La periodista Díaz y su colega Héctor Amador, ambos de Radio Globo, fueron acusados de cuatro delitos de Injurias y otro tanto por calumnias el 19 de septiembre de este año por el funcionario .

La acción judicial fue desestimada el 22 de septiembre en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por la jueza unipersonal Alina Arminda Aguilera, quien argumentó que no se cumplían los elementos para los delitos por calumnias e injurias.

La entrevistada expresó que es parte del hostigamiento que sufren desde hace tres años por parte del gobierno por ser un medio crítico y que las acciones tomadas solo demuestran intolerancia y dominación que tienen en los órganos de poder del país.

Añadió que algunas veces no les permiten ingresar a eventos de algún funcionario para darles cobertura lo que constituye una barrera que limita su derecho a la información, en especial si se encuentra el mandatario Juan Orlando Hernández.

Se conoció también que algunos periodistas de la radio no se acreditan porque no confían en que les brinde acceso a las fuentes, pero otros sí lo han hecho y aun así se les excluye de espacios por pertenecer al medio.

Un periodista de la Radio se acercó a pasosdeanimalgrande.com para comentarle que este tipo de intimidaciones no solo se daban en el momento en que realizan su trabajo, sino que llegaban a tener persecución personal y sus familias en la vida cotidiana, pero que no hacían las respectivas denuncias porque los que están en las instituciones son los mismos que los hostigan.

Marginación al medio de comunicación desde Golpe de Estado

Díaz explicó a pasosdeanimalgrande.com que “ha sido un hostigamiento desde que el gobierno cerró Globo tv. Para Radio Globo por ejemplo empresarios que querían anunciarse en este medio de comunicación no podían hacerlo porque decían que se sentían amenazados por el gobierno , entre las acciones mencionó que en un momento la ex ministra de comunicaciones Hilda Hernández, hermana del mandatario los amenazaba para que no otorgaran publicidad”.

El 29 de octubre del 2015, un funcionario de un Juzgado de Ejecución de Honduras le entregó personalmente a Julio Ernesto Alvarado, conductor del programa “Mi Nación”, del canal Globo TV, una notificación oficial de suspensión de la profesión de periodista. Es la primera vez que en Honduras se prohíbe de manera oficial a una persona ejercer esta actividad, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había emitido una medida cautelar para suspensión de una condena de un año y cuatro meses por difamación y calumnias.

El 23 de mayo del 2016 Ebal Díaz, como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), argumentó que el cierre de Globo TV se debía a un pago no realizado, por lo que se le retiraba la autorización de transmisión. David Romero, director del medio de ese entonces, acusó que se trataba de una estrategia del gobierno para eliminar la prensa de oposición.

El 28 de marzo del presente años se realizó la captura del director Romero, por el delito de injurias contra Sonia Gálvez, ex fiscal del Ministerio Público. Al medio llegaron policías que destruyeron las puertas a pesar que sabían que en la cabina se encontraba el comunicador, lo cual no era necesario, él está encarcelado por delitos acumulados que suman unos 10 años de prisión, lo cual es un abuso del uso del derecho penal según han manifestado algunos defensores de derechos humanos.

La CIDH había admitido la denuncia del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, sobre este caso y señalado en su decisión que se trataba de una violación a la libertad de expresión por lo que se debía suspender la condena, pero esta decisión no ha sido puesta en práctica por el Estado.

“La Comisión considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-696-19”, señaló este organismo en su decisión del 21 de marzo de 2019.