Amnistía Internacional hizo una visita a Honduras en febrero pasado para documentar casos de violencia contra manifestantes que protestaban contra el fraude electoral de las elecciones generales de 2017 y presentar el informe mundial sobre derechos humanos.
La organización internacional hizo acopio de testimonios, videos y otra documentación para respaldar este informe, además de reuniones víctimas detenidas en cárceles y reuniones con funcionarios estatales.
Detalló la situación de presos en cárceles de máxima seguridad como consecuencia de la represión a las protestas en el marco de la crisis postelectoral, entre ellos los de Edwin Róbelo Espinal, de 42 años, Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez y Jhony Salgado Fuentes, a quien una Corte de Apelaciones ordenó su excarcelación para que se defienda en libertad.
A continuación parte de su informe que hace revelaciones y cuestiona el accionar de los cuerpos represivos del Estado haciendo uso excesivo de la fuerza y contraviniendo el manual del uso de la fuerza aprobado por las Naciones Unidas, del Ministerio Público y el Poder Judicial, que en el caso de los primeros han sembrado pruebas y los demás violentado el Debido Proceso de los enjuiciados:
“Entraron al patio, me patearon la puerta, allí fue donde él acudió a abrir, que si hubiéramos sabido mejor nos aguantamos con el gas y no abrimos la puerta.”, relato de Elena Almendarez Padilla, de 44 años, comenta que en algunas ocasiones ella y su esposo Jhony Salgado Fuentes, de 38 años, se acercaron a las zonas de protesta en El Progreso para observar y ofrecieron agua a las personas manifestantes.
Sin embargo, ninguno participó en la protesta que se estaba desarrollando aquella mañana del 21 de diciembre de 2017 a algunas cuadras de su casa. De pronto, desde la entrada de su casa, Elena vio a una multitud corriendo y escuchó disparos por lo que se refugió adentro con Jhony y sus hijos de 16 y 20 años.
Eran las 11 de la mañana aproximadamente; fuerzas de seguridad acababan de dispersar la protesta y estaban persiguiendo a las personas que se manifestaban.
La escena no era inusual para estas fechas en Honduras. Desde el inicio de las protestas, tres semanas antes, eran cada día más numerosas las imágenes y los videos que denunciaban en redes sociales el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, incluso con armas de fuego, para reprimir a quienes habían salido a la calle a protestar. En total, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), 23 personas murieron entre el 29 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, en el contexto de las protestas post electorales, al menos 16 de ellas como consecuencia de disparos atribuidos a las fuerzas de seguridad5. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 30 muertes.
Jhony
Amnistía Internacional tuvo acceso a material audiovisual grabado por un testigo de la escena, en el cual se observa cómo dos agentes de la policía colocaron latas de gas lacrimógeno en la puerta de entrada de la casa de la vecina de Jhony, justo antes de que la patrulla se lo llevara, lo que confirma sus relatos. De acuerdo con la evidencia obtenida, en el lugar no había ninguna protesta aparente que justificara el uso de gases lacrimógenos, y al parecer fueron utilizados sin una advertencia previa y en un lugar cerrado habitado, contrario a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
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Los múltiples testimonios que recibió Amnistía Internacional, la información disponible y la documentación realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil corroboran los métodos usados por las autoridades para reprimir y castigar a manifestantes y a supuestos responsables de disturbios, los cuales son una violación de las normas internacionales de derechos humanos, mismas que requieren que el uso de la fuerza se limite a lo estrictamente necesario y proporcional. Los testimonios narrados a Amnistía Internacional dan cuenta de hechos que contravienen los principios sobre uso de la fuerza e incluso podrían calificarse como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias en ciertos casos.
Uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
De acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las fuerzas de seguridad deben cerciorarse de que el uso de la fuerza siempre se apegue a los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Esto implica que solamente pueden recurrir a la fuerza en última instancia, cuando otros métodos menos violentos (incluyendo el diálogo y la negociación) resulten ineficaces y siempre con estricta proporción al objetivo que se busca, de manera que se minimice el riesgo de lesiones o de muerte.
Por el daño grave que puede causar a personas con problemas respiratorios, los gases lacrimógenos pueden ser utilizados únicamente para dispersar a una multitud en áreas donde haya una oportunidad para escapar, no en lugares cerrados. Antes de utilizarlos, las autoridades deben emitir alertas claras y permitir a las personas tiempo suficiente para retirarse.
El defensor de derechos humanos, Diego Aguilar, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), estaba en el poblado norteño de San Juan Pueblo el 16 de diciembre de 2017. Relató la terrible represión que siguió a la dispersión de la protesta aquel día. Durante tres horas, las fuerzas de seguridad golpearon a quienes habían salido a manifestarse, les lanzaron arena a los ojos y les aplicaron choques eléctricos con táser, mientras eran forzados a recoger los escombros que obstruían la carretera. Todo bajo la mirada de agentes armados que se reían, y grababan a los manifestantes, además de acusarlos de incitar a la violencia, fuera de cualquier marco legal y con el único fin de castigar e intimidarlos.
