La sentencia dictada este lunes, 03 de junio de 2019 contra el periodista, se deriva de una denuncia que el 27 de febrero pasado interpuso en su contra el venezolano, Marcos Porras, quién había llegado a Honduras, como embajador de Venezuela, nombrado por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de ese país sudamericano, a inicios del presente año. El acusador también le abrió una querella por difamación y calumnias.

En enero pasado con el fin de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, en medio de las protestas, Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela y nombró embajadores en varios países que le brindaron su apoyo, incluido Honduras. Y cuando recién había llegado el 25 de febrero, Marcos Porras se encontraba en el aeropuerto de Toncontín dando entrevistas a los medios de comunicación afines con la oposición venezolana.  

A ese lugar también llegó el periodista, Silva, quien tratando de entrevistar a Porras le comenzó a hacer preguntas cuestionadoras, pero el venezolano le negó sus declaraciones, afirmándole que la línea editorial del medio en que labora Silva no es afín con su manera de pensar. “No voy a hablar con usted”, le expresó, yéndose del lugar

El periodista lo siguió interrogando mientras caminaba. Silva rozó el micrófono en el rostro del venezolano y por ese motivo, lo acusó por agresiones en un tribunal justicia.

Cesar Silva representa una de las pocas voces críticas del presente gobierno, y por esa razón, en repetidas ocasiones ha sido perseguido y golpeado por los agentes del Estado, que reprimen las manifestaciones pacíficas. También estuvo a punto de ser apuñalado el año pasado mientras transmitía en vivo en las afueras de un hospital.

Porras hizo uso de una justicia envuelta en la corrupción y las directrices que se desprenden desde el Poder Ejecutivo.

El 11 de marzo de este año, un juez de paz lo citó a audiencia, donde fue evidente que la parte acusadora no tenía voluntad para conciliar.

El caso siguió su curso y  en audiencia desarrollada el pasado lunes 03 de junio, el juez lo sentenció por faltas contra las personas constitutivas de maltrato de obra.

El título II de las faltas contra las personas del Código Penal , señala en el artículo 398, que sufrirá prisión de quince a sesenta días quien golpeare o maltratare de obra a una persona sin causarle lesión.

“Es una persecución contra los periodistas”, expresó Benedicto Santos, apoderado legal de Silva.

Sostuvo, que desde el punto de vista pecuniario su defendido jamás iría a la cárcel porque esa pena es conmutable, sin embargo anunció que para revertir la condena presentará el respectivo recurso de apelación.

Gobierno me persigue

Entre tanto Silva ha confirmado que el gobierno lo persigue y que desde el momento en que el Tribunal admitió la acción judicial, él ya estaba condenado.

“Es un juicio político que no tiene nada que ver con el roce del micrófono, no es nada más que una acción política con un gobierno espurio de Juan Guaidó y representado por un ciudadano que tampoco era embajador”, indicó Silva.

El comunciador social debe enfrentar en los próximos días otro juicio interpuesto por Porras a través de una querella por difamación y calumnias. Tal como se desarrolló este primer proceso, Silva podría ser condenado también.

Cesar Silva es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (CIDH), pero el gobierno no solo lo ha desprotegido sino que además, lo ha lesionado y le obstaculizado el ejercicio de su profesión.  

En febrero del 2018, Silva le daba cobertura a una protesta de los empleados del hospital psiquiátrico, Mario Mendoza cuando un hombre enfrente los policías que custodiaban la manifestación, se le acercó y le lanzó una puñalada, con propósitos de asesinarlo. Los agentes del Estado presenciaron la acción, pero se negaron a detener al agresor.

Aunque Cesar Silva presentó la denuncia ante el Ministerio Público, éste no actuó con diligencia y el hecho quedó en la impunidad, al igual que otras acciones que ponen en riesgo su vida.

De acuerdo a las recomendaciones que Honduras recibió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en mayo de 2015 en Ginebra Suiza, en el Examen Periódico Universal, EPU, debe “investigar los casos de violencia contra los periodistas y enjuiciar efectivamente a los responsables de tales actos”.

Otra de las recomendaciones fue “Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas”.

Agregan parte de dichas recomendaciones que el Estado de Honduras debe “Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, protegiéndolos de cualquier acoso o intimidación, de conformidad con sus obligaciones internacionales”.

Vea las recomendaciones en el EPU 2015 aquí en este link