la Vice presidenta del Congreso Nacional y actual presidenta del Partido Nacional desarrolla también su proyecto Aurora Uno, que se suma a todas los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz que han ocasionado graves daños a esa población que de acuerdo a sus denuncias hay persecución y muerte por la defensa de sus ríos.
A pesar de que la lucha es un David contra Goliat, los pobladores y pobladoras aseguran que “no vamos a permitir que ninguna planta solar se establezca en la Colonia Víctor Argeñal”.
Un Estado a favor de la gran empresa y contra los derechos humanos de la población
El MP emitió el Requerimiento Fiscal Número 0601-201604969 contra unas 42 personas por suponerlas responsables del Delito contra los Servicios Público y en contra de la población del Estado de Honduras.
En la audiencia Inicial se hizo presente un representante del CONADEH que no dio su nombre, Luís Castillo, apoderado legal de la ENEE, Nardin Galo, abogado defensor de los pobladores con el apoyo de ACI-Participa que cubre los gastos legales y realiza acompañamiento a los afectados.
El MP ratificó el requerimiento fiscal por el delito contra los servicios públicos en contra de la población del Estado de Honduras.
La fiscalía señaló que el 23 de enero de este año varios pobladores de la colonia Víctor Argeñal
Se tomaron las instalaciones de la Subestación eléctrica Santa Lucía aduciendo que el uso de la maquinaria utilizada les ocasionaba daños en sus viviendas y exigían la reparación de las mismas, ejecutando la toma obstaculizando el ingreso de guardias de seguridad y técnicos operadores de la subestación , pero ese extremo no lo pudo probar a pesar que llevó dos testigos, un policía y un técnico de la ENEE.
A la velocidad de la luz jueza deniega recurso a favor de pobladores
El abogado Galo planteó una excepción por falta de acción de acuerdo al Artículo 46 del Código Procesal Penal y nulidad de actuaciones a partir de la admisión del requerimiento fiscal del Ministerio Público y del acusador privado porque debería intervenir la Procuraduría General de la República, PGR, pues no consta personamiento de esta entidad ni su autorización al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.
Galo solicitó ante la Jueza Digna Gloria Matamoros que se declararen nulos todos los actos y todos los medios de prueba que se hayan reproducido con la inobservancia de los derechos y garantía constitucionales, por lo que solicitó la nulidad del requerimiento fiscal y que se decretara sobreseimiento definitivo a favor de sus representados.
La jueza declaró inadmisible la nulidad aduciendo que se libró oficio a la PGR para que se personara pero no lo hizo.
Ante tal respuesta el abogado defensor interpuso un recurso de reposición y subsidiariamente de Apelación y solicitó que se suspendiera la audiencia , además que se le concediera el término para formalizar el Recurso de Apelación.
Sin mucho análisis la Jueza declaró sin lugar el Recurso de Reposición y dijo admitir el Recurso de Apelación, pero continuó la audiencia.
El abogado defensor propuso como medios de prueba un álbum fotográfico que contiene daños ocasionados por los trabajos de la subestación Santa Lucía y otro álbum donde se acredita que los pobladores no han impedido los trabajos de mantenimiento de la ENEE porque sus acciones fueron de forma pacífica a través de manifestaciones en las afueras del plantel de la ENEE.
Uno de los testigos de la defensa fue el pastor Ramón Enrique Maradiaga quien tiene también requerimiento fiscal y adujo que él no ha hecho más que salvaguardar los bienes del Estado de Honduras y que éste no ha brindado seguridad sino que ha pasado cables de 5 mil voltios poniendo en precario la vida de los pobladores.
MP no probó nada pero ratificó requerimiento fiscal mientras la ENEE pidió cárcel para procesados
Los testigos del MP se contradijeron, el técnico no pudo probar que los pobladores ocasionaron daños a la ENEE por las tomas y más bien evidenció que sí hubo mantenimiento, además dijo que no le constaba que ingresaron los pobladores al plantel de la ENEE o que aún se mantiene la toma.
Mientras el agente de la DPI argumentó que se le asignó un requerimiento fiscal por sedición . Detalló que hizo vigilancia de día y de noche a los grupos de pobladores que se manifestaban y que se logró individualizar el delito contra unas 35 a 40 personas .
Explicó que llegó a eso a través de los listados de unas 45 a 50 personas a través de notas enviadas por los afectados y a través de patrones fotográficos en el Registro Nacional de las Personas, RNP.
Ante las preguntas del abogado defensor de si pudo constatar los daños, éste manifestó que no. También respondió la interrogante de Galo de si detuvo a alguna persona infraganti, su respuesta fue negativa señalando que la lista de las personas se las proporcionó un compañero de la DPI.
En las conclusiones el abogado defensor expresó que el MP no logró probar la participación de cada uno de los pobladores en el ilícito por el cual libró requerimiento fiscal.
