Hernández lleva 24 años trabajando en diversos medios de comunicación de la zona del Aguán y asegura que después del golpe de Estado, ejecutado por militares, políticos y empresarios contra el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en junio del 2009, la represión y la censura contra los periodistas crecieron en esa región.
“Aquí no somos libres para trabajar”, expresó Hernández, refiriéndose a las restricciones que les imponen los dueños de los medios, que siempre buscan quedar bien con la empresa privada, el gobierno central y las municipalidades.
Indicó que en ese lugar hay 60 comunicadores sociales que sufren por la violación del derecho a la libertad de expresión,”allí uno se siente incapaz de denunciar, uno traga nudos porque si habla le van a quitar el trabajo”, expresó Hernández.
Asimismo denunció que la policía en varias ocasiones ha golpeado a periodistas que les dan cobertura a las manifestaciones pacíficas de los pobladores que luchan por mejores condiciones de vida y por la defensa de los recursos naturales.
Y aparte de los golpes que han recibido algunos periodistas, todos han sido víctimas de los gases lacrimógenos que lanza la policía en los desalojos violentos.
Entre los comunicadores que han sido agredidos físicamente Hernández mencionó a David Corea y a Vitalino Álvarez.
No criticar para evitar agresiones
En los últimos cuatro años Hernández que ha trabajado como presentador de noticias en un canal de televisión local, asegura sentirse limitado en su labor periodística, pero la necesidad lo obliga a continuar. “Hay un sueldito y de allí está comiendo mi familia”, afirmó.
Para él también es importante la opinión de su mamá a la que dice considerar su fan principal porque siempre está pendiente del acontecer y de aconsejarlo para que no se arriesgue en temas peligrosos.
Según Hernández su clave para no ser agredido es tratar de no ser muy agresivo. “Porque cuando uno es muy radical, recibe alguna caricia de las autoridades”, manifiesta.
Eso indica que en este país, suscriptor de diversos convenios internacionales en materia de derechos humanos, la libertad de expresión, considerada la base fundamental del Estado de derecho, no existe.
Colón, situado en el caribe hondureño, es una zona en la que las empresas agroindustriales y extractivistas han generado conflictividad social, por los daños que producen al medioambiente y las violaciones a los derechos humanos que se generan a partir del clamor popular.
A finales del 2010, periodo gubernamental de Porfirio Lobo Sosa, la región del Aguán fue militarizada, y esta situación incrementó las violaciones de los derechos humanos.