Al menos 7 periodistas han sufrido amenazas, agresiones físicas y persecución en Honduras en el mes de julio de este año , en el marco de la protesta social, según ha documentado la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Entre los casos se encuentran Marvin Neptalí Ortiz, de Radio Globo y los periodistas Tania Elwin, Román Paz, Lily Valladares, Claudia Sosa, Paola Cobos y Kelin Chirinos, de Canal 6 que denunciaron agresiones y obstrucción de su labor periodística por parte de la Policía Militar.

Las amenazas y agresiones contra miembros del gremio de periodistas y comunicadores sociales han sido más frecuentes en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Colón, Copán, Choluteca y Valle, según documentó el CONADEH.

La noche del 06 de agosto recién pasado, Juan Carlos Castillo, camarógrafo de canal 11 fue herido en la cara por la Policía Militar cuando cubría la protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, en la ciudad de San Pedro Sula, al Norte de Honduras. Daños similares se produjeron en Tegucigalpa contra periodistas y comunicadores sociales

El gremio de periodistas se solidarizó con él realizando una protesta de micrófonos caídos frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa y simultáneamente en San Pedro Sula en el portón de la Policía Nacional, exigiendo un cese a la violencia y respeto por el ejercicio del trabajo periodístico.

Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, (CPH), a través de la red social Twitter exigió a la policía respetar a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación también e hizo un llamado a defensores nacionales e internacionales a tomar nota de las agresiones contra la prensa.

La policía también lanzó al interior de un autobús que conducía estudiantes bombas lacrimógenas, causando daños a la integridad y a la salud de estudiantes, en el Norte del país.

CONADEH llama a entes policiales a hacer uso de protocolos internacionales

Roberto Herrera, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hizo un llamado público a las autoridades del Estado a utilizar el protocolo de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas, respetando en todo caso la vida y salud de las personas y asegurando el ejercicio democrático, libre y responsable del periodismo en todas sus dimensiones, así como el derecho de manifestación pacífica y sin armas.

También mencionó en un comunicado difundido el 07 de agosto que en lo que va del año se han registrado medio centenar de detenciones, querellas y destrucción a equipo de trabajo de los miembros del gremio periodístico, con respecto a esto puntualizó que las acciones son condenables porque atentan contra la libertad de expresión y de información además de poner en riesgo la vida de las personas.

“Durante este período se tomó nota de algunos periodistas y comunicadores sociales que tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas, mientras que otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente en actos de protesta social”, señala el CONADEH en un documento difundido el 07 de agosto de 2019.

Miembros de la policía han sido denunciados por agredir y obstaculizar la labor que realizan periodistas de algunos medios de comunicación. Al parecer, algunos miembros del orden se encargan de tirarles bombas lacrimógenas a los periodistas para que estos no puedan realizar su labor de informar al pueblo y no puedan llegar hasta el escenario del hecho noticioso por temor a que les graven las cosas que no hacen correctamente, agrega la publicación.

“ La violencia contra periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social, “Estamos muy interesados en evitar que esa práctica irregular pueda consolidarse porque constituye una vulneración grave a los derechos humanos”, dijo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres .

Según el titular del CONADEH, las autoridades policiales deben deducirles responsabilidades de los agentes responsables de dichas acciones. Además, el Ministerio Público debe investigar de oficio este tipo de acontecimientos que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población, específicamente en el derecho de informar y ser informado, destaca la publicación que se encuentra el sitio web del CONADEH en este link.