En un contexto de mucha hostilidad periodistas y comunicadores sociales que cubren  las protestas , han sido blanco de ataques por los cuerpos represivos del Estado de Honduras en diferentes zonas del país, en especial donde las manifestaciones ciudadanas son  constantes.

El hecho violento se produjo cuando Castillo hacía la grabación de los sucesos, entonces un grupo de policías militares  corrió hacia él quitándole su cámara y despojándolo de la misma, después procedieron a quebrársela completamente. 

Hacía menos de un mes que el periodista del canal de TV Telesur, ubicado en san Lorenzo Valle, fue encarcelado por más de ocho horas a pesar que informó a los policías de ese sector que estaba ejerciendo su labor periodística, de nada le valió sus explicaciones porque permaneció en una bartolina hasta que abogados independientes intercedieron por él e interpusieron un Hábeas Córpus.

Los ataques contra periodistas y comunicadores sociales son reiterados desde el golpe de Estado, las campañas de desprestigio, amenazas, vigilancia y hostigamiento son el pan diario para quienes no son solamente transmisores de mensajes del presidente de la República.

Jairo López, un periodista muy crítico es otro que en la zona Sur del país ha tenido que enfrentar diferentes formas de represión en su contra, desde campañas de desprestigio, amenazas a muerte a través de mensajes de texto o llamadas a su programa “El Informador” que transmite todos los días de cinco a seis de la tarde.

Un día antes de finalizar el año, le mandaron whatsaap donde le informaban que lo iban a quemar como muñeco de año nuevo junto al ex candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla y el Coordinador de la misma, Manuel Zelaya Rosales. Los cuerpos represivos lo tienen señalado como el promotor de las manifestaciones y tomas de carretera y el Jefe de la 101 Brigada Militar le ha mandado mensajes con terceras personas que le manifiestan que “el coronel quiere verte”.

Jairo López junto a sus colegas  Ariel D´Vicente; Gerardo Torres y Ricardo Ellner aparecieron al final del año 2017 en un afiche donde los hacían ver como comunicadores sociales pagados por el gobierno de Venezuela.

Los ataques contra periodistas y comunicadores sociales son condenables

El 13 de septiembre de 2013 el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, así como  la  Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hicieron una declaración conjunta sobre el tema de las represiones contra la prensa.

“ Los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”, expresaron.

Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen, dice la declaración conjunta.

“Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones”, advierten. 

El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. 

Los relatores especiales observaron que para hacer su trabajo de manera efectiva, los periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. De lo contrario, los periodistas pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes. 

El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información a través de Internet y demás plataformas de comunicación. Asimismo, las autoridades no deben estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al comportamiento de grupos particulares o hechos aislados, expresaron los relatores en algunas partes del documento.