En ese momento, Honduras vivía una de sus peores crisis, derivada, del golpe de estado militar, que dejó fuera del poder al entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
Zelaya fue sustituido ilegalmente, por Roberto Micheletti, un hombre hambriento de poder, que, para mantenerse en la presidencia de la república, se apoyó del Ejercito y de los empresarios, violentando los derechos fundamentales de los hondureños, incluido el derecho a la vida de muchos manifestantes, asesinados, por policías y militares,
El 12 de agosto del 2009, a las inmediaciones del Congreso Nacional llegaron miles de manifestantes, exigiendo el retorno del orden constitucional. La manifestación fue reprimida por un comando de la Policía Elite Cobras, al mando del Comisionado, Elder Madrid Guerra, que, en el operativo, detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidas estas 24, que tuvieron que esperar el paso de 10 años para recuperar su libertad definitiva.
Entre ellos, hay comunicadores sociales y transeúntes, que al momento de sus detenciones fueron llevados a cárceles clandestinas, torturados y criminalizados, como ocurrió con el comunicador social, Oslin George Cantillano, fotógrafo de la Revista Vida Laboral. A él, también le decomisaron una cámara fotográfica, propiedad de la institución en que laboraba.
A Oslin, por ejemplo, sin ninguna prueba contundente, lo acusaron del delito de daños en perjuicio de las tiendas, Jetstereo, El Gallo más Gallo y Pollo Campero del Grupo Intur. A otros, les imputaron los delitos de robo, sedición y atentado a la seguridad del Estado.
Sin embargo, ayer, 9 de mayo, la juez, Dimia Hortencia Salgado, les entregó su respectiva carta de libertad definitiva, “en virtud de habérsele extinguido la acción peral”, dice el documento oficial, emitido por el Juzgado de Letras Penal, de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
Aparte de Oslin, también recibieron carta de libertad definitiva, Sergio Raúl Jerezano, Emerson Rosicler Barahona, Mabel Carolina López, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Gerardo Arturo Flores Valeriano, Alba Leticia Ochoa Camacho, Darwin Said Hernández Carbajal, Nelson Gustavo Rivera López y José Natividad Pérez Lorenzo.
Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Rosario Vásquez, y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez, entre otros, que no solo fueron víctimas de la acusación injusta por parte del Ministerio Público, sino también de la brutalidad policial al momento de detenerlos.
En el operativo de ese día, la policía realizó masivas capturas de manifestantes y de personas que transitaban por el lugar, las llevaron a los bajos del Congreso Nacional, donde fueron torturadas salvajemente y después conducidas al Escuadrón de los Cobras, donde nuevamente fueron torturadas psicológicamente.
Fue una cacería humana, con armas de guerra, gases lacrimógenos, tanquetas de agua con químicos letales, garrotes y tubos que utilizaron para golpear a los manifestantes detenidos. Ese día 25 hombres y mujeres fueron hospitalizadas por golpes y fracturas que recibieron en distintas partes del cuerpo, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reportó que cinco de sus miembros se encontraban desaparecidos.
vale decir, que los manifestantes criminalizados fueron liberados por el juez, luego de una audiencia donde les dictó medidas sustitutivas de la prisión.
Demandan a policías torturadores
Por las torturas que recibieron al ser detenidos arbitrariamente, los manifestantes criminalizados, acusaron penalmente a los policías torturadores, José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos y Elder Madrid Guerra, este último, jefe del operativo.
En la demanda, todavía pendiente de resolverse en los tribunales, son acompañados por organismo de derechos humanos de Tegucigalpa, que los acusa de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejámenes.
Para evadir el juicio, solicitaron ser incluidos en el Decreto de Amnistía 2-2010 para casos políticos, pero el juez desestimó la petición. Oslin George, informó que el próximo 24 de mayo hay audiencia por este caso.
Los responsables de las torturas y detención ilegal contra estas personas no han sido enjuiciadas lo que fortalece la impunidad con que se manejan los cuerpos de seguridad en la represión de la protesta social en Honduras.
