Desde la llegada al poder del mandatario Juan Orlando Hernández diferentes sectores han denunciado una concentración de poder en el Ejecutivo, pero nunca antes se había experimentado que solo desde la casa de gobierno pueden hablar sobre las temáticas consultadas por los periodistas y comunicadores sociales.

Según ha interpretado la CIDH, el artículo 13 de la Convención Americana comprende la obligación positiva en cabeza del Estado de permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. En este sentido, el principio 2 de la Declaración de Principios establece que, “toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana.

Con esta disposición que es un secreto a voces pero que nadie se atreve a hablar, la sociedad hondureña se estaría quedando sin información vital, lo que violenta convenios y tratados internacionales y leyes nacionales de acceso a la información pública.

Un estudio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señaló que “En efecto, el derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. El derecho de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo”.

En marzo de 2014, dos meses después de la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, en sus primeros cuatro años de gobierno, se publicó en el Diario Oficial la Gaceta la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, la misma fue aprobada como Ley en el período que fungía como presidente del Congreso Nacional el mandatario.

Con lo anterior no basta esta grave restricción de la información sino que también existe la concentración de la misma en la casa de gobierno.

Funcionarios tienen un bozal

Pasosdeanimalgrande.com consultó a periodistas y comunicadores sociales de diferentes regiones del país que manifestaron que los funcionarios no hablan porque aducen que de hacerlo tendrán serios problemas debido a que la información solo debe ser difundida por casa presidencial.

“Definitivamente para nosotros eso es grave porque ya no contamos prácticamente con ninguna información relevante para nuestros programas informativos y nos están obligando a hablar de cosas nada importantes", expresó uno de los periodistas consultados, sobre quien no se divulga de dónde es y cómo se llama por su pedido de mantenerle en reserva porque teme represalias.

Estudio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, léalo Aquí