Lanza llega en momentos muy difíciles para periodistas y comunicadores sociales que enfrentan crímenes, amenazas, persecución, hostigamiento, cierre de espacios, criminalización del ejercicio periodístico, ataques directos contra sus cuerpos por parte de las fuerzas represivas estatales cuando cubren manifestaciones donde miles de personas se manifiestan contra el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Mencionó que se debe garantizar el ejercicio periodístico, “el trabajo de un comunicador solo es transmitir información de lo que está sucediendo, no debe criminalizarse porque es un derecho transmitir información”.

Agregó que el Estado tiene una obligación con su ciudadanía, es principalmente proteger el derecho a la vida ya sean manifestantes, periodistas, entre otros.

Recordó que la CIDH recomendó al Estado crear un Mecanismo de Protección para salvaguardar la vida de los periodistas, funcionarios y defensores de derechos humanos que denunciaran amenazas o corrieran peligro de algún tipo.

“Sabemos que hay una serie de periodistas que sí están siendo protegidos, pero también hay otras situaciones de demoras en las medidas. También cuando ponen policías escoltas a un periodista éste no podrá cubrir su fuente en caso de necesitarlo o algunos acusan a la misma de vigilarles”, dijo Lanza.

A su criterio la impunidad es uno de los principales problemas debido a que hace falta investigación contra los agresores de periodistas y aún hay muchos que no se les ha brindado justicia.

En relación a la protesta social expresó que el Estado debe ser neutral, en cualquiera de los casos nadie puede ser sancionado o detenido por ser crítico en contra del gobierno, no debe haber discriminación independientemente de los temas que aborden, sentenció.

Para ello el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas que protestan, independientemente si se trata de una toma de carretera que obstaculice el paso, “ahí las fuerzas policiales deben entablar un dialogo de cuánto tiempo se mantendrá y tratar de buscar otras rutas de acceso, evitar responder con violencia al ejercicio de un derecho”, destacó.

Sobre las protestas donde hay quema de llantas manifestó que”cuando se mete fuego a una llanta hay una serie de molestias, pero hay que entender que la manifestación o protesta social se desarrolló para indicar una inconformidad, se tiene una demanda de la población que no está de acuerdo en algo y está en su deber de manifestarlo”.

Pero recomendó que es contraproducente si la respuesta del Estado es tratar de evitar una protesta disolviéndola porque crea un conflicto que puede ser incluso más grande, y se debe escuchar las peticiones de la población para resolver cualquier problema.

Limitaciones a la libertad de expresión

Lanza destacó que el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre próximo, deja algunas preocupaciones con respecto a los derechos humanos como libre asociación y la libertad de expresión, pues afecta la protesta social, la labor periodística y perjudica el acceso a la información de la población.

Para él en los temas de calumnia, injuria e incluso terrorismo, ese ordenamiento jurídico deja una brecha abierta para que cualquier ciudadano incluyendo periodistas, estudiantes y defensores, sean judicializados y apresados por una denuncia de algún sector que no esté de acuerdo.

“En Honduras la crisis social y política es muy compleja y eso nos toca a nosotros velar que se cumplan las recomendaciones que se hacen durante las visitas formales que realiza la CIDH, actualmente estamos esperando publicar el próximo informe”, finalizó.