El entrevistado fue consultado sobre  la posición de la APH en relación a la represión del 12 de enero pasado cuando miles de manifestantes salieron a las calles a protestar contra el fraude electoral y en esa ocasión militares y Policía Militar del Orden Público golpeó a comunicadores sociales que cubrían las incidencias

Carlos Ortiz,  señaló que “este contexto político me recuerdan el 2009 , la crisis política que estamos atravesando sin duda alguna afecta a la población en general y en especial a los hombres y mujeres que hacemos periodismo”.

Recalcó  que contra  los periodistas se cometen violaciones permanentes de derechos humanos, entre ellas al derecho a  la  libertad de expresión , “desde la  Asociación de Prensa Hondureña condenamos todos los actos que van en contra de la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y también aquellos atentados físicos que viven nuestros colegas periodistas cuando andan en la cobertura. Hay  un  alto  riesgo para el ejercicio de la profesión, pero sin duda alguna  un exceso del Estado de Honduras cuando se cometen este tipo de vejámenes como ocurrió el viernes pasado contra compañeros de un canal de televisión  Nacional y hacia la reportera de una cadena Internacional quienes fueron agredidos por la policía”.

Ortíz aseguró que la APH mantiene una denuncia permanente tanto a nivel nacional como internacional en contra de aquellos que agreden a periodistas”.

Aprovechó para hacer un llamado a los y las periodistas a no convertirse en activistas políticos de un sector u otro, “yo llamo a la ecuanimidad, a la ponderación de cada uno de los periodistas, porque cuando yo tomo partido sobre determinado instituto político la situación empeora”.

Detalló que entre las acciones que lleva a cabo la APH a favor de periodistas y comunicadores sociales en Honduras están algunas iniciativas  dentro del Mecanismo de Protección para defensores y defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, como el acompañamiento de algunas propuestas que benefician al gremio que él representa ,  dentro de ellas están las medidas de protección colectivas para periodistas en  Danlí y Comayagua, sumando a nivel nacional 30 periodistas y 9 comunicadores sociales.

La APH para los próximos días recomienda hacer la cobertura con objetividad, con mucha prudencia  y ecuanimidad porque  sin duda la situación en el país está muy compleja a tal grado que la las fuerzas armadas, la Policía Nacional y sobre todo la Policía Militar de Orden Publico ya no entienden de respeto,  “la situación está polarizada y esto significa que las violaciones a los derechos humanos van a continuar así como  las agresiones contra  los periodistas aunque ya no deseamos eso porque las fuerzas armadas se han excedido”.

El mayor número de asesinatos de periodistas se dio en el gobierno de Porfirio Lobo sosa,  cuando el presidente del legislativo era el actual presidente Juan Orlando Hernández, que en su actual mandato como titular del Poder Ejecutivo ha enviado iniciativas de Ley que vulneran la libertad de expresión y una dirigida exclusivamente contra periodistas como es el artículo 335-B del Código Penal que encamina sus pasos a criminalizar el ejercicio de la profesión argumentando apología del terrorismo y deja esta figura a discreción de los jueces que pueden enviar a la cárcel a los comunicadores sociales y periodistas por entre siete a 15 años.

Aunque el Ejecutivo y el Legislativo se comprometieron a derogar ese articulado, lo cierto es que se han hecho los sordos con las demandas de las personas afectadas por esta legislación y la mantiene como una espada en las costillas de los periodistas.

Honduras no cuenta con un plan de acción para detener la violencia contra periodistas

El Estado de Honduras parece no estar tan comprometido para detener la violencia contra periodistas, comunicadores sociales y en general los trabajadores de la comunicación a pesar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha apoyado el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, que fue respaldada por la Junta de los Jefes Ejecutivos el 13 de abril de 2012.

El plan crea un marco para que las Naciones Unidas colabore en el asunto con todas las partes interesadas incluyendo a las autoridades nacionales, locales, ONG internacionales, medios de comunicación y universidades. Vea nota sobre este tema.