Los cuerpos represivos del Estado han infundido la cultura del miedo y del terror, con torturas, desaparecimientos, y asesinatos en la última década para desmovilizar la lucha social, movimiento integrado en su gran mayoría por jóvenes estudiantes de distintos niveles educativos, que es un sector muy vulnerable por ser un grupo beligerante que se enfrenta contra un régimen autoritario y dictatorial.
A finales del mes de octubre y a inicios de noviembre del 2019, tres estudiantes han perdido la vida de forma violenta, en distintos puntos del país. Oscar Mencía, estudiante de secundaria de Tegucigalpa, fue encontrado asesinado después de tres días de desaparecido; Zulmy López, estudiante de un colegio en el departamento de Olancho y Leonardo Daniel Castillo Lagos, estudiante de la UNAH, asesinado en el departamento de Colón, en similares circunstancias.
Por esta razón los exestudiantes han denunciado que Honduras se encuentra en un estado de ineficiencia por no asegurar las garantías constitucionales que protegen todo derecho humano de los jóvenes, mujeres, defensores y defensoras de los derechos comunes y quienes han enfrentado procesos de criminalización, exilio y desplazamiento forzado.
Sin embargo, el derecho a la protesta social cada vez tiene un costo muy alto para quienes deciden manifestarse en contra del régimen. Sectores de poder político y económico colocan en riesgo a los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), ha hecho recomendaciones para que se proteja en las movilizaciones pacíficas el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de quienes se manifiestan, el Estado de Honduras sigue ignorando estas peticiones.
Los exestudiantes culminaron con un mensaje de apoyo , de fuerza y de unidad para todos los sectores sociales y políticos e hicieron un llamado urgente a sumar fuerzas y esperanza para la construcción de una patria-matria, donde las mujeres, jóvenes, campesinos y campesinas, trabajadores, empresarios, políticos, defensores y defensoras y los estudiantes, se encuentren en igualdad y equidad de condiciones.