Esa reforma que impone penas de 4 a 8 años de cárcel fue aprobada por el Congreso Nacional, en febrero del año pasado, a iniciativa del diputado nacionalista, Oscar Álvarez, quien considera que los periodistas de medios independientes que critican al gobierno deben ser encarcelados.
Muchos sectores sociales, incluidos defensores de los derechos humanos y diputados de la oposición, se han pronunciado para que esta norma se derogue, pero a los parlamentarios nacionalistas, que son la mayoría no les interesa.
Sin embargo, la Unión Europea, en su informe, presentado en Tegucigalpa, el recién pasado, lunes 5 de marzo, recomienda que esa norma jurídica se limite a casos muy explícitos. “Dejando siempre a salvo la libertad de expresión e información de los periodistas”.
Además, este organismo multilateral, pide eliminar las penas privativas de libertad en los delitos de calumnia, injuria y difamación, figuras delictivas, que ya han perjudicado a muchos de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido acusados y encarcelados. En el menor de los casos, los periodistas han sido obligados a pedir perdón y a retractarse públicamente para evitar ir a la cárcel.
Otra recomendación que es importante resaltar, es la de incrementar las capacidades de investigación del Ministerio Público en los casos de asesinatos de periodistas. En tal sentido, cabe mencionar que de octubre de 2001 a la fecha, según del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, han ocurrido 75 asesinatos de periodistas y de ese total, 32, equivalentes al 43% fueron acribillados en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Otra preocupación de la UE es la debilidad del sistema encargado de reforzar las medidas de protección para los periodistas y defensoras de los derechos humanos que reciben amenazas.
La UE pide garantizar la libertad de expresión en los medios independientes y solicita que los comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), no dependan directamente de la Presidencia de la República, sino que sean nombrados a través de mecanismos independientes. En la actualidad CONATEL se ha convertido en azote de los medios independientes y las radioemisoras comunitarias que emiten mensajes diferentes al pensamiento del gobierno.
Para la UE también es preocupante que a los medios de comunicación comerciales se les permita cancelar sus impuestos mediante contratos de publicidad institucional del gobierno. Y piden que este mecanismo sea eliminado.
Las recomendaciones anteriormente planteadas por la Unión Europea en su informe, fueron presentadas por su representante, Marisa Matías.
