La manifestación fue convocada por diferentes sectores nacionales en El Progreso, Yoro. Entre las exigencias de centenares de participantes estaba la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, CICIH, el rechazo de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, COALIANZA, y la demanda para que fueran cumplidos los acuerdos firmados por los movimientos campesinos Movimiento Unificado Campesinos del Aguan, MUCA y el Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguán, MARCA, sobre la problemática de tierras en el Bajo Aguán.

Montoya junto a varios periodistas cubrían la protesta. A eso de las siete de la mañana los altos mandos policiales y militares ordenaron un desalojo violento. La comunicadora social fue rodeada por militares y policías que procedieron a destruirle su cámara filmadora que contenía escenas grotescas de violencia contra manifestantes. Al menos otros cuatro periodistas fueron golpeados y los relatos de terror que sufrieron están en manos del Ministerio Público.

Elementos armados del Estado la lanzaron al suelo y la golpearon sistemáticamente en varias partes de su cuerpo, incluyendo su rostro. La acción de violencia le dejó fracturado uno de sus brazos, el dolor hizo que perdiera el conocimiento y posteriormente fuera operada. La acción dejó secuelas en la periodista y defensora de derechos humanos que pasado casi año y medio la mantienen sin que pueda ejercer la profesión y la defensa de los derechos humanos. Los dolores en su columna cervical y diferentes partes de su cuerpo la tienen casi inhabilitada. Los costos médicos han sido altos pues el Estado ni siquiera eso le ha brindado, atención médica digna.

Solo un policía a los tribunales 

Aunque las órdenes para desalojar violentamente a los manifestantes emanaron de los altos mandos policiales y militares, solo un agente será llevado este 15 de febrero al Juzgado de Letras Sección Penal de El progreso, Yoro. La cadena de mando no ha sido tocada y policía esconde los nombres y fotografías de quienes en su totalidad participaron de la violencia y uso desmedido de la fuerza.

Los delitos imputados solamente se refieren a Lesiones y Abuso de Autoridad, aunque la agresión está tipificada como tortura en la Convención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.

El artículo uno de dicha convención señala que “1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el termino “ tortura ” todo acto por el cual se inflija internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean influidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones publicas, a instigaciones publicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Además se violentó el Derecho a la Libertad de Expresión y se dejó a la sociedad sin la información recabada en la cámara que le fue destruida a Dunia Montoya.

En ese sentido los Relatores especiales de Libertad de Expresión tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitieron una Declaración Conjunta sobre la Violencia contra Periodistas y Comunicadores en el Marco de Manifestaciones Sociales, el 13 de septiembre de 2013.

Los Relatores señalaron que “Lo ataques contra periodistas que cubren estas situaciones -manifestaciones y alta conflictividad-, viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión -pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentramiento y se le priva a la sociedad de su derecho a conocer la información que los periodistas obtienen...”.

Montoya permaneció más de un mes en estado grave después de la represión, sin embargo los delitos imputados al agente le dan oportunidad de medidas sustitutivas a la prisión, además de dejar en la completa impunidad las acciones del alto mando policial y militar. De este último ni siquiera se han solicitado los nombres de los participantes.

La afectada está representada por el abogado Laureano Carbajal, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Antecedentes del caso AQUÍ