Son periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos y dueños de medios de comunicación del departamento de Copán que manifestaron su malestar hacia algunas instituciones del Estado de Honduras donde funcionarios públicos les niegan información o entrevistas.
El argumento de estos funcionarios es que no están autorizados para brindar entrevistas o que no cuentan con presupuesto asignado para contratar un vocero que pueda atender a los medios de comunicación.
Entre estas instituciones sobresalen el Hospital de Occidente; Ministerio Público; Poder Judicial; Dirección Departamental de Educación e Instituto de Conservación Forestal, ICF, entre otros.
En algunas de estas instituciones está prohibido el ingreso de cámaras, tal es el caso del Hospital de Occidente donde en más de una ocasión los guardias de seguridad que son de un empresa de seguridad privada, han agredido verbal y físicamente a la prensa impidiendo el ingreso al centro asistencial, según ellos por orden del director.
El Ministerio Público y el Poder Judicial no brindan ningún tipo de entrevistas, por lo que los periodistas raras veces difunden información relacionada con estos órganos del Estado. En el caso de hacerlo solamente son con videos y fotografías, y algunas versiones de familiares de los detenidos, imputados o apoderados legales, pero la noticia no lleva el balance ya que no se conoce la versión del otro sector.
Consultados funcionarios de dichas instituciones manifestaron que tienen orden desde las jefaturas de Tegucigalpa de no brindar información. La Policía Nacional Preventiva y la Policía Militar del orden Público, PMOP, junto a fiscales que impiden el acceso a la información, muchas veces en crímenes de alto impacto, denunciaron los afectados.
Contradictorio
Estas mismas instituciones convocan a los medios de comunicación por instrucciones de las gerencias de Tegucigalpa para dar a conocer las actividades que ellos realizan y lo hacen de una forma astuta ya que antes de las conferencias de prensa ofrecen un desayuno o un convivio, fuera de la ciudad y hasta contratan vehículos para transportar a los periodistas y comunicadores sociales. Al final de la actividad o conferencia de prensa dan regalos los cuales pueden ser materiales o económicos, describieron los denunciantes.
Ante esta situación varios periodistas y comunicadores toman la decisión de no asistir a dichos eventos ya que lo consideran una burla al dar entrevistas sobres temas que a ellos les interesan.
Otra situación que se da es que estos funcionarios aspiran a cargo de elección popular y andan en constante campaña política y durante la semana realizan actividad y allí sí llaman a los periodistas para que les den cobertura a sus eventos políticos, siendo estos mismos funcionarios que niegan la información en las instituciones de gobierno donde trabajan
Funcionarios sólo quieren que les cubramos sus campañas políticas
El periodista Héctor Arita dijo que los funcionarios aspiran a un cargo de elección popular andan en constante campaña política y durante la semana realizan actividad y allí sí llaman a los periodistas para que les den cobertura a sus eventos políticos, siendo estos mismos funcionarios que niegan la información en las instituciones de gobierno donde trabajan.
Agregó que la mayoría de empleados no son accesibles con la prensa porque hay falta de transparencia y a menudo están mencionados en casos de corrupción, pero al momento ser buscados por la prensa niegan el acceso a la información.
Una de las situaciones preocupantes es que las personas que trabajan para instituciones estatales que son mencionados en actos de corrupción ven como enemigos a los periodistas. Estos funcionarios creen que para tener una buena imagen y relación, deben pagar publicidad y dar regalías.
Periodistas y comunicadores sociales se han organizado en una red para buscar solución a los problemas como el acceso a la información, que dificulta su labor en el ejercicio de la profesión y deja sin la misma a la ciudanía de Copán.
En el Artículo 3 de la ley de Transparencia y acceso a la Información Pública aprobada por el Congreso Nacional en el año 2006, señala que es “Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente Ley, en los términos y condiciones de la misma”.
Destaca este mismo artículo en su inciso 5 que es “Información Pública: Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido clasificado como reservado se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas que no haya sido previamente clasificada como reservada, y que pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las Instituciones Obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración”.
Mientras que el principio número 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH , señala que “ El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
