El 15 de febrero en la sede del Ministerio Público, en Juticalpa Olancho, Mejía denunció que Carmen Lastenia Padilla, madre de Ramón Edgardo Cárcamo, alcalde municipal de La Unión, en ese departamento, lo amenazó por emitir en su programa opiniones relacionadas con el cobro exagerado de tasas y servicios, aprobadas por la municipalidad, en el plan de arbitrios de este año.

La denuncia contra la mamá del alcalde la interpuso el periodista luego que en pleno programa recibiera de ella este mensaje, “Te estoy viendo en Silca, si vuelves a mencionar a un alcalde de los municipios del norte de Olancho, es conmigo que te vas a entender hijo de la gran puta y si publicas este WhatsApp te va a ir fatal. Te doy 15 días para que te pierdas del mapa, ya la cagas pendejo”.

Mejía era el conductor del programa de noticias JM Visión, con cobertura local, y de acuerdo con una alerta publicada por el Comité por la Libre Expresión C-Libre, las amenazas continuaron sin que las autoridades le ayudaran a resolver su situación de riesgo.

Ante tal situación, este periodista que sin resultados favorables también le solicitó auxilio a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), no tuvo más opción que cerrar el espacio informativo para salvaguardar su vida.

Con esa acción las autoridades no solo han permitido que se violente el derecho a la libertad de expresión y de prensa de este periodista sino también el derecho al trabajo, a la alimentación y de la vida digna.  

El MP registró la denuncia de Mejía con el número1550251835 y pese a que desde el primer trimestre del 2018 el gobierno creó la Fiscalía de Protección para Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la mayoría de las denuncias por violaciones a la libertad de expresión y de prensa siguen sin investigarse, como también está impune el 96% de los asesinatos de comunicadores sociales.

La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos también mantiene engavetados una enorme cantidad de expedientes por amenazas, atentados y agresiones, ocurridas entre 2009 y 2018.

Según la publicación de C-Libre, Mejía también es beneficiario del Mecanismo de Protección del Estado y su caso era aunque de alto riesgo, esa entidad solo le brindó la medida de un enlace telefónico con la policía de esa región.

El ejercicio del periodismo en Honduras cada día se vuelve más precario no solo por la aplicación de leyes que restringen la libertad de expresión, sino también por las constantes amenazas que reciben los comunicadores sociales por las informaciones que dan a conocer. En los últimos años este país ha colapsado por la corrupción del gobierno y por las acciones violentas del crimen organizado que no dan tregua.

Solo en lo que va del presente año, al menos cinco periodistas han abandonado Honduras, mientras que otros se han desplazado a otras regiones del país, para resguardar sus vidas por la violencia que los amenaza.