Al menos 75 trabajadores de la comunicación entre ellos más de 68 son periodistas, están en tumbas en los cementerios, la lista inició en el 2003, pero con el golpe de Estado y las secuelas de éste, así como las protestas por el fraude electoral, han abonado un terreno más peligroso para quienes informan en Honduras, tanto en el ámbito de las ciudades grandes como de las localidades a nivel nacional.

El narcotráfico, crimen organizado, violaciones a los derechos humanos, la militarización, el extractivismo con las mineras e hidroeléctricas que cuentan con un aparataje privado y estatal represivo contra quienes defienden los territorios, son solo algunos de los temas silenciados en Honduras y que los y las periodistas que se atreven a tocarlos deben alistarse para una serie de amenazas, hostigamientos, vigilancia y hasta la muerte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado que Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.

Conversatorio en Tegucigalpa

En el conversatorio estará el hermano de uno de los periodistas asesinados, quien contará cómo la búsqueda de justicia para la familia ha sido un camino tortuoso que aún no termina.

Pero qué está haciendo el Estado, aún con nuevas instituciones como el Mecanismo de Protección y la Fiscalía de Protección que debe trabajar en conjunto con esta instancia, ambas deben demostrar que en efecto el Estado quiere detener la muerte de periodistas, hasta ahora hay serias dudas.

La policía es la encargada de proteger supuestamente a los periodistas amenazados pero a veces desde esta institución hay presiones contra los beneficiarios, campañas de desprestigio, ataques a las escoltas cuando las tienen, como el caso del periodistas Jairo López, son entre otras las  acciones que violentan la Ley de Protección para Periodistas, comunciadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia aprobada en el Congreso Nacional en mayo de 2015. La policía no cumple en la mayoría de los casos con su función y se constituye en uno de los agentes promotores de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales.

Entonces quién protege a los periodistas, o es que a alguien le interesa mantenerlos callados. El conversatorio abordará estas interrogantes. Allí habrá también poesía contra la impunidad y un pequeño altar para destacar que cuando matan a un periodista atacan a toda la sociedad

Este acto se lleva a cabo en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad   de los Crímenes contra Periodistas. El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/RES/68/163) en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional . La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.

Esta es la invitación que ha circulado Pen International y Pen Honduras: