López cuenta con dos policías asignados como escolta desde hace varios meses que antes estaban en la Policía Preventiva a través de la Unidad Departamental Preventiva de Choluteca, UDEP, pero hace casi un mes fueron asignados a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.

El problema no radica bajo qué dependencia de la Policía Preventiva están los escoltas sino en el hostigamiento permanente a los mismos y la obstrucción de la aplicación de la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia, lo que conlleva el Delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios y Abuso de Autoridad, solo para mencionar dos responsabilidades penales.

A quién acudir si todo está cerrado por falta de acción prejuicio y desidia

La situación está más complicada para Jairo López quien acudió ante el Subcomisionado Ponce Canales, Jefes Departamental de la Policía Preventiva en Choluteca quien lo recibió no solo con el ceño fruncido sino vociferando que el periodista no tenía por qué irlo a mandar solo por el simple hecho de denunciarle lo que había pasado pues su escolta no pudo ingresar a la UDEP número 6 porque un Clase II de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI y un Clase Uno de la Policía Preventiva se lo impidieron aduciendo que ya no pertenecía a esa unidad.

Esas acciones están muy de cerca con la movilización del pueblo de Choluteca del 21 de noviembre de 2018 cuando centenares de personas protestaron contra la instalación del Congreso Movil dirigido por Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional y que fue repudiado por la comunidad del Sur al considerar que se trrataba de una afrenta.

Cuando los escoltas fueron asignados a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se le consultó al Jefe de la Unidad de Derechos Humanos, el Comisionado Torres Saavedra qué pasaría ahora, quién les daría la comida, dónde dormirían o se bañarían, la respuesta fue que no cambiaba nada que solamente pasarían a la otra dependencia.

Ante la respuesta áspera del Subcomisionado Ponce Canales, el periodista López acudió al Mecanismo de Protección a través de una línea de emergencia que se le asignó para que pudiera llamar en caso de un problema, pero tampoco recibió respuesta sino una serie de comentarios nada apropiados para alguien que está en la obligación de atender a alguien en riesgo. La persona que estaba al otro lado de la línea telefónica solamente escuchó a los jefes policiales.

Esa actitud ya no es nada nuevo para Jairo López quien el 10 de noviembre de 2018 tampoco obtuvo una respuesta cuando fue secuestrado por encapuchados que lo llevaron a la fuerza pareciendo una operación de limpieza social o escuadrones de la muerte, pero que después supo que eran policías de la DPI, ese día envió un audio de emergencia al Mecanismo de Protección para informar que había un carro siguiendo a su esposa y que creía que eran sicarios.

Lo concreto es lo concreto

López también envió un mensaje al Comisionado Ochoa, encargado de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, pero todavía sigue esperando una solución, aunque el mensajito fue leído.

Ante la falta de respuestas de todo el Estado López se le suma la responsabilidad de resolver sobre la comida, la dormida y demás gastos para sus dos escoltas, lo que parecería una trama bien planificada para desesperarlo y abandonar las medidas de protección, “eso es lo que ya días quieren y en las últimas horas me han informado por diferentes medios que no voy a pasar de diciembre, eso se refiere a que me van a quitar la vida a vista y paciencia de un Mecanismo que da mucha pena en sus actuaciones”, expresó el comunicador social ya cansado de tanta indiferencia y torpedeo a sus medidas.

El artículo 35 de la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, señala que es el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional Preventiva el encargado de la implementación de las medidas las cuales debe coordinar con las jefaturas departamentales de la Policía Preventiva que deben dar un trato preferente a esta implementación para evitar un desenlace fatal.

En el caso del periodista Jairo López ha habido un estira y encoge en este proceso de implementación desde el desafío de los jefes policiales al Mecanismo de Protección hasta la acción aparentemente coordinada para que nada funcione.

Todos los que no actúan tienen responsabilidad penal

El Artículo 349 del Código Penal hondureño señala que “Será castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena, 1) El funcionario judicial o administrativo que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales……3) El funcionario que, fuera de los casos previstos en el número anterior, omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio, con infracción del deber de su cargo….5) El jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente…

Aplicando ese ordenamiento jurídico quiénes tendrían que pagar las consecuencias?