Sólo en los primeros dos meses del presente año, Honduras registró al menos nueve casos que evidencian que éste país centroamericano sigue siendo de alto riesgo para el ejercicio del periodismo independiente, situación que contrasta con la aceptación de compromisos asumidos por el Estado.

La comunidad internacional le exige a Honduras implementar medidas para reducir el riesgo de los periodistas en el ejercicio de su labor, y ante ese contexto las autoridades determinaron aprobar leyes y crear entidades como la Fiscalía y el Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, sin embargo, las leyes solas no se cumplen, las instituciones son débiles y la situación no cambia.  

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El 12 de enero pasado, en la aldea Plan de Turcios, jurisdicción de Juticalpa, Olancho, la familia del periodista Leonardo Raudales, corresponsal de Radio América en ese departamento, fue tiroteada, y en el incidente resultaron heridos el hijo, la esposa, la cuñada y el suegro del comunicador.

Pero además, en el hecho también falleció Nelson Yovani Ávila, uno de los trabajadores de la familia del periodista.

Un solo día, varios hechos

El 27 de enero, el Partido Libertad y Refundación,(Libre), convocó a los Comandos Insurreccionales para desarrollar jornadas de protestas conmemorando el primer aniversario de usurpación del poder por parte de Juan Orlando Hernández, acusado de robarse las elecciones presidenciales, en noviembre del 2017.

Hubo movilizaciones, plantones, marchas y tomas de puentes y carreteras, que al ser reprimidas por la policía y los militares, dejaron como saldo a varios periodistas golpeados y criminalizados.

Por ejemplo, Jairo López, periodista de la zona Sur, fue detenido a la una y treinta de la tarde de ese día y dejado en libertad en la madrugada el día siguiente, hasta que un fiscal, determinó que las pruebas presentadas por la policía no eran suficientes para hacer un requerimiento fiscal y mantenerlo en prisión.

Jairo es beneficiario de las medidas de protección otorgadas por el mecanismo del Estado y fue detenido junto con su escota, en la comunidad de Santa Elena, en el Sur del país, cuando regresaban de darle cobertura a la protesta.

El comunicador ha sido perseguido por las autoridades por su oposición al gobierno y en esa ocasión, la policía le trató de imputar el delito de tráfico de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad del Estado, la situación obligó al periodista a resguardar su integridad física y la de su familia, a falta de protección del Estado.

Mientras eso ocurría en Choluteca, la Policía Nacional también realizaba operativos violentos en la capital de la República, y cuando desalojaba una toma pacífica que mantenían los pobladores en la colonia Kennedy, uno de los “agentes del orden” le disparó directamente a un camarógrafo del canal de televisión Une TV, impactándole una bala de goma en el abdomen.

Situación similar ocurrió en El Progreso, Yoro, contra los periodistas Edgardo Castro y Luis Sierra, cuando un policía de investigación, identificado por los manifestantes como Jimmy Morazán, les disparó balas de goma en sus cuerpos. Ellos fueron atacados cuando registraban imágenes del desalojo violento que realizaban elementos de la policía y del ejército.

Amenazan con destruirlo

El 31 de enero pasado, en audiencia de conciliación por una querella interpuesta en su contra, el periodista Carlos Martínez Zepeda, responsabilizó al diputado Bernardo Enrique Yllescas, de cualquier cosa que pueda ocurrirle a él o su familia.

Carlos Martínez fue querellado por injurias, el 18 de octubre del 2018, por el parlamentario, del departamento de Cortés, perteneciente al Partido Alianza Patriótica, liderado por el General, Romeo Vásquez, protagonista del golpe de Estado que profundizó la crisis económica y política del país.

Según el periodista, el diputado Yllescas ha dicho que lo va a destruir y que va a sentar un precedente contra él.

Martínez, es productor y conductor de los programas “La Tertulia” y “En la mira”, transmitidos por Canal 6, mientras que Yllescas es vicepresidente del Congreso Nacional.

Te doy 15 días

De acuerdo con una alerta publicada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el pasado 04 de febrero, el periodista Joel Mejía, fue amenazado en vivo, cuando transmitía su programa “Noticias JM Visión”, en un canal de televisión local, de La Unión, Olancho.

“Te doy 15 días para que te perdás del mapa, ya la cagás pendejo”, le dijeron al comunicador, quien asegura que la amenaza se deriva por haberse negado a realizar una campaña de desprestigio en contra del ex alcalde municipal, “favor” que le pidió el acalde actual, de La Unión, Ramón Edgardo Cárcamo.

Según C-Libre, hace cinco meses, el comunicador fue a la alcaldía a cobrar la pauta publicitaria acordada con la corporación municipal y el alcalde le expresó que debía ser leal con él y hacer una campaña para desprestigiar al edil anterior.

Le arrebatan el celular

El 16 de febrero de este año, el periodista Douglas Varela, fue víctima de agresión policial mientras le daba cobertura al hallazgo de un cadáver en la entrada a la represa Los Laureles.

Varela, labora en Radio América y transmitió en vivo, pero se quedó grabando el video para las redes sociales. En ese momento llegó la policía y fue agredido para obligarlo a retirarse del lugar. "Iba retrocediendo, pero un policía me arrebató el celular”, sostuvo el comunicador.

Lo persiguen

El 18 de febrero, pasosdeanimalgrande.com , informó del difícil momento que vivió el periodista Edgar Andino, director del programa El Patrullero de Choluteca, que se transmite en el canal de televisión, Prensa Libre.

Semanas atrás, el comunicador había estado denunciando que era perseguido por vehículos y vigilado por hombres desconocidos que merodeaban su casa, pero ese día miró a un hombre que pretendía introducirse a su cuarto a través de una ventana.

Hasta hace poco Andino era una de las pocas voces críticas que quedaban en Choluteca, pero el asedio lo obligó a tomar medidas extremas y al Mecanismo de Protección a reunirse de emergencia la semana pasada por este caso.

Sale con su familia

El caso más reciente de agresión de la prensa opositora, se dio el pasado 22 de febrero, cuando el periodista Selvin López Anariba, denunció que por las amenazas de muerte que había recibido decidió abandonar Honduras junto con su familia.

Con él partieron su esposa, la también periodista, Dulce Valle y su hija, Abigail, estudiante de la carrera de periodismo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Selvin López ha sido un fuerte crítico del gobierno de Juan Hernández y fue amenazado con matarle a su esposa y a su hija si no entregaba una fuerte cantidad de dinero. Puso la denuncia ante las autoridades, pero no fue oído ni protegido.

En los hombros de JOH la muerte de 32 periodistas

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), indican que de octubre de 2001, cuando se registró el caso de Arístides Soto a la fecha,75 periodistas cayeron como producto de la criminalidad y que del total, 69 casos, equivalentes al 92% están impunes por falta de interés en las entidades operadoras de justicia.

Pero además, hay una enorme cantidad de denuncias por atentados, amenazas de muerte, destrucción y robos de equipos, intimidación y agresiones verbales y físicas, que por falta de interés tampoco se resuelven en las entidades operadoras de justicia.

De los 75 asesinados, solo seis casos fueron resueltos con sentencias condenatorias para los gatilleros y no existen investigaciones de quienes ordenaron esas muertes.

El CONADEH registra que solo en los primeros cuatro años de gobierno de Juan Orlando Hernández, fueron acribillados 32 periodistas y comunicadores sociales, cifra que representa el 43% del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años, según una investigación de pasosdeanimalgrande.com titulada “El 43% de los asesinatos de periodistas ha ocurrido en el gobierno de Juan Orlando Hernández”