En el municipio de Villanueva, siete jóvenes fueron arrestados en la madrugada del 24 de enero, acusados de incendiar una estación de policía. Los jóvenes contaron a Amnistía Internacional cómo fueron intimidados y golpeados por fuerzas de seguridad durante su detención. Agregaron que les llamaron “quemapostas”10 y “sicarios”, palabras que claramente son un lenguaje fuertemente estigmatizante.
Posteriormente estuvieron recluidos en el centro de máxima seguridad de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, durante una semana, hasta que un juez dictaminó que no había suficientes elementos para continuar con el caso y ordenó su liberación. Cuando nos reunimos con ellos, más de un mes después de su liberación, uno de ellos relató que aún siente miedo y no puede dormir por temor a que las autoridades lo detengan nuevamente.
Amnistía Internacional considera que el uso de la fuerza innecesaria y desproporcional revela el clima de intimidación instaurado por las autoridades hondureñas para disuadir a la población de participar en protestas y expresar su opinión. En algunas ocasiones incluso podría consistir en tortura u otros malos tratos. Este clima ha sido alimentado por el discurso estigmatizador que emana de varias instituciones, entre las que están los Ministerios de la Presidencia y de la Defensa, que han acusado a los manifestantes de pertenecer a bandas del crimen organizado11.
Las autoridades con las que nos reunimos afirman que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de la legalidad. Por su parte la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, informó en marzo que habían finalizado las investigaciones de 22 muertes registradas durante el contexto de la crisis post electoral, y que los casos habían sido remitidos al Ministerio Público. Hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido enjuiciado por estos hechos.
A raíz de la detención arbitraria de Jhony el 21 de diciembre de 2017, se abrió un proceso penal en su contra por portación ilegal de arma de fuego y uso indebido de indumentaria policial.
Las autoridades dicen que Jhony participó en la protesta, y que lo detuvieron en la vía pública cuando se dio persecución a los manifestantes. Según la versión de la policía en el momento en que lo detuvieron, Jhony tenía en sus manos una escopeta y un escudo policial en el cual estaba escrito “Fuera JOH” – las iniciales del presidente hondureño12.
De acuerdo al expediente de investigación al que Amnistía Internacional tuvo acceso, los testimonios de los oficiales son los únicos que ubican a Jhony en la calle y en posesión de estos objetos. En el video al que tuvo acceso Amnistía Internacional se pudo constatar la presencia de al menos tres policías en el terreno de la casa de Jhony y de su familia. Sin embargo, en el expediente esto no se menciona.
En su testimonio Jhony confirmó que fue detenido en su casa y que no portaba ni la escopeta ni el escudo. Afirmó no haberlos visto, sino hasta que le fueron puestos a la vista en las instalaciones de la policía, donde además le sacaron fotos que luego fueron difundidas en los medios de comunicación. Jhony también comentó que los agentes lo amenazaron en varias ocasiones, y lo presionaron a firmar documentos que no pudo entender al no saber leer, incluso las actas de decomiso de los objetos mencionados, que sirven de prueba en su contra.
Durante su misión, Amnistía Internacional escuchó diversos testimonios que dan prueba de la falta de garantías del debido proceso y salvaguardas para acceder a una defensa adecuada, así como la falta de acceso a abogados y a familiares.
En el caso de Jhony, la información a la que tuvo acceso Amnistía Internacional da muestra de las serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que hasta ahora sostiene la acusación en su contra, lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento. Debido a estas graves violaciones al debido proceso, Amnistía Internacional considera que la detención de Jhony fue arbitraria.
Por lo anterior, Amnistía Internacional exhorta al Estado hondureño a:
Adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se apegue a los estándares internacionales en la materia, en particular en relación a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo las muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Velar porque las personas procesadas a raíz de supuestos delitos, cometidos en el marco de las protestas, gocen de todas las garantías del debido proceso legal; y más concretamente, revisar en cada uno de los casos los procedimientos realizados desde el arresto y remediar cualquier violación del debido proceso.
Garantizar que cualquier detención preventiva esté genuinamente justificada a la luz de los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debiéndose revisar periódicamente las circunstancias que motivaron la aplicación de esta medida y, en su caso, ordenar medidas sustitutivas a la misma.
Velar porque las condiciones de detención en los centros penales sean compatibles con la dignidad humana, garantizando entre otros el suministro de agua potable, alimentación y acceso a tratamiento médico cuando sea necesario.
Llevar a cabo una reforma del Reglamento de visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional con el fin de garantizar el acceso regular de las personas detenidas a su familia y abogados de su elección.