Al finalizar la audiencia el togado expresó que Abogado “con el hecho de que se haya interpuesto una excepción y recurso de reposición y no se permitió , “ debió suspenderse la audiencia, la posición del juez fue errónea de acuerdo a lo que corresponde a derecho, considero una apreciación ilegitima del juez con respecto a la norma procesal”.
ACI-PArticipa:Seguiremos apoyando a los afectados
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En la foto: Henry Rodriguez, a la izquierda, Hedme Castro de espalda,el representante del CONADEH y el abogado defensor Nadin Galo. |
Hedme Castro, Coordinadora de la Organización ACI-Participa que apoya legalmente y acompaña el caso dijo que “han montado una maquinaria de parte del Estado por parte de las personas que defienden su territorio, está confabulado el Ministerio Público con las empresas SunEdison y el Grupo Terra, y las acciones están contra pobladores que viven en la miseria”.
Informó que ACI-Participa va a continuar apoyando a los pobladores legalmente y fortaleciendo la seguridad porque los afectados han denunciado seguimientos “y eso ha quedado demostrado con el informe del agente de la DPI que además ha hecho perfiles de los pobladores por lo que están haciendo un análisis de riesgo de quiénes están en mayor peligro para solicitar medidas cautelares ante la CIDH”.
Henry Rodriguez de la Asociación Juvenil para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras,AJUDH - Honduras, informó que su organización le ha dado seguimiento al caso , " los pobladores han sostenido manifestaciones donde exigen que los responsables de dañar sus hogares les tienen que resarcir los daños, en la audiencia inicial preparada para este día donde queda evidenciado una vez más que a las víctimas que hacen uso de su legítimo derecho a la protesta se tienen que enfrentar al aparato judicial que se encarga de criminalizar a quienes defienden sus derechos".
Mi casa está sobre un horno
Una pobladora que conversó con pasosdeanimalgrande.com dijo que “a mí me ha perjudicado bastante hasta una manchas me están saliendo en el cuerpo a mi hija también, me han dado dos altas de presión por las altas temperaturas porque mi casa está a unos pasos de la planta”.
Describió que cuando la planta está funcionando se siente que todo se mueve y su casa por dentro parece un horno, lo que le ha ocasionado que se le suba la presión, siendo llevada dos veces al hospital por esa causa.
“Mi vida era diferente. Cuando llegó la plant yo tenía un año de haber llegado allí , yo compré no sabiendo lo que se venía encima. Ahora por la puerta se me ha metido el agua porque dejaron las calles destruidas y enterraron unos tubos gruesos que quedaron muy encima y eso nos puede ocasionar una tragedia.
Ella junto a todos los demás procesados les toca llegar a firmar el libro al juzgado de Letras todos los martes de la semana, “a veces pido para venir a firmar todos los martes, me rebusco para cumplir con las medidas”, expresó con lágrimas en sus ojos.
El pastor Ramón Enrique Maradiaga, también procesado , expresó que tenía esperanza que la resolución de la jueza fuera favorable a ellos, pero eso no ocurrió. “Lamentamos como el estado ha actuado contra nosotros, hay mujeres de la tercera edad procesadas “.
Sobre el cumplimiento de la medida de ir a firmar el libro todos los martes señaló que “eso Implica inestabilidad económica y algunos despidos de compañeros que tienen trabajo como guardias y maestros de educación por llegar a firmar”
Denunció que es un daño exagerado con este tipo de atropellos porque se está destruyendo el medio ambiente “y el poco de oxigeno que respiramos ahora en el futuro tendremos que andar con un tanque de oxigeno. Los dueños de estos proyectos son consorcios españoles, estadunidenses, alemanes y aquí acomodan las leyes para que les favorezcan y de esa manera nadie puede reclamar sus derechos”
La audiencia terminó pasadas las dos de la tarde y la resolución se emitió entre las cuatro a cinco de la tarde . La jueza resolvió decretar Auto de Formal Procesamiento contra los afectados aduciendo que respetando el principio de inocencia los hechos los pueden probar en el juicio oral y público por lo que va para largo este proceso judicial.
Este es el auto de formal procesamiento emitido por la jueza:
La acusación nuevamente pone de manifiesto el ataque a la protesta social como parte del derecho a la libertad de expresión que tienen los y las pobladoras, al igual que ha sucedido en otros casos donde la gente defiende sus territorios y sus bienes comunes, los cuales son obligación estatal de proteger, pero a quien se respalda es a la gran empresa. En detrimento de los derechos humanos de la población se hace uso del derecho penal para presionar a que se abandonen los reclamos de la ciudadanía.
Vea cómo el Estado funciona para proteger al capital y el calvario de los pobladores que no fueron escuchados, veálo AQUÍ
Estas son las comunidades afectadas:
- El Carrizo
- La Chaterna
- La Pedroza
- San José
- La Landa
- Las Lomas
- Marranos
- Montecillo
- El Yugo
- El Tizate
- Prados I
- El Marial
- San Jorge
- Víctor Argeñal
- Manuel Valladares
- San Pedro del Sur
- El Porvenir
- Santa Lucía
