Bolivia, inmersa en una crisis política, se hunde en el caos. Mientras tanto, los ataques a la prensa se multiplican. En las últimas semanas se han registrado actos de intimidación, acoso, amenazas, agresiones físicas y robo de equipo a periodistas; medios de comunicación han sido vandalizados, estaciones de radio y televisión han sido censuradas. Desde el 20 de octubre de 2019, fecha de las elecciones presidenciales, RSF ha registrado al menos 30 casos de violaciones a la libertad de prensa. En medio de una situación de extrema polarización, tanto los medios de comunicación cercanos a Evo Morales –blanco predilecto de los partidarios del cambio de gobierno– como la prensa de oposición, se ven atrapados en un fuego cruzado y en condiciones de gran vulnerabilidad.
El 9 de noviembre pasado una turba incendió una estación de transmisión del canal de televisión Unitel en El Alto, ciudad vecina de La Paz, la capital. Ese mismo día, periodistas y colaboradores de los medios de comunicación estatales Bolivia TV y Radio Red Patria Nueva tuvieron que abandonar la redacción cuando manifestantes cercaron el edificio y bajo amenazas tuvieron que dejar de transmitir sus programas. Por otra parte, el director de la radio (comunitaria) de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo, sufrió una violenta agresión: fue tomado como rehén y atado a un árbol.
La noche del 11 de noviembre, en La Paz, manifestantes incendiaron la casa de la periodista Casimira Lema, presentadora de un noticiero de Televisión Universitaria (TVU). TVU ya había anunciado que interrumpiría temporalmente sus labores debido a las intimidaciones que padece. Algunos medios de comunicación, como el diario Página Siete y el canal Red Uno tomaron la misma decisión para proteger a sus periodistas y empleados.
En estas últimas semanas también se han multiplicado los casos de agresiones y de acoso en línea a periodistas que cubrían las manifestaciones. Asimismo, decenas de diarios como Opinión y Los Tiempos, de Cochabamba; Página Siete, de La Paz; El Deber, La Estrella del Oriente, El Día y El Mundo, de Santa Cruz, se vieron obligados a suspender su versión impresa por razones de seguridad, ya que no podían garantizar la distribución de sus periódicos.
“La libertad de prensa está en peligro en Bolivia. Los periodistas, agredidos por los manifestantes, ya no pueden realizar su labor informativa en condiciones aceptables de seguridad”, alertó Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “En medio de esta tensa situación y de la violencia exacerbada, es crucial que los dirigentes políticos, el ejército, la policía, los manifestantes, así como los líderes sindicales y de grupos indígenas respeten el trabajo de la prensa y que se garantice la seguridad de los periodistas en todo el país”, añadió.
A tres semanas de manifestaciones masivas, el país se ve confrontado tras la polémica reelección de Evo Morales, quien bajo la presión del ejército anunció su renuncia el domingo 10 de noviembre y posteriormente se exilió en México. Un informe de auditoría electoral de la OEA, solicitada por el gobierno de Bolivia descalificó esa reelección.
Así, los actos de violencia y las revueltas continúan en numerosas regiones del país. Bolivia se encuentra en el lugar 113, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 elaborada por RSF.
