El 13 de diciembre de 2011 varias periodistas decidieron expresar su malestar por la falta de investigación ante el crimen de su colega Luz Marina Paz Villalobos, frente a Casa de Gobierno, pero como respuesta recibieron toletazos y gas pimienta. Ocho días después de los hechos, el 21 de diciembre de ese mismo año, unas 14 periodistas mujeres presentaron ante el Ministerio Público la denuncia, pero este ente acusador blindó la información aduciendo que por seguridad nacional la identidad de los perpetradores está bajo la Ley de Secretos Oficiales y no pueden tener acceso.
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Debido a la impunidad en que se encuentra el caso demandaron “La desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de nuestra denuncia, para conocer, en nuestra condición de víctimas-denunciantes, los avances de las investigaciones”.
También pidieron una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del por qué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión, y por último que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
Estado debe actuar con la debida diligencia en caso de violencia contra mujeres periodistas
Según la jurisprudencia interamericana, en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará, destaca la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la violencia contra las periodistas.
Agrega que “Los Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.
Este es el texto íntegro del comunicado entregado a diferentes medios de comunicación.
Siete años de impunidad
“Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión¨
Tegucigalpa, Honduras, 24 de mayo de 2018.- El 13 de diciembre del año 2011, un contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía Nacional atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de mujeres periodistas, auto convocadas a una movilización para censurar y protestar por el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, primera mujer periodista hondureña asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre de ese mismo año.
El 21 de diciembre de 2011, 14 mujeres periodistas y comunicadoras sociales, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); del General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
En la actualidad, casi siete años después, la denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, sigue en etapa de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial. El caso ha avanzado poco y sólo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participó en los hechos.
Cabe resaltar, que hubo denegatoria de información por parte del gobierno anterior (2014-2018), arguyendo motivos de Seguridad Nacional. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales. Ese es el argumento para no resolver esta denuncia y dar a conocer los nombres de los agresores de las periodistas. La denuncia ha cambiado de manos de un fiscal a otro; actualmente es conocido por la Unidad de Defensores.
Bajo este contexto y en el marco del Día del Periodista Hondureño, 25 de mayo, las 14 periodistas y comunicadoras sociales, víctimas de la represión y la impunidad, exigimos:
- La desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de nuestra denuncia, para conocer, en nuestra condición de víctimas-denunciantes, los avances de las investigaciones.
- Una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del por qué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión.
- Que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
En nuestra condición de periodistas, defensoras de la libertad de expresión e información, nos reservamos nuestro derecho de buscar justicia ante instancias internacionales, en consecuencia de la impunidad en nuestro caso.
Justicia tardía no es Justicia
La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, numeral 9, cita:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. (CIDH, 19
